Cuando el diálogo se diluye en la cuenta regresiva

Guzmán A. Ifrán

Desde mi condición de observador atento del vínculo entre el gobierno central y los gobiernos departamentales, hoy siento que asistimos a una encrucijada que revela más desencuentro que acuerdo, justo cuando el presupuesto nacional entra en su tramo decisivo.

En estos días, el Congreso de Intendentes protagoniza una ardua negociación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a cargo de Rodrigo Arim. Lo que arrancó como un intercambio civilizado de ideas se transformó pronto en un cruce duro de reproches cuando el interior dejó de aceptar las cifras que propone el Ejecutivo, etiquetadas por sus actores como “insuficientes” y muy lejos de lo pactado. La expectativa era clara: un verdadero aumento en los recursos departamentales, no solo una redistribución cosmética.

En el entorno del actual gobierno y en la OPP se sostiene que el presupuesto no crecerá respecto al año anterior y que por lo tanto no se corregirán las brechas históricas entre departamentos. Aquel planteo —una réplica a una demanda que lleva cinco años en curso— suscitó una respuesta visceral de parte de Nicolás Olivera y sus pares del Congreso. La promesa de una negociación flexible se desdibujó frente al límite inamovible presentado por el gobierno: no más recursos reales para cumplir con las necesidades del interior profundo.

Ese choque no solo es político, sino también personal: el intendente de Paysandú recordó con vehemencia que las decisiones públicas tienen rostro y que no es lo mismo negociar con un presidente que ha sido intendente. Justamente por eso —por conocer de primera mano las dificultades y desafíos que enfrentan los gobiernos departamentales— había una expectativa real de que el Congreso de Intendentes fuera escuchado con otra sensibilidad.

A raíz de esta situación, el Congreso de Intendentes se encuentra en sesión permanente y trabaja contrarreloj antes del plazo límite del 31 de julio para influir en la ley de presupuesto. La agenda incluye revisar los criterios de reparto del porcentaje constitucional que debería destinarse a las intendencias, fortalecer el Fondo de Desarrollo del Interior y especializar recursos para obras nacionales con impacto local.

Sin embargo, lo que debería ser un ejercicio de construcción política se parece más a una cuenta regresiva: cada día que pasa sin avances profundos acerca más la posibilidad de un presupuesto aprobado sin atender las demandas principales del interior. Y es ese riesgo —la sensación de que el diálogo se convierta en un simulacro— lo que más angustia despierta.

En mi opinión, si no se producen gestos concretos de ampliación presupuestaria y ajuste distributivo, lo que quedará como recuerdo no será un diálogo construido, sino un pacto de mínimos mal tolerado. Porque descentralizar en serio no es solo cambiar etiquetas: implica reconocer que algunas intendencias necesitan más que las demás y que redistribuir lo mismo sin generar más torta tiende a perpetuar la desigualdad que se pretende resolver.

En este contexto, es más que comprensible —y absolutamente legítima— la postura que ha adoptado el Congreso de Intendentes. No se trata de una puja sectorial ni de una defensa corporativa, sino de un planteo profundamente vinculado a una visión estratégica del desarrollo del país. Las inversiones que se ejecutan desde los gobiernos departamentales no son un gasto prescindible, sino una herramienta clave para generar empleo, infraestructura, servicios, cohesión social y oportunidades reales en cada rincón del territorio. Sostener o incluso aumentar los fondos que reciben las intendencias no debería ser visto como una concesión negociada, sino como una política inteligente con sentido de nación. En un país que aún arrastra desequilibrios estructurales entre el centro y la periferia, reconocer el rol dinamizador de la inversión pública descentralizada no es un acto de generosidad: es una apuesta sensata por el desarrollo armónico y sostenible. Por todo esto, respaldo sin matices la pretensión del Congreso y considero que cualquier negociación genuina debe partir del reconocimiento de esta evidencia.

Hoy no se negocia solo sobre cifras: se negocia sobre la credibilidad del sistema político para responder con equidad y justicia territorial. Si el Ejecutivo insiste en brindar un presupuesto calcado del anterior, las intenciones reales de no avanzar —y meramente cubrir formalismos— quedarán en evidencia.