Guiño de Oddone al PCU

Guzmán A. Ifrán

Uruguay atraviesa una coyuntura en la que el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo el liderazgo de Gabriel Oddone, evalúa la inclusión en el proyecto de Ley de Presupuesto de un gravamen sobre las ganancias de capital derivadas de los depósitos e inversiones que residen fuera del país. Según datos oficiales, los activos financieros de residentes en el exterior ascienden a unos US$ 62.000 millones, lo que representa alrededor del 79% del PIB del país.

En declaraciones, Oddone explicó: “los cambios de valor de los activos en el exterior no están gravados… estamos evaluando ese tipo de cosas: [si se gravan] los cambios en la rentabilidad”. En paralelo, desde el semanario Búsqueda se informó que se apura su inclusión en el mensaje presupuestal, con la mirada puesta en cerrar temas pendientes derivado de decisiones de gestiones anteriores.

La percepción del mercado y del entorno político no tardó en expresarse. Sectores opositores han denunciado que esta iniciativa representa una peligrosa senda de “kirchnerismo tributario” y un atentado contra la seguridad jurídica del país. Analistas han señalado que la recaudación esperable sería marginal y que la medida generaría desincentivos en un país que ya arrastra bajos niveles de ahorro y escasa traducción de este en inversión productiva.

Considero esta iniciativa como un error grave por las siguientes razones:

.1 Costos elevados frente a recaudación marginal: Aunque el universo afectado es considerable (US$ 62.000 millones), gran parte corresponde a depósitos cuyos rendimientos ya tributan como IRPF. La extensión del impuesto a las ganancias de capital generará una recaudación adicional limitada, frente al alto costo institucional y económico que implicaría.

.2 Desincentivo a la inversión y fuga de capitales: Tributar las ganancias generadas en el extranjero empuja a los inversores a trasladar o esconder sus activos fuera del radar de la DGI, lo que erosionará la base imponible e incluso aumentará la informalidad financiera.
.3 Inseguridad jurídica y deterioro reputacional: Cambiar las reglas sobre activos ya existentes supone un golpe de certidumbre y confianza. Esta medida marca un precedente peligroso: hoy un gravamen sobre activos en el exterior; mañana, quién sabe qué más. Esto erosiona la credibilidad institucional y tarifaria de Uruguay.

4. Contradice la estrategia de estabilización y atracción de inversiones: El propio Oddone ha señalado en el pasado que “esas historias terminan todas mal” y subrayó que la estabilidad macroeconómica es condición indispensable para atraer inversiones. Esta medida socava esa misma estabilidad.

En suma, esta herramienta es técnicamente contraproducente: genera costos institucionales y reputacionales gigantes, promueve evadir, erosiona las bases fiscales y, al final, recauda poco. Por todo ello, mi valoración es tajante: es una mala idea, con alto costo y escasa justificación técnica.