Seguridad Pública inoperante
La Junta Departamental de Montevideo decretó la prohibición —en ese departamento— de la instalación de elementos arquitectónicos que representen riesgos significativos para la integridad física de las personas. Esta medida abarca estructuras ubicadas en fachadas, cercos, cerramientos, límites o cualquier otro tipo de construcción, ya sea en espacios públicos, propiedades privadas o inmuebles del Estado, siempre que sean accesibles desde la vía pública.
El decreto apunta específicamente a prohibir lo que se conoce como arquitectura hostil e incluye disposiciones sobre los plazos para el retiro o la adecuación de estos elementos, así como las sanciones económicas por incumplimiento.
Habrá que esperar a la reglamentación —a cargo de la Intendencia— para conocer con precisión cuáles serán los elementos considerados de riesgo significativo, comprendidos dentro de la categoría de “punzantes y/o cortantes”.
Esta medida recuerda a otra decisión polémica: el retiro de efectivos policiales de los escenarios deportivos. En aquel entonces, se argumentó que “la presencia policial incita aún más a la violencia”. Los resultados de esa resolución —claramente fallida— están a la vista: clubes deportivos que pierden dinero en cada partido debido a los elevados costos en seguridad privada, y una larga lista de incidentes violentos, como el ocurrido recientemente en el partido entre Peñarol y Cerro en el Estadio Campeón del Siglo.
Ambas decisiones parecen responder a una lógica incomprensible que, lejos de aportar soluciones, ha generado perjuicios económicos y mayor exposición al delito. Los clubes pagan el precio; la violencia no cesa; y las garantías, para todos, se debilitan.
Volviendo al decreto de Montevideo, cabe preguntarse: ¿cómo lo recibe el ciudadano que ya percibe una presencia policial cada vez más escasa en las calles, mientras la delincuencia actúa impunemente? Ahora, además, deberá retirar cualquier medio de defensa pasiva en su hogar —su espacio inviolable, protegido por el artículo 11 de nuestra Constitución— para evitar “lesionar” a quienes, de manera ilegal, ingresen a robar, asaltar o copar una vivienda.
Ni nos protegen ni nos permiten protegernos. ¿Cuál es, entonces, el objetivo real de este tipo de medidas?
Tal como en los estadios de fútbol se eliminó la presencia policial y como en las calles se percibe una preocupante falta de control, hoy vemos cómo la delincuencia avanza. Esta realidad se refleja claramente en los índices de criminalidad. Sin embargo, en lugar de redoblar esfuerzos para recuperar el control y garantizar la tan ansiada seguridad pública consagrada en el artículo 7 de la Constitución, se insiste en adoptar disposiciones que, en la práctica, terminan por favorecer a quienes amenazan ese derecho fundamental.
Si seguimos en esta línea de inacción preventiva y abandono del ciudadano, sin permitirle ejercer siquiera el derecho básico a defenderse, el resultado será cada vez más grave. La seguridad pública no puede construirse desarmando a quienes están del lado de la ley.
Pablo Caffarelli
