La UAM
al borde
de la quiebra
El viejo Mercado Modelo se construyó en 1937. Su destino era ser el principal centro de comercio mayorista de frutas, hortalizas y productos de granja del Uruguay. En la década del treinta, y cuando Montevideo empezaba a atravesar un fuerte cambio sociocultural a causa de la inmigración y los cambios socio culturales asociados, el Mercado insinuaba ser un moderno instrumento económico liberal. Más allá de las expectativas, este Mercado siempre estuvo rodeado de conflictos de gestión: el más notorio fue una huelga de 45 días de su gremio, la Sociedad de Agricultores Unidos del Uruguay, que disparó la construcción del nuevo mercado en un predio propio y de mayor extensión que el del Mercado Agrícola Municipal original, que consideraban insuficiente para el normal desenvolvimiento de sus actividades. De ahí en más, con formatos más políticos que empresariales, la crisis -lejos de resolverse- se intensificó: el Estado se endeudó, y el Mercado –más que oferta y demanda interactuando de modo liberal- se transformó en un pulpo que absorbe incesante diseños públicos a través de una intrincada ingeniaría financiera soportada sobre varios fideicomisos.
En 1934, el presidente doctor Gabriel Terra envió al Parlamento un mensaje, que culminó en ley: se resolvió la construcción del nuevo mercado, el cual sería administrado mediante concesión por la Concentración Nacional de Productores Agrícolas durante cuarenta años. En febrero de 1935, se inició la construcción, y el 31 de enero de 1937, se inauguró el nuevo Mercado Modelo. Su nueva ubicación, en las afueras del área urbana consolidada, mejoraría las condiciones desde el punto de vista sanitario y locativo. Se eligió un predio próximo a la convergencia de importantes vías de tránsito, equidistante a todos los centros poblados de la ciudad y a los mayores núcleos de producción agrícola. Para ese entonces, el entorno estaba prácticamente despoblado, y, con el inicio de las obras, en la zona comenzó a darse un importante proceso de urbanización.
Actualmente este emprendimiento, la Unidad Agro Alimentaria de Montevideo (UMM), que formalmente ya tiene tres años, es un proyecto de más de USD 100:000.000 que sigue requiriendo de incentivos para salir adelante y hacerlo operativo. La construcción de la UAM es un entramado de tres fideicomisos. Por un lado, el fideicomiso que hizo la intendencia de Montevideo, con una integración de UI 296:000.000, de los que UI 240:000.000 son los realmente integrados y UI 176:000.000 que efectivamente tiene la UAM que reintegrar a la intendencia. El resto, unos UI 120:000.000, no deben ser reintegrados a la intendencia. Por otro lado, está el fideicomiso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), cuyos recursos, en realidad, se financian a través del Fondo de la Granja. Eso significa un endeudamiento a 15 años, de una suma de aproximadamente UI 118:000.000, que es el aporte que da el MGAP a la UAM. Por último, está el fideicomiso de la UAM con República Afisa, una subsidiaria del Brou, que va a ser nutrido de ingresos propios de la UAM. Esos son, básicamente, los tres fideicomisos que apoyaron, y siguen haciéndolo, la construcción de la UAM y este emprendimiento.
Las siguientes son declaraciones realizadas en la Comisión de Constitución del Senado, el pasado 21 de mayo, cuando comparecieron las autoridades del MGAP, de la Intendencia de Montevideo, y jerarcas de la UAM, quienes dejaron en evidencia la existencia de una crisis institucional, política y económica que ocurre por el poder otorgado al presidente de la UAM de vetar las resoluciones adoptadas, por su solo voto, sobre la base de haberse repartido Frenteamplistas y Blancos, el poder gerenciador del principal mercado granjero del país. Sus desavenencias políticas ponen todo en tela de juicio, creando un caldo de cultivo que ahora impactó en la ecuación económica del mercado.
