No empezó en junio
Ricardo Acosta
Pasaron algunos días del 9 de febrero. No es una fecha con actos masivos ni conmemoraciones oficiales. Sin embargo, para quienes entendemos que la historia no comienza el 27 de junio de 1973, sigue siendo un punto decisivo. Y aunque cada año vuelva sobre este episodio, lo hago precisamente porque su importancia histórica no siempre es cómoda de recordar.
El llamado “Febrero amargo” no fue todavía el golpe de Estado. Pero fue el momento en que el poder civil comenzó a ceder ante el poder militar sin que formalmente se hubiera clausurado la institucionalidad. Fue la semana en que la autoridad presidencial quedó condicionada y las Fuerzas Armadas pasaron de ejecutar órdenes a formular propuestas políticas propias.
Los comunicados 4 y 7 no fueron simples notas internas. Tenían contenido programático. Hablaban de transformaciones estructurales, de combate a la corrupción, de un nuevo rumbo económico y social. No defendían la Constitución: insinuaban un poder tutelar sobre ella. Y lo verdaderamente preocupante fue que parte del sistema político aceptara discutir en esos términos, como si la deliberación con actores armados fuera una opción legítima.
La creación del COSENA terminó de institucionalizar esa presencia militar en la toma de decisiones. Muchos historiadores coinciden en que allí se cruzó una línea. El 27 de junio formalizó un proceso que en febrero ya había erosionado el equilibrio republicano.
En aquel momento hubo voces que comprendieron la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Amílcar Vasconcellos lo advirtió con claridad desde el Senado: cuando el poder armado condiciona al poder civil, la democracia entra en zona de riesgo. No era una cuestión de simpatías ideológicas, sino de límites constitucionales.
Pero febrero no puede analizarse aislado del clima previo. La democracia venía tensionada por años de confrontación política y violencia. La acción armada en tiempos de gobiernos constitucionales, los secuestros, los atentados, los copamientos y la apuesta a la vía insurreccional no fortalecieron las instituciones. Por el contrario, contribuyeron a un escenario de excepcionalidad permanente. Y cuando la excepcionalidad se vuelve costumbre, los márgenes se estrechan.
Eso no justifica el golpe ni relativiza el terrorismo de Estado que vino después. La dictadura fue brutal y dejó cicatrices profundas. La izquierda fue, sin duda, la más perseguida. Pero la memoria completa exige reconocer que la erosión democrática no comenzó con los tanques en la calle. Comenzó cuando distintos actores, por razones diversas, tensaron los límites del sistema hasta volverlo frágil.
También es parte de esa memoria que una porción importante del Partido Colorado resistió la ruptura institucional. Jorge Batlle fue detenido en las primeras horas del quiebre y se convirtió en uno de los primeros presos políticos del régimen. Dirigentes colorados fueron proscriptos, vigilados, marginados. No todos cedieron. Hubo quienes mantuvieron una línea republicana aun pagando costos personales y políticos.
Reducir aquella etapa a un relato lineal, donde unos encarnan toda la culpa y otros toda la virtud, empobrece la comprensión histórica. Hubo responsabilidades múltiples, errores graves y decisiones que aceleraron el deterioro institucional. Y también hubo advertencias tempranas que no fueron suficientemente escuchadas.
Cada febrero vuelvo sobre estos días porque allí se concentraron señales que no deberíamos olvidar. La democracia no se pierde de un día para otro. Se debilita cuando se naturaliza la violencia política, cuando se relativizan los límites constitucionales y cuando se acepta que actores armados pueden convertirse en árbitros del sistema.
Recordar el Febrero amargo no es disputar el dolor ni competir en legitimidades. Es asumir que la historia es compleja, que la memoria no puede ser selectiva y que la defensa de la República exige coherencia antes, durante y después de las crisis.
