Editorial

La complicada interna de los republicanos

César García Acosta

Hoy el presidente Luis Lacalle se reúne con varios blancos para zanjar el debate del financiamiento de los asentamientos, aunque no con el objetivo puesto en generar los instrumentos adecuados para que todas las fuerzas políticas que integran la organización de los republicanos, sean cada vez más sólidas, sino para hacer prevalecer la supremacía dentro del sector más fuerte, con el fin de hacer valer su supremacía en vez de fortalecer la estructura política de la coalición, como sistema permanente y no coyuntural.

La coalición muticolor o republicana (no importa ahora su nombre) es un modo de percibir la realidad política, y por lo tanto requiere, como todo conglomerado, mucha racionalidad en la articulación de sus procesos de funcionamiento. Escucharse, saberse uno entre muchos, y tener tantas “marchas atrás” como sea necesario para lograr el fin unificador que los llevó a votar juntos al alcanzar el gobierno, deben ser los ejes centrales que hasta ahora no abordados con la dinámica necesaria con el doble objetivo de ser entendidos, y a su vez que la gente perciba que una empresa electoral conformada desde la diversidad de ideológica, sea tan posible como eficiente, realista y diversa hasta en sus contenidos. Como decía la ex canciller alemana Merkel, “que la ideología no nos separe”; eso, en definitiva, más allá o más acá de las cosas, define lo que debe importar: el programa que juntos llamamos “compromiso por el país”. Precisamente por esto la LUC es importante. Es el acuerdo constitutivo, son las bases comunes más allá de lo ideológico, son normas que consagran un modo de percibir la realidad de una parte de la población del Uruguay que fue la mayoritaria cuando los comicios.

Hoy Jorge Gandini, senador blanco, dice enfáticamente sobre las políticas de financiamiento para regularizar asentamientos precarios, que es una de las diferencias más notorias de relacionamiento político de los republicanos: “Vamos a buscar alternativas de financiación, porque todos estamos de acuerdo en la necesidad de volcar recursos para regularizar asentamientos, pero es cierto que hay una opinión importante, incluso más allá del Partido Nacional, de que no parece conveniente que esos recursos salgan de Colonización”, resumió Gandini. Y con “más allá” dentro de filas nacionalistas el líder de Por la Patria aludió a la clara posición que tienen, por ejemplo, senadores del Partido Colorado y Cabildo Abierto, que por su parte defiende hacer uso de los Derechos Especiales de Giro que otorgó a Uruguay el Fondo Monetario por un valor de US$ 585 millones.

Para los colorados, la propuesta del senador Pablo Lanz, de poner un plazo a la redirección de los recursos de Colonización no recoge adhesiones entre blancos por un tema técnico, porque eso impediría que los recursos sean garantías de un fideicomiso de al menos 10 años de duración. Para Cabildo, por su parte, la solución es analizar iniciativas distintas a la que presentó el líder del partido, el senador Guido Manini Ríos, quien el 16 de setiembre propuso públicamente hacer uso de los Derechos Especiales de Giro que otorgó a Uruguay el FMI (por US$ 485 millones) para “retirar emisiones de bonos del mercado” por el monto equivalente, y con eso generar un ahorro en “el pago de intereses”, estimado en US$ 48 millones por año. Esta iniciativa de puño y letra de Manini Ríos, no contó con el apoyo de los socios de la coalición, pese a que los cabildantes -que no aceptan el proyecto del Ejecutivo- han defendido varias veces esta idea. Consultado al respecto, el senador Guillermo Domenech aseguró a El País que los conducidos por Manini pretenden que “Colonización siga teniendo dinero para seguir comprando tierras”, por lo que ese sentido están dispuestos a analizar otras alternativas. “Si se nos propone alguna otra solución que no sea la nuestra, y nos parece razonable, la analizaremos”, dijo el legislador, quien subrayó que la propuesta de Lacalle es criticada “en cada lugar del interior” que visitan los cabildantes.

Pero debe quedar claro que los asentamientos no son el eje de las políticas del gobierno, sino una parte importante, sensible, pero que no puede ser un desbalance a la hora de la valoración crítica de la coalición. Por eso, el problema debe asumirse como mucho más de fondo que de forma, siendo para eso indispensable contar con equipos de negociación continua que poniendo foco en las ideas, no pierdan de vista la esencial de la diversidad conceptual con el propósito de que a gente, la sociedad, sus votantes, perciban del modo correcto el sentido de “ponerse de acuerdo” en lo fundamental.

Este es un interesante ejercicio de democracia que debe encontrar en las sedes partidarias de quienes integran esta coalición, los instrumentos necesarios para recrearse: la sede del gobierno y el presidente, deben ser una parte pero no el todo garantista para que estas cosas sucedan.

Simplemente así debería ser por cuestiones de “poder”.

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