María Dolores: el homenaje que terminó en escándalo
Pablo Caffarelli Cremona
En pleno cortejo fúnebre del expresidente José “Pepe” Mujica, el secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, anunció una compra millonaria como “homenaje” al líder popular: el Instituto Nacional de Colonización (INC) adquiría la estancia María Dolores, 4.400 hectáreas en Florida, por más de 32 millones de dólares.
La operación, presentada como una inversión estratégica para desarrollar tambos en la cuenca lechera, encendió una mecha política y legal que hoy amenaza con estallar. Lo que parecía un gesto simbólico terminó revelando irregularidades graves, con observaciones formales del Tribunal de Cuentas, renuncias de jerarcas y sospechas de uso político de los fondos públicos.
El campo fue comprado sin contar con los recursos presupuestales, sin respetar el quórum legal del directorio, y con un precio por hectárea que supera por miles de dólares el valor promedio de la tierra para los fines alegados. A esto se suma que el moderno sistema de riego —valuado en unos tres millones de dólares— no estaba incluido en la compra, a pesar de ser una de las supuestas justificaciones productivas del gasto.
Frente a esto, el Tribunal de Cuentas fue claro: la operación es jurídicamente cuestionable y financieramente irregular. Además, se suma un nuevo capítulo a la crisis institucional del INC: ya renunció su presidente, Eduardo Viera, por ser colono —una incompatibilidad constitucional explícita— y ahora se cuestiona si Karina Henderson, estaría siguiendo sus pasos.
La situación es insostenible. Y, al mismo tiempo, ofrece una oportunidad: el gobierno puede corregir el rumbo. No comprar el campo. No avanzar con una transacción que huele más a capricho político que a política pública.
Si realmente se pretende homenajear a Mujica, que se lo haga gobernando con austeridad, legalidad y ética. No con operaciones millonarias mal armadas, en medio de un clima de improvisación y desprolijidad administrativa.
Este no es un caso aislado. En apenas unos meses, la administración frenteamplista acumula una serie de renuncias preocupantes: Cecilia Cairo (Vivienda), por su situación contributiva irregular; Alejandra Koch (ANP), por nepotismo al ascender a su esposo y cobro de partidas de dudosa legitimidad; Eduardo Viera (INC), por violar la Constitución; Victoria Cros (Ambiente), número tres de la cartera por diferencias con Ortuño; Jaime Saavedra (INISA), con una renuncia que debió ser revertida por intervención presidencial. Todo esto en menos de 100 días de gobierno.
¿Y qué tenemos en el caso de María Dolores? Una compra sin control, sin base legal firme, con un relato improvisado y, para colmo, con presuntas incompatibilidades aún sin aclarar entre quienes tomaron la decisión.
El gobierno debe frenar esta compra. No por presión de la oposición. No por cálculo político. Sino porque es lo correcto.
Hacerlo no es retroceder: es gobernar con responsabilidad. Es demostrar que se puede rectificar cuando hay evidencia sólida de que las cosas no se hicieron bien. Es priorizar el interés público por encima del relato y la arenga partidaria.
Porque si algo quedó claro en este episodio es que cuando el simbolismo reemplaza a la legalidad, el resultado no es un homenaje: es un escándalo.