SEÑOR MINISTRO FERNANDO MATTOS (MGAP).- Lo que nos ocupa hoy aquí es intentar buscar las fórmulas de viabilizar el proyecto UAM. Más allá del proyecto de ley presentado –toda iniciativa llega al Parlamento para ser discutida, debatida y aportar–, no debe quedar duda alguna de que el fondo de la cuestión, esto es, el problema de la gobernabilidad conferida a través de las potestades –y tal vez más allá de ellas– que determina la ley, en la actual situación ha determinado un grave problema de relacionamiento entre los actores que constituyen los órganos de gobierno de la UAM. Aquí no vamos a intentar argumentar respecto de la situación en particular y sí pensando en que las personas pasan y en el día de mañana la institución tiene que quedar y funcionar. El hecho es que, dada la situación al día de hoy, no está funcionando y nuestra preocupación es por la viabilidad del proyecto. Cuando hay problemas de gestión e innumerables situaciones donde la junta directiva vota 8 a 1 y el único que se opone es el presidente, tenemos un poder de veto, de manera que él tendrá que asumir la única responsabilidad. Estoy seguro de que el espíritu del acuerdo original apuntaba a una participación democrática, plural y abarcativa de los distintos sectores allí representados. Por eso me invade la duda –como manifestaron los señores senadores Brenta y Carrera– de si estamos frente a un cambio del acuerdo original. Eso es lo que no me queda claro. Estamos muy preocupados con la suerte del proyecto, por cómo está diseñada hoy la gobernanza. Aquí, en forma reiterada, no se ha dado la información y la participación a los distintos actores. A esta instancia hemos llegado luego de innúmeros intentos de diálogo. Concurrimos varias veces al directorio; nos hemos reunido con el propio presidente, con la intendencia. Entonces ¿cómo es esto? Acá hay nueve representaciones y resulta que ocho están en una línea y el presidente se abroquela en una potestad que no sé, exactamente, si le está conferida o no. Está claro que si es un organismo democrático pero el presidente tiene el poder de veto, siempre va a prevalecer su voluntad. Por lo tanto, dejando de lado a las personas –porque no las estamos atacando–, el hecho concreto es que, respecto al proyecto de la UAM, que es de participación de la Intendencia de Montevideo y del Poder Ejecutivo, hay una enorme preocupación sobre su futuro y su suerte. Si no cambiamos el rumbo, si no hay una mayor participación y no se escucha a los sectores sociales que están allí representados y también al Poder Ejecutivo, vamos a tener enormes dificultades. Como dije anteriormente, los costos operativos apenas nivelan, en la medida en que tenemos exceso de gastos; no podemos incrementar más los costos a los comercializadores, a los operadores, y la propia conducta ha determinado que las inversiones tan esperadas no lleguen, porque también podríamos aumentar el ingreso si la ZAC funcionara, si tuviéramos otras naves con una actividad mayor. Mientras permanecemos en toda esta discusión y esto se torna público, estamos todos acá jugando en contra de la viabilidad del proyecto, porque todo el mundo habla de la posible renuncia de los representantes sociales, que han venido al Parlamento, etcétera. ¿De qué estamos hablando? De algo que tiene dificultades en el funcionamiento. Todo eso va en contra de la suerte y la posibilidad de la inversión, porque todos los actores económicos que pudieran traer la solución a través de una mayor actividad van a tener una mayor reticencia a partir de estas aseveraciones. Entonces, nos invade la duda de si esto es algo violatorio del acuerdo original, pero creo que lo deberá dirimir la comisión y después el plenario, en todo caso, a los efectos de mejorar el contenido de la ley. Lo que buscamos aquí fundamentalmente es la mejora de la gobernabilidad, de la convivencia, porque no ha sido una gestión que nos haya dado la información y el espacio necesarios para la participación. En definitiva, aquí hemos tenido una rotación de los cargos ejecutivos más altos. El propio gerente general se ha cambiado en forma reiterada, y muchas veces no se conoce cuál es la razón. Cuando se piden informes, llegan tarde. También tenemos informes que generan enormes observaciones y dudas respecto a lo que ha sido la participación de la Auditoría Interna de la Nación, que ha colocado claramente luces rojas respecto a la vulnerabilidad, a las posibilidades de fraude que pueden ocurrir dentro de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. En realidad hay que decir las cosas como son: la representación del Poder Ejecutivo no se siente confortable con la actual situación y nosotros, además, somos corresponsables de esto. Está claro que todos los que nos encontramos en esta sala estamos preocupados por que la UAM funcione, que sea un instrumento de desarrollo de la granja. Hacer una ley por relacionamientos personales nunca es el camino para resolver un problema. En todo caso esta ley, este cambio o esta propuesta pretenden, de alguna manera, dar verdaderas condiciones de gobernanza a los actores que están en esa comisión. Se restringe el poder de veto; se da la posibilidad de que funcionen las estructuras directrices con una mayoría establecida y que se puedan tomar las decisiones con las mayorías que se conformen para los diferentes temas. También hay que entender que la UAM no sería posible sin la participación de la intendencia y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Si no hubiésemos trabajado juntos para poder lograr la UAM, no existiría. La UAM es un proyecto que, tarde o temprano, se desteta de la intendencia y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es decir, la intendencia no pone recursos, sino que los ingresos son genuinos de los actores que están participando ahí. Por eso es tan relevante la opinión de los actores sociales en la UAM, porque en definitiva son ellos los que bancan su estructura. Obviamente, hay un proceso de tutelaje de la UAM, con el aporte del ministerio que se acaba de detallar y con la posibilidad de generar esa ampliación de garantía que permitió que el crédito del BROU pasara de quince a veintiún años. Esto se logró por una mayoría en la junta de todos los actores políticos.
