Conversaciones grabadas señalan responsables

Marcelo Gioscia

Sigue sin tener punto final el desgraciado hecho ocurrido en el balneario La Paloma, del Departamento de Rocha el 11 de noviembre de 2012, a resultas del cual un joven albañil recibió una herida de bala que lo dejó parapléjico. Vecino de una finca donde unos policías se encontraban de festejo, un proyectil perdido le cambió su vida, sin que hasta el momento se haya podido determinar quién resultó ser el autor responsable de tal disparo de arma de fuego, que según lo investigado habría provenido de dicha reunión. Los hechos siguientes a tal irresponsable incidente -que causara un daño personal de gran gravedad- involucran no sólo al herido, sino también a su hermano, con autoridades de la máxima jerarquía del Ministerio del Interior, que intentaron “por justicia” brindar auxilio al joven víctima de tal hecho, comprometieron incluso recursos públicos y adulteraron la realidad, para que pudiera ser atendido en el Hospital Policial como si se tratara de un integrante de la fuerza. Se le otorgaron incluso tickets de alimentación por más de tres años y locomoción para facilitarle traslados desde el interior a la capital y viceversa. Los hechos que quedaran de manifiesto y motivaron investigaciones son de una gravedad tremenda e involucran a un Senador de la República, que ha insistido una y otra vez con que es “victima” de un enchastre político de sus contrarios, soslayando su evidente participación desde el primer momento, en las irregularidades que sin asidero jurídico alguno y con total impunidad, dispuso de dineros públicos para intentar paliar la situación del herido y su familia. En un país de las dimensiones del nuestro, donde todo finalmente se sabe, debieran determinarse las responsabilidades y asumirlas por cada quien con las consecuencias debidas. Esto hace a la necesaria institucionalidad democrática y republicana de la que nos preciamos, por lo que ya no resulta aceptable seguir dilatando la decisión tanto judicial como administrativa que tendrá que recaer en la especie. El análisis de la totalidad de las conversaciones grabadas entre la madre y hermano del joven albañil en las que interviene Charles Carrera y la entonces Directora de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, hoy motivo de consideración por parte de los legisladores, miembros de la Comisión Investigadora del Parlamento, ponen de manifiesto tanto, la intención de mantener en silencio los hechos, como la conciencia de falta de sustento legal para respaldar lo decidido y que se les deja de brindar; pero surge además de las mismas, la insistencia en que se accionara contra la repartición pública de la que era jerarca, a efectos de intentar una indemnización. Sabemos que el accionar de los funcionarios públicos es reglado, esto es, sus decisiones deben adoptarse dentro de lo que le autorizan o le permiten las normas jurídicas que regulan su proceder. Los auxilios inicialmente brindados -que fueron dispuestos en perjuicio de los intereses públicos- ingresan sin mayores análisis en el ámbito de la arbitrariedad, que no debe pasar inadvertida y merece el mayor reproche.