Serlo y parecerlo

Fátima Barrutta

Durante estos años a partir de 2020, la oposición se ha ejercido con un tono crítico de constante exasperación.

Por un lado, sacó el máximo jugo posible a indudables falencias del gobierno, como los casos de Astesiano y Marset, pero por el otro no dudó en convertir en motivo de críticas problemas exógenos que desafiaron al país, como la pandemia y la sequía.

En estos casos, la ciudadanía se dio cuenta de que al Frente Amplio se le iba la mano, cuestionando a un gobierno que capeó dichas crisis con determinación y buenos resultados.

Pero el ánimo confrontativo del FA se reedita prácticamente todos los días, llegando al extremo risible de una intendente montevideana que repite a cada rato que “el gobierno no tiene rumbo” o mal actúa un llanto al leer una advertencia sanitaria sacada de contexto, como pasó con lo de las embarazadas y los trihalometanos del agua durante la emergencia hídrica. 

Ahora están incendiando la pradera con las derivaciones de la gestión del señor Albisu al frente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.

Pero una vez que el dirigente renunció al cargo -tras una reunión con el presidente de la República- no parece que el tema dé para mucho más que para exigir una normativa que ponga freno al uso discrecional de recursos públicos en esta y otras dependencias.

Es ahí adonde quiero llegar: si algo caracteriza al gobierno de coalición es que a nadie le tiembla la mano a la hora de separar del cargo a quienes demuestran no estar a la altura de sus responsabilidades.

Ocurrió con dos jerarcas del Ministerio del Interior, que no dudaron en renunciar luego de haber utilizado en forma indebida los servicios del Hospital Policial.

Ocurrió con el sonado caso de entrega irregular de viviendas por parte de la exministra Irene Moreira y ahora ocurre con Albisu, a pesar de provenir del cerno mismo del sector político del presidente Lacalle.

Estas y otras renuncias no deben necesariamente interpretarse como asunciones personales de comportamiento deshonesto.

En ningún caso se hicieron pronunciamientos en ese sentido.

Lo que importa es que el gobierno no está dispuesto a mantener a cualquier precio a quienes se equivocan, honrando así la dignidad inherente a la función pública y dando un ejemplo de integridad que claramente refracta en toda la sociedad.

Esta actitud es muy distinta a la del ciclo frenteamplista, con casos de corrupción pura y dura que fueron muy sonados y que terminaron en renuncias solo cuando la presión social se hizo incontenible.

Es que aquella famosa frase de Tabaré Vázquez de que en su gobierno nadie pondría la mano en la lata, (y que al que la pusiera, se la cortarían), no se dio en los hechos.

Casos como el del diputado Placeres y el del vicepresidente Sendic fueron emblemáticos.

De este último, el mismo Vázquez llegó a decir que le hacían “bullying” y hasta hubo una inicial declaración de la Mesa Política del FA que justificó las graves denuncias contra Sendic en una especie de conspiración perversa de los grandes medios de comunicación.

Ahora mismo, en estos años, el Frente Amplio sigue sosteniendo al senador Charles Carrera, a pesar de que sobran las evidencias de un uso irregular del Hospital Policial, a lo que recientemente se han sumado comprobaciones en el mismo sentido que señalan a la exdiputada Susana Pereyra.

Salen a defender lo indefendible y siempre están dispuestos a criticar la paja en el ojo ajeno sin asumir la viga en el propio.

Cuando los elencos políticos son tan numerosos, es más que lógico que en todas las colectividades aparecerán quienes se aparten de la norma, a sabiendas o inconscientemente.

El gobierno de coalición en esto ha sido inflexible (en más de una oportunidad, demasiado para nuestro gusto), pero parte de la idea de que no solo hay que ser honesto, sino también parecerlo.

De esa manera, dejamos la vara alta en lo que hace a dignidad en el ejercicio de la función pública, un criterio que la ciudadanía sabrá valorar cuando llegue el momento de emitir el voto.