El Municipalismo

en su hora más crítica

El Senado pretende avasallar la autonomía departamental

César García Acosta

El senado fue testigo del desajuste político de los representantes del Gobierno. Las debilidades del Partido Colorado donde uno de sus legisladores, Adrián Peña, decidió actuar por fuera de la debida coordinación partidaria, dejó en evidencia desinteligencias sesgadas por una dudosa legitimidad política. El senador Peña, devenido líder de Ciudadanos, y factor de controversias internas de diversa índole, se alió coyunturalmente con cabildantes y frenteamplistas para liderar un ataque a la autonomía departamental con el solo fin de limitar la capacidad de los Intendentes para contratar a sus funcionarios. Ni Peña logró demostrar la legitimidad de su proyecto, ni los blancos amalgamar los intereses comunes de los Intendentes de todos los partidos políticos. La lucha del interior versus la capital quedó en el tapete parlamentarista. Ahora quien decidirá será el plenario del Senado donde los votos de los senadores colorados Tabaré Viera y Germán Coutiño intentarán recomponer a la Coalición Republicana, respetando los derechos de los Intendentes. La siguientes es parte de la versión taquigráfica de la última sesión del Senado.

SEÑOR  PEÑA.-  Señora  presidenta:  con  respecto  al  punto  señalo  que  sí  hemos estudiado la documentación que presentó el Congreso de Intendentes. Se trata de una sumatoria de estatutos departamentales y, desde nuestro punto de vista, es información siempre interesante de leer, pero no establece ninguna innovación sobre lo que estamos tratando.

En cuanto a las sentencias de inconstitucionalidad, quiero decir que existían, las conocíamos y las habíamos tratado. De hecho, se había hecho mención de ellas en el propio trabajo de la comisión y fueron analizadas aquí junto a la Oficina Nacional del Servicio Civil cuando se presentó. En fin, es también materia conocida por todos los legisladores, por lo menos por nosotros, y, en mi caso particular, como quien presentó este proyecto de ley.

Por otro lado, la comisión recibió, a su juicio, el informe del constitucionalista Martín Risso y también del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República. Ambos ya expresaron su opinión en cuanto a la constitucionalidad del proyecto de ley.

Además, más allá de la expresión de uno de los intendentes que es formado en la materia sin ser constitucionalista, lo cierto es que el Congreso de Intendentes no agregó ningún informe con respecto a la materia, que hable de la inconstitucionalidad de la norma que estamos proponiendo.

A su vez, como ustedes saben, el proyecto de ley ha tenido una evolución desde su presentación hasta la fecha. En ese sentido, queremos informar a la señora presidenta que, analizando y pasando en fino todo este detalle, hay un nuevo escalón de esa evolución. Me refiero a un nuevo texto que tenemos acordado en las bancadas que proponemos esta iniciativa, de forma tal de despejar cualquier mínima duda sobre la inconstitucionalidad.

Quiero dejar en claro que para nosotros son suficientes los informes con los que contábamos pero, no obstante ello, hemos mejorado el texto y tenemos un acuerdo entre las bancadas proponentes. Nuestra idea, tal como lo habíamos acordado a finales de año, es que la consideración y la votación del proyecto de ley en comisión no pasara de este mes. Por lo tanto, estamos proponiendo que hoy efectivamente cumplamos con aquello acordado, que era votar la propuesta aquí, en comisión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Señor senador Peña: si están las mayorías, se vota. Soy de los que piensan que lo único que puede declarar inconstitucional una ley es la Suprema Corte de Justicia. Ni siquiera podrían hacerlo –tampoco– catedráticos, porque incluso a veces la Corte no actúa por unanimidad; es decir, en los últimos tiempos es bastante frecuente que decida por mayoría.

Así que no hay problema. Obviamente que son mayoría; el Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto son mayoría. En consecuencia, yo no voy a obstaculizar esto de ninguna manera, sino que por el contrario se haga eso.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: yo recién envié al grupo de WhatsApp de la comisión el artículo único que estaríamos proponiendo…

SEÑORA PRESIDENTE.- Lo vi.

SEÑOR CARRERA.- Nosotros estuvimos analizando toda la información que trajo el Congreso de Intendentes y consideramos que es una información bien interesante para que tengamos dominio y conocimiento de ella en la Cámara de Senadores. A su vez, luego del análisis pormenorizado del último proyecto de ley que estuvimos viendo, consideramos que al Congreso de Intendentes le asistía razón, que había allí algunas normas que podrían tacharse de inconstitucionales.

