Tiempos de espera
Marcelo Gioscia
Según se ha hecho público, no habrá túnel soterrado por la avenida 18 de Julio de nuestra ciudad capital, y en principio –luego de la reunión mantenida por el titular del Poder Ejecutivo, con la ministra de Transporte y Obras Públicas, y los intendentes de Montevideo y Canelones- habría predominado el criterio del gobierno departamental de Montevideo, que plantea otras soluciones por la superficie para concretar el plan de movilidad del área metropolitana.
Al parecer, ello no ha caído del todo bien en el sector mayoritario del partido de gobierno, que sigue argumentando en favor de esta tan costosa como nefasta iniciativa -que habría sumido a los comercios del centro, así como a sus habitantes, en pérdidas económicas y molestias de todo tipo- que se percibe como muy alejada del interés público. Cabe preguntarse (en la actual situación por la que atraviesa nuestro país) si realmente era tan prioritario como trascendente, realizar semejante obra, incluso con todo el riesgo patrimonial que hubiera causado, solo para reducir los tiempos de esos traslados, en una ciudad de las dimensiones de nuestra capital y con la actividad cotidiana que desarrollan quienes deben efectuar esos trayectos. La imagen cuasi bucólica, expresada en el discurso presidencial ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo, sobre que “reducir los tiempos de traslado es devolver tiempo de vida, es llegar antes a la casa, es compartir la cena, poder ayudar con los deberes”, de por sí loable, cabe preguntarnos hasta qué punto se compadece con la realidad y no termina siendo nada más que una aspiración de tinte político. ¿Qué tiempos de espera deberían reducirse? ¿Sólo los tiempos de traslados en los medios de transporte del área metropolitana? No debemos olvidar que esos mismos trabajadores sufren esperas en muchos casos interminables para ser atendidos en cuestiones de salud. Sólo a modo de ejemplo, recordemos que para ver un especialista médico deben esperar más de treinta días o para una intervención quirúrgica no urgente, hasta seis meses. Ni mencionemos los tiempos, ni las angustias personales y familiares que les insumen las acciones de amparo judicial que deben emprender para conseguir medicamentos de alto costo, no incluidos en el vademécum, en casos de enfermedades que los requieran. También en estas áreas, los tiempos de espera hacen a la justicia social y se notan. Se trata sin dudas, de mejorar la calidad de vida de los habitantes en todas las áreas, administrando de la mejor manera los recursos públicos -siempre escasos- con los que contamos, sin seguir endeudando a nuestro país, con financiamiento de organismos de crédito como en este caso, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) en compromisos financieros que por cierto luego, debemos honrar. Por eso determinar prioridades de gobierno no resulta menor, pero éstas deben estar motivadas en el más alto interés público y contemplar todas las consecuencias y efectos de las obras a emprender, para lograrlo.
