Otro marzo, mes de las mujeres

Andrea Maddalena

A lo largo de la historia del Uruguay, la ampliación de los derechos de las mujeres ha estado profundamente vinculada al reformismo batllista y a la acción de los gobiernos del Partido Colorado. Desde la Ley de Divorcio de 1907, pasando por la histórica decisión de 1913 durante el gobierno de José Batlle y Ordóñez, que permitió a las mujeres solicitar el divorcio por su sola voluntad, hasta la aprobación del sufragio femenino en 1932 y el reconocimiento de la igualdad jurídica en materia civil en 1946.

Nuestro país fue pionero en América Latina en el reconocimiento de la autonomía y la ciudadanía plena de las mujeres. 

Ese mismo espíritu reformista también se expresó en políticas sociales que reconocieron el valor de los cuidados. En 1988, durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, se creó el Plan CAIF, colocando a la primera infancia y a los cuidados en el centro de la agenda social. Y en 2002, bajo el gobierno de Jorge Batlle, se aprobó la Ley N.º 17.514, que por primera vez estableció en Uruguay un marco legal específico para prevenir y erradicar la violencia doméstica y proteger a las víctimas.

Actualmente, el legado batllista nos interpela frente a un nuevo desafío: construir una democracia verdaderamente paritaria. Porque la paridad no puede reducirse a ocupar lugares en listas electorales; las mujeres no solo deben estar en las listas, deben estar también en los lugares donde se toman las decisiones, y reivindicar ese legado supone retomar con valentía el debate sobre una reforma política que avance hacia una paridad real.

Al mismo tiempo, creemos que las políticas destinadas a proteger a las mujeres deben mantenerse firmes en su objetivo central: garantizar su seguridad y fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia basada en género.

En este contexto podemos evidenciar reclamos históricos, en materia de políticas públicas con perspectiva de género al gobierno nacional.

En Uruguay existe una deuda social con las víctimas de violencia basada en género; el propio Poder Judicial es claro: la violencia basada en género es hoy el segundo delito más denunciado del país. Las denuncias pasaron de 24.002 a 31.087 entre 2023 y 2024. Para enfrentar esta realidad, la Suprema Corte de Justicia solicitó la creación de 24 sedes judiciales especializadas —6 en Montevideo y 18 en el interior— y la incorporación de 72 defensores públicos. Sin embargo, el presupuesto nacional omitió la creación de la mayoría de estos cargos. 

No existe un real compromiso con la lucha contra la violencia basada en género, cuando el presupuesto aprobado para el Poder Judicial niega a los jueces, defensores y funcionarios, los recursos imprescindibles para abordar dicho flagelo.

Tampoco hubo avances en la creación de refugios especializados para víctimas de trata ni en programas nacionales de reinserción laboral para quienes logran salir de situaciones de violencia y explotación, pese a que fortalecer estos aspectos fue una promesa de campaña del Frente Amplio y también de algunos de los Partidos políticos de la oposición…

Hoy, los datos son alarmantes. En los primeros diez meses de 2025 se registraron 117 denuncias por día y cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer por su condición de tal. Sin embargo, el Ministerio del Interior continúa postergando su Plan de Acción en materia de seguridad. ¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que este tema sea tratado con la urgencia que requiere?

Existe un desafío estructural según un análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentado por el sociólogo Fernando Filgueira, en aproximadamente quince años la población mayor será más numerosa que la población activa. Habrá más personas que necesiten cuidados que personas disponibles para brindarlos.

Y sabemos quiénes cargan hoy con esas tareas: mayoritariamente las mujeres.

Por eso la pregunta es inevitable: ¿Cómo pretende el Instituto Nacional de las Mujeres promover la autonomía económica de las mujeres si el Sistema Nacional Integrado de Cuidados sigue sin ofrecer cobertura suficiente para que muchas puedan trabajar o estudiar?

Y frente a esta realidad, es necesario interpelar a los Gobiernos Departamentales y promover, si no las tiene, acciones vinculadas a la autonomía económica de las mujeres y el acompañamiento de las tareas de cuidado. Posibles medidas pueden visualizarse en un presupuesto que impulse el empleo femenino, los apoyos necesarios a las mujeres jefas de hogar y la generación de herramientas que permitan compatibilizar trabajo y cuidados.

Es particularmente relevante si consideramos que, en Uruguay, los hogares más pobres, son en su gran mayoría, aquellos donde conviven niños y mujeres jefas de hogar. Ignorar esta realidad no sólo profundiza las desigualdades de género, sino que también reproduce los ciclos de pobreza que afectan a miles de niñas y niños. Fortalecer este sistema no es opcional, es imprescindible. Y para hacerlo se necesita ampliar su cobertura, garantizar su financiamiento y definir con claridad el rol del Estado, el mercado y la sociedad civil.

Por todo ello, entendemos que es tiempo de avanzar con decisión en una agenda de políticas públicas que coloque la vida, la seguridad y la autonomía de las mujeres en el centro de la acción del Estado.

Es imprescindible fortalecer las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia basada en género, dotando de recursos efectivos a la Ley N° 19.580 y ampliando las comisarías especializadas en violencia doméstica y de género, particularmente en el interior del país. Al mismo tiempo, es necesario mejorar la coordinación entre el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Poder Judicial para que las medidas de protección lleguen a tiempo y funcionen de manera eficaz. 

En esa misma línea, propuestas para fortalecer la educación, la prevención y el acceso a información en salud sexual y reproductiva para las mujeres, niñas y adolescentes, es fundamental para desarrollar su bienestar y autonomía.

Ampliar las políticas de apoyo a las mujeres que buscan salir de situaciones de violencia, generando oportunidades reales de inserción laboral, acceso a vivienda y programas de acompañamiento que permitan reconstruir sus proyectos de vida con autonomía.

El país debe redoblar sus esfuerzos en la lucha contra la trata y la explotación sexual, fortaleciendo los mecanismos de prevención, protección a las víctimas y persecución de las redes criminales. Hoy carecemos de campañas que amplifiquen dichas realidades que en zonas de frontera y portuarias se profundizan de manera significativa.

Y frente a las nuevas formas de violencia que surgen en los entornos digitales, es necesario promover normas y políticas públicas específicas que protejan a las mujeres del acoso y el hostigamiento en estos ámbitos.

Merecemos todos/as, vivir en un Uruguay que avanza, de manera sostenida, ampliando derechos y construyendo oportunidades. Esa ha sido la mejor tradición del batllismo y es también el compromiso que debemos asumir hoy, seguir trabajando por mayores autonomías y con igualdad de oportunidades, en particular, para las mujeres.

Una democracia más justa para las mujeres es, necesariamente, una mejora en la calidad democrática del Uruguay, reivindicando la vigencia de su historia y su legado.