Empresas públicas, grupos de presión y libertad
Marcelo Gioscia
Nuestro país se ha caracterizado en el concierto regional e internacional, por brindar garantías de estabilidad institucional, que hacen al cumplimiento de los contratos y de las obligaciones asumidas.
Ello en el marco del funcionamiento de un Estado republicano y democrático, en el que los partidos políticos han sabido alternarse en el poder –desde el fin de la dictadura militar- respetando las normas constitucionales y legales que regulan todo el proceso electoral (que garantiza como pocos, el respeto a las minorías y el resultado de los pronunciamientos populares en cada una de las instancias en que la ciudadanía es convocada a las urnas).
Un país de pequeñas proporciones territoriales y poca población, pero en el que rige la separación e independencia de los Poderes del Estado, a quienes la Constitución Nacional atribuye competencias y prerrogativas para el cumplimiento de sus respectivos roles y fines, con organismos de contralor que también garantizan su normal funcionamiento.
Un país, que supo ser pionero en constituir empresas públicas y en establecer monopolios, en aras de lograr el bienestar de su población y el bien público, dictando normas para regular su funcionamiento así como la actuación de todos los funcionarios, desde los que se constituyen en soportes de los órganos de dirección de cada una de ellas, con responsabilidad política, administrativa y/o técnica, a los que en sus distintas categorías conforman sus plantillas de trabajadores.
Lamentamos comprobar que, la pretendida “defensa de las empresas públicas” por parte de sectores opositores al actual gobierno, no es otra cosa que la defensa de sus propios intereses político partidarios y les sirve de falaz argumento publicitario para sus seguidores, que poco analizan cuál es la verdad de la situación que se les plantea.
Ningún lector medianamente informado puede dejar de advertir esta realidad.
Resulta que hoy, estos connacionales, supuestos “defensores” de los monopolios de las empresas públicas, son los mismos que estuvieron quince años disfrutando de la bonanza económica con la que fortuitamente se benefició su partido político. Nada dijeron entonces del descalabro de la monopólica ANCAP –que estuvo al borde de la quiebra- ni del desmantelamiento de AFE.
Tampoco se levantaron contra los nefastos negocios de Gas Sayago que sigue costándonos millones de dólares. Se alzan ruidosamente contra la libertad de quienes habitamos este suelo (que tendremos la oportunidad de elegir en un mercado de libre competencia) al protestar y anunciar acciones de toda naturaleza posible, para intentar frenar al gobierno nacional.
El que -en cumplimiento de sentencias de la Suprema Corte de Justicia- resuelve habilitar a empresas cable operadoras a brindar servicios de trasmisión de contenidos por internet.
Son los mismos agitadores que antes, auguraron el perjuicio que traería a ANTEL el derecho a la portabilidad numérica, que ha quedado probado: ha sido todo lo contrario. Hoy más que nunca, debiéramos estar atentos con estos grupos de presión y tratar de destacar el valor de la institucionalidad normativa, que ha distinguido siempre a nuestro país.
