Concretan solución para deudores
Marcelo Gioscia
Una noticia largamente esperada por muchas familias que adquirieron sus viviendas por el Banco Hipotecario y/o por la Agencia Nacional de Vivienda y mantenían deudas en Unidades Reajustables, tuvo finalmente sanción legislativa y se convirtió en Ley. De este modo, el Estado resigna el cobro de unos 590 millones de dólares y se otorga la tranquilidad a casi 25.000 familias de compatriotas que ahora, se sentirán seguras y sin deudas -en esas unidades de valor- en sus respectivas propiedades, al encontrarse comprendidas dentro de los parámetros establecidos en la norma. Una muestra más de la sensibilidad del gobierno y de todo el espectro político que acompañó la solución legislativa que comentamos, luego de idas y vueltas y negociaciones tendientes a lograr un consenso que habilitara el buen fin de esta iniciativa.
Iniciativa “justa” y por sobre todo esperada, por este grupo humano que veía el paso de los años y cómo su deuda hipotecaria, parecía seguirse multiplicando al infinito. No se trata de un perdón al barrer, sino por el contrario, atender situaciones de aquellos deudores que venían pagando desde hace cuarenta años y se les hacía cada vez más oneroso cancelar el crédito hipotecario que les había permitido acceder al “techo propio”, al modificarse la variable del reajuste de esta unidad de valor que es el Índice Medio de Salarios, cuando por el contrario los deudores en Unidades Indexadas reajustan por otra variable: Índice de Precios al Consumo. Ciertamente un exceso, que los colocaba en una situación de inequidad y además de riesgo, por no poder hacer frente a los saldos que adeudaban reajustados en forma permanente. La solución adoptada, que alegró a este gran número de familias, debía ponderar la más correcta utilización de esos recursos a efectos de que beneficiare al mayor número de estos deudores. Debemos tener presente que, esta renuncia por parte del Estado al crédito que poseía y ahora lo resigna, supone un real beneficio social que tendremos que cubrir con otros recursos públicos, por ello la necesaria ponderación que habrá de honrarse al momento de admitir a quien corresponde el beneficio. Habrá que estar a los requisitos previstos en la norma, así como atender las disposiciones de un eventual Decreto Reglamentario, si es que éste aún no se ha dictado. Bueno es recordar que la sociedad en su conjunto, ha sabido asumir el costo de la capitalización del mismo Banco Hipotecario del Uruguay en el año 2008 y del salvataje que supuso transferir al ente monopólico ANCAP aquellos 800 millones de dólares cuando, por su pésima administración, estuvo al borde de la quiebra. No estamos ante soluciones mágicas, siempre los recursos con que cuenta un Estado como el nuestro, son limitados; por ello la importancia de poder administrar con prudencia los mismos, por los funcionarios a quienes se les confía su gestión, siempre dentro de la ley (por eso su actuar es “reglado”) con más celo que si se tratara de administrar fondos propios. Las decisiones políticas que se adopten, habrán de tener un marco legal, y afectarán a más o a menos personas, pero siempre alejadas de la arbitrariedad.
