Deber ético frente a costo político
Marcelo Gioscia
Nadie podrá dudar de la determinación ética del gobierno nacional -conformado por la Coalición Republicana- al asumir la presentación del Proyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social, sin calcular el posible “costo político” que podría suponer tal iniciativa, que busca mantener la estabilidad del sistema previsional sin dejar de lado su sustentabilidad financiera y la solidaridad intergeneracional, intrínseca desde siempre en esta materia en nuestro país. En este punto creemos del caso señalar que, según lo proyectado, desde la vigencia del nuevo proyecto se impulsará además, la aplicación de un “suplemento solidario” el que se traducirá en un incremento en las jubilaciones más bajas; y se atenderá diferencialmente el cómputo de años a aquellas familias que cuenten con hijos con discapacidad, según su grado. El Poder Ejecutivo en pleno, acompañado del Presidente de la Comisión de Expertos en seguridad social, brindó una conferencia de prensa a fin de informar a la ciudadanía la presentación al Poder Legislativo de este proyecto de ley, que como toda obra humana es perfectible, habilitando las instancias constitucionalmente previstas para su consideración, análisis y nuevos aportes parlamentarios, que se consideren del caso incorporar. Debe destacarse que, el actual gobierno asume esta responsabilidad, cuando los anteriores -si bien fueron contestes en la imperiosa necesidad de esta reforma- no sólo no se animaron a “ponerle el cascabel al gato”, sino que promovieron e impulsaron jubilaciones de privilegio en la Caja Militar, al disponer la recomposición de carreras a postergados por la dictadura militar y habilitar porcentajes extraordinarios de recuperación en un buen número de casos. La necesidad de impulsar este proyecto, se fundamenta no sólo en asumir esta “responsabilidad nacional” -que no se transfiere al gobierno siguiente- sino fundamentalmente, en lograr la viabilidad y sustentabilidad del sistema de seguridad social, en suma: las pensiones y jubilaciones de todos nosotros. Este proyecto de ley que fuera firmado por el Consejo de Ministros y elevado al Poder Legislativo, incluye a los demás subsistemas previsionales: el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (Caja Policial), la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y aportantes al Banco de Previsión Social, lo que refuerza su alcance. Las reacciones de las fuerzas pretendidamente progresistas, no se hicieron esperar y desde el vamos, y aún antes de enviarse el proyecto al Parlamento, plantearon una oposición al proyecto y anunciaron movilizaciones sociales. En un sistema republicano y democrático pleno, como el que felizmente impera en nuestro país, tal reacción que no es nueva, no extraña a ningún observador medianamente atento. Ojalá que sus respectivas bancadas de legisladores y sus equipos técnicos, puedan aportar las mejores soluciones, para sacar adelante esta no sólo necesaria, sino imperiosa reforma del sistema previsional, para evitar mayores costos sociales y por el bien de nuestra gente.
