La libertad bien entendida
Ricardo J. Lombardo
El concepto de libertad responsable es maravilloso, admirable.
No solamente los liberales se sienten muy cómodos con él, sino que lo compartirían también tanto Bakunin como Proudhon, los padres de la primera generación de anarquistas.
Consiste en que cada ciudadano es libre de asumir sus responsabilidades colectivas sin necesidad de que los gobiernos les impongan condiciones.
Pero tiene un requisito y es que todos sean responsables. Porque si existe un grupo suficientemente numeroso de gente que actúe irresponsablemente, y con ello perjudique a los responsables, la idea se derrumba como un castillo de naipes.
El derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro, dice un viejo principio de la convivencia colectiva.
Para defender la libertad, los responsables necesitan ser protegidos de alguna manera.
El derecho a la salud está consagrado en nuestra Constitución. Así que el Estado debe actuar para asegurarla. Tiene la obligación de hacerlo.
Es evidente que la idea de la libertad responsable que enarboló el gobierno del presidente Lacalle Pou, funcionó de maravilla en las primeras etapas de la pandemia. No fue necesario adoptar las medidas restrictivas a las que tuvieron que recurrir otros países.
Pero las cosas han cambiado. Ahora los datos diarios de contagios, fallecimientos y saturación del sistema de salud, son horripilantes, mientras uno advierte que mucha gente está desarrollando conductas que agravan la situación y por lo tanto están perjudicando el derecho a la salud del resto de la población.
¿Cómo resolver esta encrucijada?
Algunos creen que el gobierno debería recurrir a un toque de queda nocturno o a la implantación de Medidas Prontas de Seguridad. Otros se horrorizan con esas ideas.
Unos y otros han instalado una discusión extemporánea.
Ninguna de las dos cosas son aplicables en las actuales circunstancias. El toque de queda no existe en la legislación uruguaya, y las Medidas Prontas de Seguridad son un mecanismo que prevé el artículo 168 de la Constitución para enfrentar “casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior”. Y no estamos frente a un ataque exterior ni a una conmoción interior. Así que dejemos de blandir el cuco y tomemos consciencia de que afrontamos una grave pandemia que tenemos que resolver entre todos.
En posteos anteriores , nosotros nos hemos resistido a mencionar medidas concretas porque creemos que hay que confiar en ese valiosísimo grupo de científicos que tenemos en el GACH. Este ya ha dado un listado de propuestas el 7 de febrero y, posteriormente, ha sugerido la necesidad de “blindar abril”, ante el agravamiento de la situación sanitaria.
Pero la implantación de esas medidas, es sí una cuestión política. Y sobre eso sí podemos opinar.
El gobierno ha dado muestras de un extraordinario apego a la idea de la libertad responsable y ha actuado con la cautela que requiere la situación, sin proponer, ni siquiera sugerir, medidas que impliquen la suspensión de las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Pero llega un momento en que es necesario actuar, porque es su obligación defender el derecho a la salud que consagra la Constitución para los habitantes de este país.
¿Cómo hacerlo?
Como corresponde en una república. Mediante la ley.
La ley nos protege la vida, penando a los asesinos.
Protege la propiedad, penando los robos o rapiñas.
Protege la integridad física, penando el secuestro o la violación.
La vigencia de esas leyes permite que la policía actúe, observando los principios de prevención, persuasión y represión, que la fiscalía acuse y que la justicia resuelva.
Así se restringe la libertad de los violadores de la ley, para proteger la libertad del resto de la ciudadanía.
Siempre en el marco constitucional.
Por lo tanto, la emergencia de la pandemia, y su agravamiento, hacen necesaria la aprobación de una Ley del Combate al Covid19, que tipifique las conductas delictivas que afectan la salud del conjunto de la sociedad porque contribuyen a la expansión descontrolada del virus.
Esto permitiría actuar a las autoridades, la policía, la fiscalía y la justicia, sin violar ningún derecho constitucional ni garantías ciudadanas, protegiendo la libertad de los responsables frente a las inconductas de los irresponsables.
El gobierno tiene las mayorías necesarias para aprobar una ley de este tipo, pero dada la circunstancia excepcionalmente grave que afecta a toda la sociedad, sería ampliamente deseable que se consiguiera el consenso con el voto de todos los partidos.
Esto ya no es un tema científico. Esto es un tema político. Y es la política la que debe articular las cosas de tal forma de poder lograr estos acuerdos, que den señales contundentes hacia el conjunto de la población.
Hace dos días, el secretario político del Frente Amplio, Rafael Michelini quiso extorsionar al gobierno amenazando con la inevitabilidad de aglomeraciones si no se prorrogaba el plazo para la recolección de firmas para un referéndum para derogar la LUC.
El Frente Amplio lo destituyó de inmediato, dando una señal de madurez política y de querer involucrarse en la solución del problema. No sería razonable dejar pasar esta oportunidad de cerrar la grieta, aunque sea con el fin específico de combatir la pandemia.
La mesa está servida para lograr, mediante un acuerdo político, el consenso que permita crear los instrumentos legales para enfrentar esta situación imprevista que se agrava cada día.
