El cuarto poder

Ricardo J. Lombardo

Desde Montesquieu en adelante, nadie cuestionó que la república y la democracia representativa estaban sustentadas en la división de tres  poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Pero desde el 1º de noviembre de 2017, en que tomó vigencia el Código General del Proceso Penal,  en el Uruguay  parece que se ha dejado nacer y crecer un cuarto poder: la Fiscalía General de la Nación, como servicio descentralizado.

Su facultad acusatoria, adversarial, oral y pública, además de tener a cargo la dirección de los investigación de los delitos y su persecución penal, le han quitado buena parte de las funciones que antes pertenecían a los jueces y se las ha adjudicado a los fiscales.

Además, la posibilidad de negociar penas con los acusados a cambio de su confesión en acuerdo con sus abogados defensores, con la intención de acortar los procesos, le ha conferido una cuota de poder que parece desmesurado. A veces, el resultado no lo percibe  la ciudadanía como un acto de justicia, sino como una mera negociación de toma y daca.

Los fiscales han desplazado a los jueces de la visibilidad pública. Si bien son estos últimos los que terminan resolviendo en última instancia, uno tiene la impresión de que actúan cuando ya está todo cocinado.

Frente a la opinión pública, y a los medios de comunicación, los fiscales parecen como prima donnas, mientras los jueces permanecen en el absoluto anonimato.

Ese protagonismo genera problemas y sospechas. A muchos de los fiscales se los vincula con partidos políticos. Y de hecho ya ha habido casos en que han saltado al otro lado de la baranda y se han puesto a militar en esos partidos o a asesorar en ejercicio libre de su profesión a casos complejos de fuerte  impacto político.

Por eso, el sistema político tiene problemas para designar un nuevo Fiscal de Corte, e incluso se propone la figura de un triunvirato para no concentrar en una sola persona facultades tan decisivas en la vida partidaria y repartir de alguna forma el peso entre sectores mayoritarios.

Mientras tanto los jueces, tan respetables como siempre, surgidos de una carrera seria y confiable dentro del Poder Judicial,  y con una tradición de mucha independencia, parecen quedar detrás de bambalinas subrogados por un cuarto poder que los ha desplazado.

Nunca entendí la unanimidad del parlamento al aprobar el nuevo código con sus posibles consecuencias.

Y cada día lo entiendo menos.