Política nacional

Institucionalidad agredida

Daniel Manduré

Mónica Ferrero debe confirmarse en la titularidad de la Fiscalía de Corte. A nosotros no nos va a pasar. Estamos lejos de poder vivir y tener que enfrentar situaciones límites como esas. Nosotros somos diferentes. Algunas de estas frases podìamos escuchar, hasta no hace demasiado tiempo, cuando observábamos una Latinoamérica convulsionada. Una región con su institucionalidad degradada, con altos grados de corrupción, autoritarismo, expresidentes procesados, conflictos armados, violaciones permanentes a los derechos humanos, sin libertad de expresión, elecciones fraudulentas, altos grados de violencia, una criminalidad extrema y el narcotráfico haciendo estragos.

Es verdad, en varios aspectos somos diferentes. Muy diferentes. Acabamos de cumplir 40 años de democracia ininterrumpida, la más plena de la región y dentro del las 15 más plenas del mundo. Esa necesidad de continuar consolidando partidos políticos fuertes. Con procesos electorales transparentes, pluralismo, libertad de expresión. Muchos desde fuera nos ponen como ejemplo a seguir. Un país como el nuestro dónde somos capaces de que expresidentes puedan sentarse juntos, dialogar, buscar los puntos de encuentro más allá de las diferencias.

Pero también dijimos que con eso no alcanzaba. En otros aspectos hemos estado cambiando, retrocedido, y a veces parece no habernos dado cuenta.

Decìamos que el fortalecimiento institucional era una construcción permanente y que su preservación dependía de los pasos que se siguieran. Mencionábamos también que había señales, que de no tenerlas en cuenta o no tomar a tiempo los recaudos necesarios podían llevarnos a transitar caminos no deseados. Sobre todo en lo relativo al crecimiento de la violencia y criminalidad, a una decadencia en los valores que lleva décadas, la creciente inseguridad ciudadana y la ausencia de políticas efectivas y decididas del combate al narcotráfico.

Y la bomba nos termina explotando en la cara. Barrios copados por la delincuencia, la droga metida en las entrañas de la propia sociedad. Delitos con una violencia inusitada. Nos despertamos con seis, siete u ocho muertes diarias. A veces parece que normalizamos lo anormal.

Las señales no son siempre lo efectiva ni contundentes que deben ser

Lo sucedido con la Fiscal de Corte es de una gravedad sin antecedentes en el país desde el retorno a la democracia. Delincuentes que ingresan, no sin antes sortear varias azoteas linderas, hasta el patio trasero del hogar de la fiscal Monica Ferrero, lanzan una granada y efectúan varios disparos. Intimidar, amedrentar, amenazar y enviar una señal clara a través de quien ha encabezado en forma decidida investigaciones relevantes de combate al narcotráfico.

La seguridad y sobre todo los jerarcas que tienen bajo su responsabilidad nuestra seguridad interna que fallan una vez más. Varios detenidos frenen al hecho consumado. Especulaciones varias, pero nada concreto. Algunos supuestos “perejiles” en investigación o que de alguna manera participaron, pero sin conocer con cereza al autor intelectual.

Un ataque a la propia democracia, al sistema de justicia de la república y ni que hablar lo que significa violar la intimidad del bien sagrado de todo ciudadano, su hogar y el de la familia de la Fiscal.

Un Partido Colorado unido y que prontamente apenas unas horas después de los hechos se reunía convocando a su Comité Ejecutivo Nacional emitiendo a través de su secretario general una contundente declaración de apoyo a la institucionalidad y a la persona de la fiscal y un enérgico llamado para realizar los máximos esfuerzos en encontrar al autor intelectual del atentado.

El sistema político cerró filas a través de sus máximos representantes respondiendo unido como no podía ser de otra manera. Mensajes de solidaridad y apoyo a la institucionalidad agredida. Un presidente convocando a reunión de lideres, conferencias de prensa múltiples. Abundan los diagnósticos de situación.

Pero a esta altura y con la evidencia que acabamos de relatar no alcanzan los diagnósticos y las declaraciones de preocupación. Necesitamos mucho más que eso. Queda al desnudo las carencias que tiene el Estado para combatir al crimen organizado

El narcoterrorismo presente en Uruguay.

No podemos seguir improvisando. La criminalidad y el avance del narcotráfico seguirá avanzando si no se adoptan medidas concretas, firmes y contundentes.

Hoy lamentablemente la realidad es otra. Instituciones permeables al narcotráfico. Un nuevo Código General del Proceso con muchas debilidades y que no ha dado respuestas. Todo lo contrario. Falta de presupuesto, carencia de recursos humanos necesarios, exceso de trabajo, fiscalías sobrepasadas, acumulación de miles de carpetas que esperan de decisiones que nunca llegan.

Narcos que se escapan caminando de las cárceles y acá no pasó nada.

La tan conversada, prometida y necesaria reforma carcelaria que se sigue esperando.

A veces parece que nadie està dispuesto a hacerse cargo, a pagar el costo político que sea necesario en pos del bienestar colectivo. Hacer lo que pide la realidad y no la tribuna. La seguridad no puede esperar. Combatir la criminalidad en todos los terrenos debe ser el mensaje desde el gobierno. Allí debemos estar todos.

Sin dudas que uno de esos mensajes claros en respuesta a ese intento de amedrantamiento que sufrió la Fiscal de Corte es confirmarla oficialmente en la titularidad del cargo. Una fiscal valiente, que ha dado muestra de su compromiso en el combate con el narcotráfico. Cambiarla como insinúa el gobierno sería la peor de las respuestas. Una demostración de debilidad que la república no se puede permitir. De hacerlo significarìa un triunfo del narcotráfico. Una derrota de la institucionalidad. Supongo que nadie debe querer eso.

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