Política nacional

Un tema polémico

Jorge Nelson Chagas

La diputada del Frente Amplio  Micaela Melgar presentó un proyecto de ley que pretende castigar a aquellos que nieguen el terrorismo de Estado. ¿Se trata de una iniciativa que se inspira en legislaciones, como la alemana, que pena el negacionismo del holocausto judío? ¿O bien, como muchos piensan, es un ataque a libertad de pensamiento y más bien parece inspirado en la oblicua “ley antifascista” que impulsa Nicolás Maduro en Venezuela?

Mi posición, como historiador, sobre el terrorismo de Estado es harto conocida. Pero la voy a repetir: a mi entender, las Fuerzas Armadas en su combate contra los tupamaros y otros grupos guerrilleros menores no cometieron terrorismo de Estado. ¿Por qué? Por la sencilla razón que actuaron bajo las normas aprobadas ampliamente por el Parlamento, el Estado de Guerra y la Ley de Seguridad del Estado.  Se podrá criticar esa legislación pero nadie puede negar que fueron redactadas y aprobadas por las autoridades legítimas de ese momento.  

Una cosa diferente es lo sucedido después del 27 de junio de 1973, cuando el Estado aplicó implacablemente todo su poder – sin frenos constituciones y legales, ni garantías de ningún tipo –  contra militantes sindicales, sociales y políticos que no habían cometido delito alguno, salvo pensar diferente y oponerse a la dictadura. Ahí sí se puede hablar de terrorismo de Estado.

Ahora bien, hay personas que piensan diferente a mí y niegan que a partir del golpe de Estado haya existido terrorismo de Estado.  Pero…  ¿Se les debe coartar su libertad de pensamiento?  ¿Se les debe aplicar penas por pensar de esta manera? ¿Cuáles son exactamente los límites que se le deben imponer a las libertades individuales?

Admito que soy extremadamente reacio a coartar la libertad de otros  a pensar distinto. Aunque su pensamiento me pueda parecer erróneo, mal intencionado, ofensivo e incluso, absurdo yo no puedo obligar a otros a pensar como pienso yo.

En todo caso me parece más pertinente que estas cuestiones – que en el fondo implican un debate sobre la historia reciente –   se diriman en un espacio público. O sea que aquellos que sostienen que en 1973-1984 no hubo terrorismo de Estado manifiesten en forma pública y documentada sus fundamentos y confronten sus ideas con los que dicen lo contrario. Es, ni más ni menos, que el ejercicio democrático de la libertad de expresión.

Acaso esta discusión sea preferible a la mordaza y al castigo. En otras palabras: acaso sea preferible la libertad.

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