Nuevas evidencias de ausencia de políticas de Estado en educación
Claudio Rama
La nueva instancia de presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2025 muestra esa cruda realidad que Carrara Demoliciones Educativas. La confrontación entre un enfoque de una política educativa terciaria centrada en el sector público y una mirada que abarca todo el sistema de educación superior con sus diversos subcomponentes en relativa igualdad de objetivos, constituye una de las fronteras que ha separado y diferenciado la política educativa entre las posiciones del Frente Amplio y del gobierno de la Coalición Republicana. Más allá de que parece banal, no es meramente un tema de posiciones sólo filosóficas, sino que expresa políticas y orientaciones diferenciadas e incluso antagónicas en el accionar. De ello derivan incluso muchas políticas sectoriales de calidad, financiamiento, cooperación y funcionamiento sistémico.
Es una frontera política educativa que por sus tensiones e implicancias en las confrontaciones de políticas educativas también se conforma como una de las tragedias universitarias ya que deriva en la falta de una política de Estado integral y sistémica en materia de educación superior, sino que reproduce y alimenta una dinámica fragmentada y de falta de coordinación y continuación de trayectorias estudiantiles y docentes que deteriora la calidad y de la dificultad de alcanzar escalas y colaboraciones inter institucionales. Esta tensión y diferencia de política educativa en los aspectos macro ha demostrado su persistencia y se repiten en la alternancia de los partidos al frente del Estado y muestra la relativa incapacidad de poder alcanzar a formular e instrumentar políticas sistémicas de Estado en materia universitaria.
La nueva instancia de presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2025 muestra esa cruda realidad que Carrara Demoliciones Educativas. Ello, más allá de que sería pertinente que este tema de política pública se analizara por separado en tanto no refiere directamente a temas presupuestales que son el centro que constitucionalmente define a la Ley de Presupuesto quinquenal. El hecho de que se deba discutir en un plazo acotado, hace que temas de enorme trascendencia se colocan en el ferrocarril de estos paquetes legislativos
El inicio de esta confrontación de paradigmas y de políticas educativas se encuentra en la Ley General de Educación del año 2008, que fue votada en esa ocasión únicamente con los votos del Frente Amplio y que careció de consenso. En esa ocasión a través del artículo 49, se creó el Sistema Nacional de Educación Público, integrado por el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República y demás entes autónomos de la educación pública estatal. Este ámbito institucional y político concebía una política de coordinación institucional de rango superior exclusivamente al interior del sector público y dejaba al resto de las instituciones educativas en un nivel de subsidiaridad. El eje dominante de esa iniciativa incluso constituía una interpretación de las propias definiciones constitucionales en relación a los niveles de autonomía de los Entes Autónomos en los aspectos de políticas educativas, por lo que se estructuraba una modalidad de política pública centrada en coordinación. Al tiempo colocaba de hecho al sector privado en una posición de subsidiaridad y quedaba excluido de participación institucional en la coordinación de los procesos de formulación e instrumentación de políticas educativas.
Dicho enfoque varió en el período posterior con el gobierno de la Coalición Republicana encabezada por Lacalle Pou a que través de la Ley la de Urgente Consideración Nª 19.889, y por el artículo 20, con sólo derogó el articulado que sostenía el concepto de un sistema sólo público, y se focalizó en la creación de un Sistema Nacional de Educación, con todos los actores y definido como el conjunto de propuestas educativas integradas y articuladas para todos los habitantes a lo largo de toda la vida. Además asignó al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de Educación y Cultura (MEC) presidir dicho ámbito de coordinación educativa, dotando en general al MEC de un rol central en la política pública educativa por encima de corporaciones u otros ámbitos. El eje pretendió ser una política pública con un rol central del Poder Ejecutivo y el funcionamiento de todas las instituciones más allá de las particularidades y coordinaciones sectoriales.
Nuevamente, con el cambio de Gobieno y el regreso del Frente Amplio, en la Ley de Presupuesto del 2025, se modifica la norma anterior y se crea el Sistema Nacional de Educación Pública, con una Comisión Coordinadora con los cometidos de coordinar, concertar e impartir recomendaciones de política educativa, promoviendo tanto la planificación de la educación pública como la aplicación de los fines y orientaciones generales de la Ley General de Educación.
Más allá que la norma no se focaliza en una política educativa sistémica, y que modifica una Ley refrendada por la voluntad popular que por ende tiene un rango superior, reintroduce una política educativa que abandona el rol del MEC como centro de la política educativa.
