La crisis de los combustibles la guerra en MEDIO ORIENTE
y la fragilidad de la economía uruguaya
César García Acosta
Debido a la guerra en Medio Oriente, el gobierno decidió adelantar el ajuste en el precio de los combustibles previsto para mayo, fijando un aumento del 7% que -rige desde hoy- 1º de abril. De haberse programado medidas preventivas y precautorias como planteó hace meses VAMOS URUGUAY el contexto transitorio -a consecuencia de a guerra en Medio Oriente-, pudo haber sido otro y no tendría que financiarlo la gente con más impuestos.
En una conferencia de prensa realizada el viernes, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y la titular de Industria, Fernanda Cardona, comunicaron el incremento, pero destacaron que es menor al que se ha producido en otros países, entre ellos Argentina, Paraguay y Chile, a raíz de la distorsión que ha provocado el cierre del Estrecho de Ormuz en el mercado internacional del crudo.
Cardona, por su parte, enfatizó que en el Poder Ejecutivo se monitorea “hora a hora” lo que pasa con el valor del petróleo y destacó que si se trasladara completamente el precio de paridad de importación (PPI) a las tarifas locales, la nafta debería aumentar 13% y el gasoil 44%.
Ambos jerarcas frenteamplistas sostuvieron que el monto del ajuste aprobado buscará como objetivo amortiguar los efectos en sectores claves de la economía. También indicaron que no impactará en el precio del boleto, ya que será absorbido por el fideicomiso del transporte.
Además, el gobierno anunció un paquete de medidas de apoyo financiero y crediticio extraordinario a través de instituciones como ANDE, SIGA, BROU y DGI. El objetivo es mitigar el impacto del ajuste del combustible en los sectores productivos, principalmente el agropecuario y lechero, que utilizan intensivamente el combustible, mediante subsidios a tasas de interés, extensiones de plazos de devolución de impuestos (IVA al Gasoil) y flexibilización de créditos y garantías.
Desde la oposición se cuestionó las medidas señalándolas como “un palazo en el lomo del laburante”, al decir del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. El diputado colorado Gabriel Gurméndez, por su parte, dijo que es obvio que si sube el petróleo debe subir el combustible, pero sostuvo que es “raro” que cuando hay baja del crudo los ajustes son cada dos meses y que con eso el gobierno hace caja.
Desde Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió la medida y justificó que “en medio de una crisis energética global sin precedentes, donde el petróleo sube más de 30% y en países de la región el impacto se traslada directo a la gente, Uruguay eligió otro camino: amortiguar el impacto.”
La discusión continuará en el Parlamento. El senador colorado Tabaré Viera, anunció que convocará a la ministra Cardona a la Comisión de Industria de la cámara alta para pedirle explicaciones.
De ahí que retomar lo que VAMOS URUGUAY ha plateado en los últimos meses sobre racionalizar un equilibrio entre las cuentas del Estado, sus proyectos más destacados, y la realidad, sólo haya dejado en evidencia un afán en el gasto para crear el colchón de caja suficiente que les permita hacer lo que por otras vías no es posible, aplicando ajustes tarifarios por más de los necesario o pretendiendo enajenar empresas publicas en vez de transformarlas para ganar más con la comercialización de sus servicios a la sociedad uruguaya.
En 2024 VAMOS URUGUAY ya había ingresados en un discurso prepositivo encaminado a cambiar la fórmula de gasto y de ajustes del Estado uruguayo. En ese rumbo, el senador Pedro Bordaberry había anunciado menos limitaciones para compras en el exterior y liberar el mercado de combustibles, en lo que definió como las 10 medida para impulsar la desregulación
El documento colorado iba más allá y también proponía reducir requisitos para importar diversos productos, y quiere implementar cursos asincrónicos de Secundaria para mayores de 30 años
El sector Vamos Uruguay del Partido Colorado, que como figuras en el Senado tiene al excandidato a presidente y actual candidato a senador Pedro Bordaberry, y al ex intendente y ministro de Turismo Tabaré Viera, presentó 10 medidas para lograr una mayor desregulación del Estado, como las bases para mejorar de fondo el empuje de la economía.