Lo  que  veíamos  de  inconstitucional  en  el  proyecto  original  que  nos  había remitido la Oficina Nacional del Servicio Civil era el inciso primero. Del juego de las normas, del artículo 273 en su numeral 7.°, y del artículo 62, consideramos que se pueden establecer –y lo han dicho prestigiosos constitucionalistas– normas de carácter general sin inmiscuirse en las potestades de los Gobiernos departamentales. Me refiero, por ejemplo, a lo que establece el numeral 7.° del artículo 273, esto es, que pueden nombrar los empleados de su dependencia, corregirlos, suspenderlos y destituirlos en los casos de ineptitud, omisión o delito, pasando estos últimos antecedentes a la justicia, etcétera. En cuanto al artículo 64, consideramos que estamos estableciendo una generalidad en el sentido de que estamos exigiendo mecanismo de concurso y sorteo para el ingreso, dando así transparencia al sistema y oportunidad a todos los ciudadanos de los diferentes departamentos. No estaríamos en condiciones de sortear esas observaciones que nos hizo el Congreso de Intendentes.

Entonces, estaríamos proponiendo –después de haberlo conversado con las diferentes bancadas, tal como dijo el señor senador Peña– un artículo único que diga que los ingresos y los ascensos de personal de los Gobiernos departamentales deberán realizarse a través de concurso público celebrado conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona.

El inciso segundo diría que, en su defecto, los ingresos de personal podrán realizarse a través  de sorteos públicos  convocados  y celebrados por los Gobiernos departamentales de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades.

Consideramos que con ese artículo cumplimos el objetivo que nos hemos propuesto  las  diferentes  bancadas  y  estaríamos  respetando  la  constitucionalidad.

Realmente, fueron buenos los aportes del Congreso de Intendentes porque marcaban aquellos artículos de la Ley n.º 16127 que se declararon inconstitucionales, es decir, los artículos 1.º, 2.º, 3.º y parte del 4.º, debido a que se les daban indicaciones concretas a los Gobiernos departamentales. En este caso, lo que estamos pidiendo es un mecanismo general de concurso o de sorteo.

Esa sería la propuesta. La envié a la comisión y a la secretaría para que pueda repartir el texto.

SEÑOR MAHÍA.- Sobre el tema que tenemos a consideración, cuando estuvo la delegación del Congreso de Intendentes manifesté que nuestra fuerza política, el Frente Amplio, estaba a favor de la iniciativa. Entendí también que para que esto efectivamente salga del Parlamento con aprobación definitiva de ambas cámaras tiene un trayecto complejo, porque en cada cámara después hay que ver si el proyecto tiene los votos. Ojalá sea así. Nosotros, como Frente Amplio, comprometemos en ambas cámaras el voto del proyecto al que dio lectura el señor senador Carrera, que, entendemos, sintetiza el sentido en el que ha venido trabajando nuestra fuerza política desde antes de haber llegado al Gobierno.

Recuerdo  ‒por  el  tiempo  que  hemos  tenido  que  transcurrir  acá,  en  el Parlamento‒ haber presentado normas de esta  naturaleza en los distintos ejercicios presupuestales, en cada uno de ellos tener exclusivamente los votos de la fuerza política que integramos y, por lo tanto, no alcanzar las mayorías que se requieren según la Constitución para hacer posible una ley de este tipo. Entendemos que, si los votos que están expresados aquí de los partidos que están en sala se vuelven a expresar en su totalidad en el pleno del Senado en la sesión en que se trate y ojalá también en la Cámara de Representantes, el Uruguay va a tener una ley que finalmente establezca de forma clara el ingreso a todas las intendencias del país.

Sobre el tema ya realicé una intervención pasada, pero siento la necesidad de hacer una síntesis en esta oportunidad, cuando lo estamos por votar. Quienes representaron al Congreso de Intendentes anunciaron su voluntad de recurrir si existía una norma de esta naturaleza que finalmente fuera aprobada, y será ‒como nos ha señalado la señora presidenta de la comisión‒ el órgano del Estado correspondiente, la Suprema Corte de Justicia, la que determine en su pronunciamiento, en función de si hay un interés directo y legítimo, la constitucionalidad o no de la norma. Después habrá opiniones de especialistas o de quienes no lo somos ‒nosotros somos representantes de la ciudadanía por el voto‒, y será luego el Cuerpo el que determine efectivamente si esto es ley o no.

Quería hacer una mínima referencia que,  entiendo,  hace a la trayectoria de nuestro trabajo en este tema y a lo que hoy estaríamos concluyendo con una votación de esta comisión.