Pérdidas millonarias debieran evitarse
Marcelo Gioscia
Nuevamente, toma estado público la deficitaria gestión de un Casino Municipal, en el caso, el Casino del Parque Hootel, el que funciona en la antigua Casa de Andalucía del Parque Rodó de nuestra ciudad capital, con pérdidas millonarias. Es lamentable comprobar que esta actividad nos coloca en un lugar destacado, por ser el único en el mundo por dar pérdidas en perjuicio de las arcas públicas.
Cuando aún no se haya podido explicar el destino de la muy importante fuga de dineros públicos, en que el sujeto responsable de ese faltante, sometido a un proceso penal años atrás, siguió siendo defendido a ultranza por su sector político, la ciudadanía montevideana asiste-al parecer, indolentemente- a esta ruinosa situación, en la que no se protege ni cuidan los recursos económicos que se le aportan. Ahora se sigue investigando un faltante de dinero, pero ello no significa que pueda evitarse esta pérdida de dineros públicos y la continuación de su funcionamiento en la esfera del Gobierno Departamental está puesta en duda. Máxime cuando, otros casinos que son administrados por empresas privadas y controlados por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Casinos, arrojan ganancias y además pagan un canon que no resulta menor. Mal que le pese al gremio de los trabajadores municipales, esta pérdida constante debe evitarse cuanto antes, los controles evidentemente deben ser otros y los puestos de trabajo tendrán que ser redistribuidos en otras reparticiones del gobierno departamental sin pérdida de salarios. Es que la realidad rompe los ojos y en el caso que ocupa nuestra opinión, el perjudicado sigue siendo el contribuyente, quien no advierte la buena administración que debiera resultar de los dineros que en impuestos y contribuciones le brinda al Gobierno Departamental. El nuevo Intendente Departamental debe tener presente que, el ejercicio de la función pública impone que debe actuarse en concordancia con las normas contenidas en nuestra Constitución. Allí se consigna que, el funcionario existe para la función y no puede anteponer intereses gremiales, político partidarios, ni menos personales al ejercerla, so pena de incurrir en responsabilidades de tipo administrativo e incluso penal. Uno de sus primeros deberes, es cuidar los recursos que le son confiados de modo tal que redunde en beneficio al interés general. La salud del régimen democrático y republicano parte también de la cristalinidad con que se manejan estos recursos, y la laxitud con que se han manejado en los últimos lustros, seguramente sin mayores controles, pudo haber llegado a confundir conceptos a la hora de administrar los mismos. Ello no resulta aceptable, y debe ser corregido. Montevideo y sus ciudadanos merecen un espacio de esparcimiento, de buen nivel, pero que, en definitiva, deje ganancias en favor de las arcas públicas y no pérdidas como hasta el presente.
