Un año más estafados
César García Acosta
Hace exactamente un año, la Cámara de Representantes, fue el escenario elegido por el diputado Adrián Juri, del sector VAMOS URUGUAY del Partido Colorado, para presentar un proyecto de ley para mejorar la persecución del delito de estafa, como la modalidad que mayor perjuicio viene provocando en la población del Uruguay. Con el cambio radical de las costumbres, y en particular ante el tol de la cibernética como la actividad interdisciplinaria que interactúa entre los sistemas de control y comunicación de las máquinas y los seres vivos, la autorregulación sigue manteniéndose como una regla inalterable, cuando en realidad la ley debería ser el “fair play” o las reglas del juego. Pero en materia legal, más allá de sus posibles actualizaciones, la inacción del mundillo político se ha transformado en una omisión institucional.
El concepto de la cibernética fue acuñado por Norbert Wiener en 1948. Pretendía proyectarse sobre los sistemas complejos (físicos, biológicos o sociales) como ejes para mantener su estabilidad y entorno. Esta es la base de la inteligencia artificial, la robótica y la automática. Esta modernidad como todo hecho reciente, hace que su juridicidad, en muchas de sus áreas, sea aún inexistente, y a eso apuntó el diputado Jurí con particular acierto a la luz del incremento de este tipo de delito en los últimos años. Las estafas pasaron de 1.500 casos en 2015 a más de 35.000 en 2024 y siguen en aumento en lo que va de 2026.
El proyecto de ley de Juri busca de aumentar la pena de los delitos de estafa. El legislador argumentó que el avance de la tecnología ha provocado que “las estafas tengan un alcance masivo”.
“En los últimos años hemos presentado múltiples episodios de estafas piramidales que han afectado el patrimonio de personas físicas, pymes y diversas instituciones, comprometiendo ahorros e ilusiones de miles de uruguayos”, se expresa en el texto firmado por Juri.
El delito de estafa, según la actual regulación, prevé una pena máxima de cuatro años, pero “podría verse reducida en los hechos debido a los beneficios otorgados por el sistema”, indica el proyecto.
Otro de los argumentos de Juri es que las estafas no solo afectan la pérdida de dinero, sino que también tiene un impacto emocional en las víctimas. “El aumento de la pena actuaría como una medida justa y compensatoria”, agrega el texto.
“Cabe preguntarse si, en la actualidad, la pena establecida para el delito de estafa es suficiente para disuadir a los delincuentes o si, por el contrario, los estafadores organizados se benefician de la laxitud de la legislación para continuar operando con relativa impunidad”, expresa el proyecto de ley.
Precisamente, Juri busca modificar el artículo 347 que regula la estafa para que la pena aumente hasta un máximo de ocho años.
Siguiendo esa línea, hace 10 años, en 2016, la CUTI (Cámara de Uruguay de las Tecnologías de la Información), sostenía sobre el núcleo de este problema que, los ataques que en ese momento padecieron varias entidades, “se enmarcan en una realidad más amplia: los 768 casos “incidentes” de seguridad informática detectados por el CERT en 2016, lo que implica un 33% de los incidentes atendidos por CERT en 2015.”
Actualmente esta realidad no solo se mantiene, sino que se incrementa, mientras la omisión parlamentaria evita aggionarse como el soporte legal apropiado que es, demorando en el parlamento enfrentar una agenda política más ajustada a estos tiempos.