El documento, incluía una reducción de certificaciones de productos provenientes del extranjero, una reducción de las limitaciones para las compras en el extranjero, la liberalización del mercado de combustibles y la inclusión de cursos educativos asincrónicos para mayores de 30 años.
También hacía mención a la eliminación de requisitos para el ingreso de diversos productos: alimentos e insumos médicos.
Contemplaba tres de las medidas que buscan eliminar diversos requisitos para la importación de insumos.
El punto 2 del documento buscaba eliminar los «certificados regionales de alimentos envasados». La propuesta marca que no se solicitarán «certificados de origen preferenciales a efectos de acreditar el origen de alimentos importados envasados» cuando el país de procedencia sea «el mismo que figura como país de fabricación en el rotulado del producto».
En cuanto a los alimentos, la sexta propuesta del documento marca que «será obligatorio en todo el país el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev)», y que «existirá un único registro de alimentos válido para todo el país». Este proyecto nació en el seno del Congreso de Intendentes y sus primeros pasos han evidenciado la ruptura de un trámite repetido en los 19 departamentos del país de manera autónoma, tomando como ejemplo al SUCIVE cuyo éxito en materia de patente de rodados incontrovertible.
El ítem 3 también elimina los «requisitos de registros de productos por empresa». Dice que no se pedirá «documentación e información» de distintos bienes cuando estos ya hayan sido registrados por otra empresa, y se eliminarán «controles de calidad innecesarios exigidos por LATU» en productos como «juguetes» y «artículos electrónicos».
Además, se permitirá «en forma automática» la habilitación de productos que cuenten con el aval de «las autoridades sanitarias de países con alto rigor técnico» como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. También se habilitará la importación de «instrumental médico y equipos para la salud» que hayan sido certificados por estos países, como marca el punto 4 de la propuesta de VAMOS URUGUAY.
El documento también preveía cambios en las franquicias para compras al exterior, derechos de los trabajadores y educación asincrónica.
Las restantes propuestas de VAMOS URUGUAY incluyen cambios en varias materias. En el proyecto se busca eliminar el sistema de «múltiples» declaraciones juradas que realizan los «trabajadores dependientes que combinan actividad profesional» ante la DGI y el BPS, para solo solicitar «una sola vez la información estrictamente necesaria».
El punto 5 bajo el título la «Primacía del deseo del trabajador». La idea es que el empleador y el trabajador puedan establecer «un régimen de jornada no diaria», sin afectar el derecho al descanso y a la desconexión. «Deberá existir una desconexión mínima de 8 horas continuas entre una jornada y la siguiente», marca el documento.
La propuesta marca que el «exceso de trabajo diario» no constituirá «trabajo extraordinario» y «no dará lugar al pago de horas extras», que solo se abonarán cuando el empleado supere la cantidad «legal o contractual» máxima de horas semanales. «El número de horas efectivas de trabajo en ningún caso podrá ser superior a doce horas diarias», agregaron.
El séptimo punto se habla de buscar reducir limitaciones para la importación de productos, tanto de forma directa como a través de franquicias de encomiendas internacionales.
«Cualquier ciudadano podrá, tres veces al año, introducir productos al territorio aduanero nacional procedentes de los países limítrofes que no estén gravados por el Impuesto Específico Interno o cuya tasa sea cero, por un monto máximo de» 5.000 dólares «en cada introducción», se lee en la propuesta. La legislación actual marca un límite de 200 dólares por compra.
El proyecto también implica un «aumento de franquicias de e-commerce y compras online» y una «ampliación de exoneraciones a productos electrónicos».
La propuesta 9 indicaba que las «compras al exterior por correo» amparadas en el régimen de franquicias «no estarán sujetas a ningún control que no se aplique con igual rigor a los casos en que el artículo sea traído personalmente por quien viaja al exterior».
Una de las propuestas medulares impulsaba la «liberalización del mercado de combustibles», para lo que se propone derogar el «monopolio de importación de combustibles» para uso interno de Ancap.
