Nuevo presidente de Colombia: «no quiero dos países»

Hugo Machín Fajardo

Los procesos políticos latinoamericanos por los cuales un sistema democrático se convirtió en autoritario o dictatorial han determinado otras lecturas de la realidad regional. Hoy en Latinoamérica no se trata de «izquierda o derecha», sino de qué tanto se respetan y defienden o no, los derechos humanos, en su acepción universal e indivisible, en cada Estado de la región.

«El poder es adictivo» dijo Gustavo Petro, flamante presidente de Colombia, a dos días de haber llegado a la Casa de (Antonio) Nariño. Explicitó su comentario ante la prensa en referencia a cómo se siente quien pasa a vivir entre gobelinos, espejos con marco dorado y otros lujos existentes en la sede del Poder Ejecutivo de Colombia, cuyo nombre recuerda a un ilustre independentista que —vaya paradoja—a raíz de su defensa y difusión de los derechos humanos pasó 21 de sus 58 años de vida en prisión en cuatro ocasiones distintas.

Con su comentario Petro repetía y advertía, a su modo, el reproche hecho 133 años antes por Lord Acton, ilustre historiador liberal, católico, a un obsecuente historiador del papado que omitía los crímenes vaticanos: «Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente».

No es un comentario baladí. Petro es consciente de que la mitad de los colombianos ven cernirse sobre su administración la sombra de dictadores —Fidel Castro, Maduro, Daniel Ortega, — y corruptos— matrimonio Kirchner, «el mecanismo». [Netflix], Odebrecht— o la tentación autoritaria de Nayib Bukele y Donald Trump.

Y fuera de Colombia no son pocos los analistas y politólogos que insisten en proponer el retorno de una «marea rosada» en Latinoamérica, con especial papel a cumplir por las administraciones de Boric en Chile, Petro, en Colombia y eventualmente Lula en Brasil a partir del 2023. Según esas opiniones sería diferente de la «marea roja» de hace 10 años —Tabaré Vázquez, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet, José «Pepe» Mujica, Fernando Lugo— pero igualmente con características «de izquierda».

¿No será que el retorno al autoritarismo latinoamericano que se produjo en algunos países cuando la región vivía el mejor momento de la democracia y la libertad, ha generado   una expectativa diferente a la de «izquierda» o «derecha»?

Los procesos políticos latinoamericanos por los cuales un sistema democrático se convirtió en autoritario o dictatorial han determinado otras lecturas de la realidad regional.

Hoy en Latinoamérica no se trata de «izquierda o derecha», sino de qué tanto se respetan y defienden o no, los derechos humanos, en su acepción universal e indivisible, en cada Estado de la región.  

Gobierno de coalición. La nueva administración encabezada por el Pacto Histórico formado por Petro es un gobierno de coalición. «No quiero dos países», dijo el presidente en su discurso de asunción del 7 de agosto. Propuso unas fuerzas armadas que trabajen en la reconstrucción de la paz; cuestionó a la ONU por la ineficaz política antidrogas desarrollada durante décadas; pidió ayuda internacional para el combate al narcotráfico y la desforestación, y anunció los temas principales a encarar ya: reforma tributaria —inicialmente para recaudar 75 billones, luego 50 billones de pesos [aprox. 11,786,700 dólares] pero que en el proyecto enviado horas después quedó en 25 billones a ser recaudados en 2023— ; reforma de la salud; de los contratos laborales —la informalidad es de 58% en el país, equivalente a 12,7 millones del total de 22,05 millones de trabajadores—; y reforma educativa.

¿Se puede comparar el gobierno «de izquierda» de Pedro Castillo en Perú, que no tiene apoyo legislativo, que lleva 60 ministros diferentes en un año de gobierno, y varios intentos de censura parlamentaria; con un gobierno que cuenta con 2/3 de apoyo en el Congreso? Un botón de muestra: el senador–influencer JP Hernández, de Alianza Verde, que apoya a Petro, propuso «a la brava» —aunque había sido promesa de la campaña electoral—  un proyecto de ley para reducir el salario de los legisladores, establecido en 35 salarios mínimos. El SMN de Colombia es de $1.000.000. Al momento, lo han firmado 80 legisladores y sumando. En la lista hay firmas de conservadores, liberales, del Pacto Histórico, verdes, e incluso del único claramente partido opositor, el Centro Democrático. Una golondrina no hace verano, pero el talante del espectro legislativo de hoy en Colombia es de, sin aprobar «a tapa cerrada» todo proyecto legislativo enviado por Petro, darle ingreso a los varios «chicharrones» (*) que el nuevo gobierno tiene por delante:

*retomar vínculos diplomáticos con Caracas que apunten a consolidar la paz seriamente afectada en la frontera con Venezuela;

*negociar la paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para lo cual delegados del presidente Petro ya dialogan con jefes guerrilleros radicados en Cuba. No es fácil ese tema, según dijo el viernes 12 el ex ministro y negociaron de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo: «el ELN no va a aceptar que los equiparen con el Clan del Golfo»;

*la respuesta del Clan del Golfo y otros grupos del crimen organizado al llamado hecho por Petro de «dejar las armas» y «aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz». En principio no serían encuadrados en la Justicia Especial Para la Paz (JEP), creada para diligenciar el acuerdo de paz con la ex guerrilla de las FARC;

*mientras que los efectos de la reforma fiscal, en opinión de expertos y gremiales empresariales, podría frenar la inversión, afectar la competitividad e incrementar los precios de la energía, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, es partidaria de no firmar nuevos contratos de exploración y de comprarle gas a Venezuela. Desde el sector energético hubo voces de rechazo a estas ideas: en el presente, el 58% de las exportaciones lo constituye el petróleo y los minerales y no hay forma de sustituirlo ya. Además, afectaría a un 30% de las rentas provenientes de ese sector. Otros recordaron cuando Maduro en 2016 le cortó el suministro de gas a Colombia, y también hicieron énfasis en que en Europa el usuario paga USD 25 por el mismo gas que Colombia produce a USD 6;

*el envío a las escuelas y bachilleratos de cartillas realizadas con base al informe final de la Comisión de la Verdad. La oposición está en desacuerdo y ha resuelto enviar también una cartilla propia — «¿Cuál verdad?»— por entender que la cartilla propuesta por la comisión presidida por el provincial de los jesuitas, Francisco de Roux, sería adoctrinamiento gubernamental.

En síntesis: el gabinete de Petro cuenta con dos ministros conservadores — uno, Álvaro Leyva, es nada menos que el canciller, — tres liberales —uno, es el ministro de Hacienda, Javier Ocampo, otra, la ex ministra Cecilia López, economista y es senadora liberal; Néstor Osuna, de Justicia—; en Defensa, Iván Velásquez, prestigioso jurista y probado luchador contra la corrupción. Es el sector moderado y más técnico del gabinete de Gobierno. Coexiste con un sector más ideologizado, con menos experticia como la titular de Trabajo, Gloria Inés Ramírez quien el lunes 8 sostuvo que Venezuela está avanzando gracias a las políticas implementadas por los chavistas. De inmediato en redes sociales repusieron un video de hace seis años en que la también docente escolar y ex senadora postulada por el Partido Comunista sostenía: «Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de (Hugo) Chávez, Evo (Morales), de Rafael Correa y de todos los que están construyendo patrias soberanas e independientes».

[*] Chicharrón, aunque es un plato apreciado en la mesa colombiana, también se utiliza como sinónimo de problema serio.