Credibilidad de actores políticos en juego
Marcelo Gioscia
A nadie escapa el hecho de la denuncia que tomó estado público por las redes, y que involucra a dos actores políticos y tal vez más, al inicio de una campaña política que muestra parejos a los partidos de la Coalición Republicana y a los de la oposición, aglutinados en el Frente Amplio, donde los que aparecen como “indecisos” serían quienes definan la elección. Esta denuncia, que luego materializa la persona directamente afectada ante Fiscalía, a nueve años de producidos los hechos, trasciende, más allá del ámbito reservado de esa dependencia pública, pues involucra nada menos que a uno de los principales candidatos de la fuerza opositora. Si el denunciado hubiera sido otro, todo hubiere transcurrido en silencio. Pero resulta que este ciudadano, es quien pugna entre los suyos por triunfar en la interna, para encabezar luego sus listas como candidato a la Presidencia de la República. Ni más, ni menos.
De allí, el desmadre. Mientras algunos de sus compañeros esperarán el pronunciamiento de la Justicia, otros buscan desacreditar a quien “destapó la olla” y a la denunciante, advirtiéndose las distintas varas que se utilizan para medir el alcance de estos dichos, según se trate o no de partidarios, en suma, según el propio interés político. Nadie resiste a los archivos y la actual tecnología permite exhibir ambas posturas en forma simultánea. Sólo debemos estar atentos, para que de ese modo, se pueda calibrar qué credibilidad posee cada quien. Es que, como enseña el artículo 10 de nuestra Constitución: “las acciones privadas de las personas” que de ningún modo afectan el orden público ni perjudican a un tercero, “están exentas de la autoridad de los magistrados” Ningún habitante de la República, podrá ser obligado a hacer lo que no mande la Ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. En el caso que nos ocupa, la condición de persona pública del denunciado lo afecta directamente, tanto a él como a su familia. Pero de allí, a pretender que como “hecho inédito” en nuestro país, se afirme que “se pone en riesgo la Democracia” hay un gran paso. En el caso anterior, que terminó con un Senador de la República entre rejas, también se argumentó la existencia de una trama o maquinación orquestada en su perjuicio. En ambas situaciones, las conductas o acciones privadas no pudieron entonces ni pueden ahora, ser ajenas a la “autoridad de los magistrados”. Está en juego nada menos que la credibilidad, de un actor político que aspira a conducir los destinos de nuestra República. No está en juego nuestro sistema democrático y republicano de gobierno, y no lo estará en la medida que se actúe de acuerdo a Derecho. Los actores políticos debieran ser los primeros en tener que saberlo y su vida -en la medida que es pública- y sus acciones, incluso las privadas, deben en todo caso compadecerse con el régimen jurídico que nos regula a todos por igual. Nuestro sistema democrático y nuestra libertad se verán afectados, siempre que los intereses particulares prevalezcan por sobre el supremo interés y bienestar general.
