Política nacional

40 años del cambio en paz

Adrián Báez

Estimados lectores. Se cumplen 40 años del retorno formal a la democracia. El  25 de noviembre de 1984, luego de un largo proceso de negociación surgido tras el Plebiscito de 1980 -cuando la ciudadanía dio un rotundo NO a la Reforma Constitucional planteada por la Dictadura-, elecciones internas en 1982, y el Pacto del Club Naval, las urnas hablaron, tras 11 años de la peor dictadura cívico-militar de nuestra historia, a la que se le puso día y hora de defunción. El Dr. Julio María Sanguinetti, electo Presidente de la República en aquella jornada, junto al Vicepresidente, Dr. Enrique Tarigo, encabezaron formalmente aquel Cambio en Paz, estrategia pactista que, posibilitó las instancias antes mencionadas, con el espíritu de obtener de una vez la libertad perdida, resultando ser el camino más factible ante una coyuntura compleja. Este artículo transcribe una reseña de aquellos primeros cinco años de libertad, vistos por su principal protagonista, el Presidente Julio María Sanguinetti, quien algunos años atrás la escribiera para una edición especial publicada por el Diario El País, titulada “Historia Reciente”.

“Por encima de todo estará siempre la prioridad constitucional y democrática a la que trataremos de servir con devoción fanática”. “Esta frase de nuestro discurso inaugural en el Parlamento el 1° de Marzo de 1985, define la esencia de un gobierno que se inauguraba bajo el lema de “el Cambio en Paz” luego de 11 años de dictadura.

Lo primero fue superar los factores de desestabilización. Uno era la deuda externa, en plena eclosión en la región y que en ese año nos demandaba el 90% de las exportaciones para atender sus intereses. Se refinanció sucesivamente y logró administrársela hasta llegar el Plan Brandy de 1989. Otro era una crisis bancaria que estaba pronta a estallar en aquel momento inaugural: sabíamos que el Banco Comercial, el Pan de Azúcar, la Caja Obrera y el Banco de Italia estaban prácticamente en cesación de pagos. Hubo que enfrentar y superar esas quiebras, reciclando esas empresas con el apoyo del Estado.

La economía venía de una brutal caída del 14% en los tres años anteriores, producto de la llamada crisis de “la tablita”, de Noviembre de 1982. En el quinquenio 1985 -1989 se logró una reactivación del aparato productivo que permitió terminar el período con un crecimiento del 15% de la producción, sobre la base de una expansión de las exportaciones del 66%, al pasar de 925 a 1.984 millones de dólares. Este despegue alentó una mejoría histórica del salario real, del orden del 30%, un aumento de la masa salarial del 40% y un abatimiento de la desocupación, que cayó del 15% en 1984 a solo un 8% en 1989. Se repartieron 35 mil viviendas y la mortalidad infantil cayó del 30 por mil en 1984 al 19 por mil en 1989, a consecuencia de un programa de atención primaria basado en un sistema de médicos de familia.

Estos guarismos devolvieron esperanza y tranquilidad a la sociedad uruguaya. No se intentó un fuerte plan antiinflacionario precisamente para mantener un ambiente de crecimiento y mejor distribución de la riqueza, como asiento de una transición institucional definida como prioridad. Los países vecinos cayeron en esos años en la hiperinflación y el Uruguay parecía ser una isla de tranquilidad, con una inflación más moderada y, sobre todo, previsible.

Así retornó en plenitud la vida cívica, con un ejercicio cabal de las libertades públicas, gozadas –además- en paz, mientras Argentina vivía permanentes convulsiones, con rebeliones militares y recaídas guerrilleras.

La transición se abordó desde la generosidad: una amnistía generalizada para los guerrilleros y presos políticos, una facilitación de la repatriación de emigrados y una recomposición de carreras administrativas para todos los destituidos (más de 3.000 solo en la educación). La primera amnistía se votó no bien comenzado el gobierno y su generalidad llevó, por equidad, a una amnistía parecida para el lado militar, cuando comenzaron a arreciar denuncias contra quienes venían de entregar el poder. La llamada Ley de Caducidad se discutió ardorosamente y finalmente fue ratificada en un plebiscito el 16 de Abril de 1989, ya en el año electoral, cerrando así el proceso sin desbordes revanchistas de la vieja guerrilla ni rebrotes autoritarios de unas Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil.

En lo internacional, se reanudaron relaciones con China y Cuba y se realizó la conferencia del GATT en Punta del Este, primera vez que el organismo comercial internacional salía de Europa. Allí se lanza la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales, que durante años mantendría a nuestro país en las páginas de todos los periódicos del mundo.

En la innovación productiva se fundó el INAVI, para administrar un formidable programa de reconversión del viñedo y la bodega nacional; se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), al tiempo que se abrían los mercados para una renovada lechería exportadora.

En 1987 se lanza –con una ley como base- el programa de forestación, que modificó la matriz productiva de la agropecuaria y ha producido un cambio estructural de relevancia. También mirando hacia el futuro es que se dictó la nueva Ley de Zonas Francas, apertura formidable a nuevas modalidades de producción, se creó el Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA) y se agilizó la justicia civil con un nuevo Código de Procedimientos.

Los servicios públicos comenzaron su modernización, especialmente en UTE y ANTEL. La telefonía aumentó un 54% su tráfico y comenzó su digitalización. El mundo cultural vio instalarse el Museo Torres García e iniciarse la construcción del complejo Sodre, obra fundamental desgraciadamente no bien entendida aún.

La paz es un proyecto siempre difícil. Costó y cuesta aún dolores e incomprensiones, pero es el más grande premio para un gobierno democrático”.

De esta manera resumía esos primeros años de gobierno democrático, el cual, encierra en sí mismo, un período de búsqueda del fortalecimiento institucional pero, también, del ordenamiento de un Estado decaído desde el punto de vista económico y social que, como bien lo destacó en alguna oportunidad, “se encontraba atado con alambre”. Cumplido dicho objetivo, al entregar de forma pacífica el poder el 1º de marzo de 1990 al Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera, Uruguay comenzó a transitar sin mayores hesitaciones, el largo trillo de la convivencia bajo las estrictas tradiciones nacionales: tolerancia, Estado de Derecho, libertad de expresión, y alternancia de los partidos políticos en el poder, constituyendo, el más preciado tesoro de la República, que tanto nos caracteriza en el mundo.

El acto eleccionario de ayer, donde los uruguayos elegimos a nuestro séptimo Presidente de forma ininterrumpida, es prueba fidedigna de lo antedicho.

Sanguinetti, en entrevista otorgada a diario El Pueblo de Salto, sostiene con énfasis que: “el Uruguay debe, para proteger esa democracia reconquistada, mantener sus esencias”. Nunca se estuvo tan de acuerdo.

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