Justicia de papel
Ricardo Acosta
El gobierno anuncia con bombos y platillos que el borrador para crear un Ministerio de Justicia ya está terminado. Lo que no dice es cómo se va a financiar, qué funciones reales tendrá ni si servirá para mejorar el sistema o solo para engrosar la burocracia. Entre discursos y promesas, lo único sólido hasta ahora es el papel donde está escrito.
La realidad, sin embargo, sigue siendo otra. Los expedientes se amontonan, los jueces y fiscales trabajan sobrecargados, y la sensación de impunidad se cuela en cada conversación de barrio, en cada historia que llega a la prensa y en cada espera interminable frente a un juzgado. La justicia no es un titular; es lo que la gente vive día a día. Y en esos días, la justicia llega tarde, o no llega.
El exfiscal Jorge Díaz, quien fue clave en la implementación del Código del Proceso Penal, puede servir de ejemplo de lo que pasa cuando la política y la justicia se cruzan sin claridad.
Su nombre aparece en los debates sobre reformas, pero lo que realmente importa no son las personas: es el sistema. Y ese sistema, con todos los cambios que prometen, sigue atrapado en la burocracia, sin respuestas concretas para quienes esperan que la ley funcione.
Los discursos oficiales hablan de modernización, transparencia y eficiencia.
Pero nadie dice cómo se alcanzarán esos objetivos. Se anuncian ministerios, oficinas y protocolos nuevos, mientras la gente sigue contando los meses que pasan sin que un caso avance, sintiendo que su voz no llega a ningún lado. La historia reciente demuestra que las promesas sin mecanismos claros terminan muertas en un escritorio, usadas solo para mostrar acción donde no la hay.
Crear un Ministerio de Justicia sin responder preguntas básicas sobre su financiamiento y funciones es un riesgo. Es un gesto político, no un cambio real. Mientras tanto, los ciudadanos siguen lidiando con tribunales saturados, procesos eternos y la sensación de que los problemas de fondo nunca se tocan.
La burocracia crece, los papeles se acumulan, y la justicia real sigue siendo esquiva.
Hasta que haya un plan serio, recursos suficientes y un compromiso genuino con la independencia y eficiencia judicial, lo que se anuncie seguirá siendo eso: justicia de papel. Bonita en teoría, irrelevante en la práctica y, sobre todo, insuficiente para devolverle a la gente la confianza que merece en un sistema que parece funcionar más para la política que para las personas.
