la seguridad y la racionalidad de las custodias

Zósimo Nogueira

El Estado tiene la obligación de brindar protección y seguridad a las personas que lo soliciten. Víctimas, testigos y quienes brinden información calificada; y a funcionarios de alta exposición pública. Es un derecho y una obligación. La oferta y las expresiones de voluntad son determinantes de los espacios a cubrir y de la invasión o no, de espacios de privacidad. Racionalidad. En determinados casos y situaciones se deberán brindar estos servicios “en reserva”. Siempre que la autoridad aprecie una situación de alto riesgo y con las garantías de no vulnerar derechos. Con el propósito de preservar vidas e integridad. Ajustado a la constitución y a la ley. El Estado también debe garantizar la seguridad de funcionarios de alta responsabilidad  o exposición pública. Custodia personal financiada con fondos públicos.

Es un necesario apoyo para facilitar el correcto desempeño en el cargo que se desempeña sin presiones externas. Lo mismo para la población en general en su libertad y derecho de denunciar y testificar sobre delitos y desvíos del cumplimiento de la ley.

Implica prevenir y neutralizar acciones que vayan sentido contrario.

En muchos casos como lo es el de violencia doméstica, debe brindarse asesoramiento al destinatario sobre medidas de auto protección detallándose las medidas cautelares dispuestas.

Esas medidas de protección tienen límites, la protección del Estado no es ilimitada, debe estar justificada y ser proporcional a la necesidad.

También hay agencias de seguridad privadas con cometidos debidamente reglamentados por la ley que si fuere del caso deben colaborar con la autoridad policial, sin que esto remplace ni le quite responsabilidad al Estado.

Están obligadas a brindar información a la policía y mantener reserva ante terceros.

Cuando se habla de seguridad pública, protección y custodia de personas y bienes, ineludiblemente debemos hablar de la policía y sus cometidos.

Investigar y perseguir delitos, protección y ayuda a las personas que lo soliciten. Mantenimiento del orden público, protección del Estado de derecho, de las infraestructuras, de la soberanía nacional.  Prevención y lucha contra el terrorismo.

Estas obligaciones de brindar seguridad y custodias están establecidas en múltiples leyes mencionamos en forma específica a la 18315(Ley orgánica policial) articulo 32. Ley 19721/19 Regulación de trabajo de las empresas de Seguridad.  Decreto 317/010 Reglamentación de la 18315 en relación a violencia domestica.   

Todo esto para ubicarnos en la realidad, luego del sonado y por suerte fallido atentado del 28 de setiembre contra la Fiscal General de la Nación Mónica Ferrero.

Sobre este hecho concreto quedo al desnudo mucha improvisación y falta de profesionalismo. Penetraron a la azotea, dispararon hacia el interior de la vivienda, arrojaron una granada y así como vinieron se fueron.

Había dos policías de la Guardia Republicana, la unidad con mayor capacidad bélica. Estaban en una garita al frente de la vivienda. No hubo capacidad de respuesta. El sindicato policial de la Guardia Republicana volvió a pedir la renuncia del Ministro del Interior y dicen no tienen apoyo ni dirección de mando profesional.

La actual Directora del Regimiento Comandante General Angelina Ferreira, en entrevista televisiva, dijo que la Guardia Republicana no era la única unidad responsable de la seguridad de la Fiscal Mónica Ferrero.  

Digo; quienes más son responsables. El personal apostado es de su unidad

Que directivas tenían, cual es su protocolo de actuación.

Que coordinaciones se habían realizado con la Dra. Ferrero. Quien instalo el servicio y que apreciaciones sobre las fortalezas y debilidades constato. Desde cuando se brinda este servicio de custodia y que adecuaciones se han realizado. Quienes lo controlan.

Mucha gente, políticos y periodistas dicen de por qué no había custodios en el patio de la vivienda.

Tampoco es tan así, los dueños de casa, y en especial la persona a custodiar, tienen derecho a su privacidad y son quienes deciden sobre la conveniencia de renunciar privacidad a cambio de mayor seguridad.

No son de recibo los dichos de la directora de la Guardia Republicana: la responsabilidad es compartida. El personal que estaba de servicio es de la GR.

Como es posible que tratándose de una persona tan importante; que ha sido objeto de amenazas directas e indirectas por parte de mafiosos muy calificados no se haya elaborado un mejor plan de protección con toda la tecnología existente.

Cámaras, sensores de movimiento, alarmas, luces, rejas. Mayor conexión del espacio de movilidad a custodiar con el personal de servicio.

La Fiscal Ferrero o los integrantes de su familia cuentan con armas de fuego u otra especie para su defensa. De ser así, están capacitados y habilitados para emplearlas.      

Los errores y omisiones son superados, de inmediato abran sido corregidos. Con racionalidad y en procura de una mayor eficiencia.

Casualmente la víctima y destinataria es una apersona merecedora de todo respecto y que se mueve en un ámbito de discreción alejada de la mediatización y exposición de la que hacen gala muchos de sus colegas subordinados.

Como una pequeña gran compensación está el gran trabajo de los investigadores que están a punto de desentrañar entretelones de una gran conspiración del mundo del crimen y del narcotráfico que trasciende fronteras y desnuda conexiones internacionales.  

Y pensar que hay partidos políticos que pretenden prescindir de los servicios de esta valiente Fiscal General.

La felicito y me solidarizo, que permanezca en el cargo y se vaya cuando quiera o cuando corresponda.

Esa mediatización importada e impuesta como forma de visibilizar el trabajo fiscal por el Código de proceso es un factor determinante del alto riesgo al que se exponen.

La prensa proyecta figuras y carreras, pero acumula enemigos. La imagen nos hace vulnerable, nos identifica e identifica a familias y vínculos.

¿Quién conocía a los Jueces que actuaban en el anterior sistema? 

¿Quién los conoce ahora que están más en las sombras?

En materia de justicia no he visto ninguna mejora, y son muchos años de trajinar. Hay que rebobinar en materia de justicia y los procesos penales.

Delegar más en la policía, por sus funciones porta armas, saben lidiar con los criminales, estudian y se preparan para ello.

Comparto lo que ha dicho algún panelista televisivo sobre incluir a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.  Hay ejemplos externos de corrupción.

Lo probado. Colombia, Venezuela y Méjico, también han dejado huellas en Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú.

Independientemente de poner barbas en remojo, yo sugiero la obligación de declaración jurada patrimonial a todos los funcionarios públicos. No elimina, pero atemoriza, reduce corrupción.    

En la lucha contra el crimen, la libertad del anonimato no tiene precio.

Además, el Estado carece de la capacidad de brindar custodias personales perpetuas y la inseguridad para casos importantes traspasa los periodos laborales.

Hace poco fue asesinado y apareció quemado en el interior de un coche el ex Juez Luis Alberto Delfino, aún no se sabe la razón de su muerte. 

Eso lo deben tener muy presente los que pregonan la paz desarmando a la población civil y a los representantes del estado que se desempeñaron laboralmente en el combate al delito.

Esa es una política de todos los países totalitarios, el desarme de la población civil.