Justificación inaceptable

Marcelo Gioscia

Inmediatamente luego de tomar estado público la acusación fiscal que solicita, para el otrora director general de Secretaría del Ministerio del Interior, una pena de cuatro años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y el pago de una multa de 1000 Unidades Reajustables, el ex Senador de la República insistió con su inocencia y a intentar justificar en “razones humanitarias” sus decisiones. Decisiones que han causado un gran daño patrimonial al Estado, ello sin mencionar el daño institucional que su deshonroso proceder ha provocado.

En una audición radial, calificó de “bestias” a quienes lo juzgan y acusó a la Fiscalía de tratar de perjudicarlo políticamente, “judicializando la política para dañarlo” por los hechos que según expresa, han tenido la aprobación de asociaciones de derechos humanos y de la comunidad de La Paloma y por los que finalmente, habrá de responder penalmente. Insiste en que, “pretendió ayudar a una víctima de un mal procedimiento policial”, según él, por directivas del entonces ministro y por “valores que guiaban su gestión”.

Argumenta en su defensa que, no se limitó a “ponerse en la posición de burócrata” sino buscar que “el Estado ampare estas situaciones”.

Olvida tal vez que, como funcionario público, toda su actuación es “reglada” (esto significa que sus decisiones deben tomarse de acuerdo con derecho) y que el legislador no lo habilitó a actuar con esa “discrecionalidad”.

Pues en los hechos, hizo uso de su poder de mando para disponer a su arbitrio de dineros públicos. Entregó durante meses tickets de alimentación por un valor de $20.000.- mensuales y logró que asistieran a la víctima civil de ese “mal procedimiento policial” y a su acompañante, de los servicios del Hospital Policial, tanto en exámenes clínicos como en hotelería durante mucho tiempo, sin que tuvieran derecho a esa asistencia.

Su decisión, justo es decirlo, y mal que le pese, fue arbitraria y contraria a derecho, por más que busque justificarse.

No dispuso de su patrimonio personal para auxiliar a quien resultó herido de gravedad -con consecuencias de por vida- en ese tan confuso como trágico episodio.

En palabras llanas, “saludó con sombrero ajeno”, sin importarle disponer de recursos públicos que no le pertenecían y lo que es peor, tampoco recordó lo que establecen las normas constitucionales y legales que contienen principios fundamentales, entre ellos que “el funcionario existe para la función” y no a la inversa y que, tampoco puede estar al servicio de una facción política.

En este caso además de la sanción penal que habrá de aplicársele, de la inhabilitación para desempeñar cargos públicos y el pago de la multa, debiera resarcir con su peculio el daño ocasionado a las arcas estatales debidamente reajustado.

El daño a la institucionalidad que con su proceder ilegítimo ocasionó, es de muy difícil resarcimiento. En la medida que este tipo de conductas, no reciban el reproche penal que por derecho corresponda, ni se logre resarcir en algo el daño patrimonial causado, la sociedad en su conjunto se verá afectada, lo que a todas luces resulta tan inadmisible como inaceptable.