Seguridad en tela de juicio

Marcelo Gioscia

Nadie debiera ser indiferente a las situaciones de inseguridad que a diario se padecen en todo el territorio nacional, pero en particular en el área metropolitana, donde habitamos más de la mitad de la población de este país. Situaciones de violencia en el más amplio sentido de la palabra, se suceden en todos los barrios y afectan en gran forma, las relaciones de convivencia y por cierto, la calidad de vida.

Esas situaciones, no sólo se materializan en arrebatos, hurtos y agresiones en la vía pública, sino en la mendicidad encubierta que ejercen los “cuida coches” que autorizados o no por la autoridad municipal (además de las contribuciones inmobiliarias, y el pago del estacionamiento tarifado) se creen “dueños” de la cuadra que supuestamente “vigilan” y en algunos casos, hasta pretenden exigir un monto de dinero, por poder estacionar en determinados sitios, bajo la amenaza de “no saber qué le podrá ocurrir a su auto” si eso no se concreta.

Si a estas realidades, sumamos los cientos de habitantes en situación de calle, (que han aumentado) los grupos de traficantes de drogas que deben “marcar” sus territorios y el uso de armas de fuego sin pudor alguno, el panorama no puede presentarse más acuciante y desolador.

Los responsables de la seguridad pública, con el Sr. ministro del Interior a la cabeza, recién al año de asumir han presentado un plan de acción que no ha dejado contento más que a sus adherentes, por lo que fue más que justificada su interpelación en la Cámara de Senadores.

Es tan increíble como inaceptable, que se sigan diagnosticando situaciones y no se proceda a actuar para resolver este tema, que atenta contra uno de los derechos fundamentales y de “primera generación”, consagrado en el artículo 7 de la Constitución Nacional.

Ese “derecho a la seguridad” está siendo desconocido flagrantemente y el descontento ciudadano se generaliza. Las políticas públicas en esta tan delicada materia lamentablemente no están dando en el clavo y los resultados tardan con pérdidas de personas y bienes.

Faltan más policías, y aplicar planes que se adapten a las distintas realidades de nuestro territorio nacional (no es lo mismo el área metropolitana, que las fronteras secas que tenemos con Brasil), para ser más eficientes y efectivos en la lucha contra la delincuencia en esas zonas. Se impone el uso no sólo de armamento sino de equipos de comunicación y transmisión de datos de la mejor tecnología, para estar un paso adelante de quienes delinquen.

No alcanza sólo con buenas intenciones, se debe actuar con la mayor celeridad para poder controlar la situación que nos está afectando día a día.

Sin prejuicios ideológicos, se debieran aplicar las normas legales preventivas, represivas, de faltas y de internación compulsiva con severidad, ejerciendo la autoridad en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Resulta a nuestro entender imprescindible, aplicar una acertada política carcelaria de una vez por todas, evitando el hacinamiento y la violación de los derechos humanos, para intentar una efectiva reeducación e inserción social de quienes estuvieron privados de libertad, lo que hasta ahora ha brillado por su ausencia.