Editorial

Para tener en cuenta

César García Acosta

Podríamos tomar como referencia algunos de los dichos de los senadores del gobierno en defensa de las actuales políticas de seguridad pública, y eso bastaría mpara hacernos a la idea de lo que vendrá. Pero el comportamiento del ministro de Interior, además ex fiscal de crimen durante 30 años, lejos de no evidenciar su experiencia en una materia tan compleja como la seguridad ciudadana, su perfil y aptitud lo ubican en un sitio ciertamente privilegiado que le exige bastante más que a la media de los restantes integrantes del gabinete del presidente Orsi.

Tan sólo por eso, quizá, la inacción, no es un parámetro para criticar a la hora de las valoraciones de su gestión. Pero como te ven, -así se dice-, te califican, y es más, hasta te perpetúan en el imaginario social y cultural hasta quedar estampado en una pagina de la historia como bueno o malo hacedor de la cosa pública. La memoria ciudadana es como el cuple de las murgas, no será lo más importante, pero es lo que quedará en los recuerdos del Carnaval.

LA DIARIA, en una crónica del 11 de abril, decía: “Bordaberry, durante el llamado a sala y en sus declaraciones posteriores, insistió con un relato que niega o distorsiona datos básicos de la realidad. Según el senador colorado, la seguridad pública empeoró bruscamente desde el primer gobierno nacional del Frente Amplio (FA), porque este liberó a personas privadas de libertad; mejoró mucho durante la presidencia de Luis Lacalle Pou; y ahora el plan presentado por Negro consiste en reiterar el error anterior del FA. Esa narrativa se saltea demasiadas evidencias.” Y agregaba: “El aumento de la criminalidad ha sido una tendencia ininterrumpida desde mucho antes de la primera presidencia de Tabaré Vázquez. No tiene sentido analizarlo como si la única variable relevante hubieran sido las políticas gubernamentales, porque las características de los delitos han cambiado mucho, a menudo y para peor, entre otras cosas por el avance del crimen organizado con vínculos internacionales.”

Si en algo fue claro Bordaberry, fue en la descripción del -texto y del contexto-. Su norte argumental sólo fue analizar la evolución de los homicidios desde 1900 hasta 2020, la década comprendida entre 2010 y 2020 fue “la peor en materia de seguridad en la historia del Uruguay”, con un fuerte incremento entre 2012 y 2018. “Fue la peor década, lejos”, remarcó. En la comparación regional, aseguró que Uruguay pasó de estar en una posición relativamente favorable a ubicarse por detrás de países como Chile, Argentina y Paraguay en indicadores de seguridad. Sobre las rapiñas, afirmó que hasta 2005 existía un crecimiento “controlado”, pero que a partir de 2012 se produjo un aumento sostenido que alcanzó cifras récord en 2019. En ese sentido, planteó la necesidad de analizar “qué nos pasó” como sociedad y como sistema político.

Bordaberry enmarcó la interpelación en la intención de evitar la repetición de errores cometidos entre 2005 y 2020. Según indicó, en ese período los homicidios pasaron de unos 180 a más de 400 por año, las rapiñas se triplicaron y los hurtos crecieron de forma inédita, configurando —a su juicio— un escenario de deterioro marcado por la inseguridad, el narcotráfico y la violencia.

Desde que asumió el gobierno de Orsi mil ex presidiarios retornaron a la cales y son la causa de una sensación de inseguridad ciudadana que golpea horizontalmente a los partidos políticos.

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