Recursos públicos bajo la lupa:

los comisionados parlamentarios

Zósimo Nogueira

Fuertes diferencias. Un conflicto entre el ego protagónico de la actual senadora y ex informativista Blanca Rodríguez y el saber de la connotada militante ex Jueza Letrada Dra. Mariana Motta designada el 31 de julio pasado como directora de la Institución Nacional de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo. Blanca Rodríguez propone la creación del cargo de Comisionado Parlamentario para la Infancia y Adolescencia y Mariana Mota le dice que hay una superposición de tareas. Que el cuidado y atención de estos temas ya está entre los cometidos de la institución a su cargo. Que es innecesaria y solo generara creaciones de cargos y mayores gastos al erario público.

Específicamente en este tema, comparto plenamente las expresiones de la Dra. Mariana Mota Cutinella e incluyo en el mismo combo la burocrática función del Comisionado Parlamentario para las cárceles.

Independientemente del color político de quién ocupe el cargo. Solo ha sido un trasmisor de informaciones carcelarias. Solo relatos e informes de situación; nunca una compulsa de valoración.

¿Qué opinan y que utilidad le dan la población reclusa y sus familiares?

A mi juicio burocratización. Mal uso de recursos del Estado.

Si bien esta institución INDDHH también depende del Poder Legislativo su espacio de actuación es mucho más amplio.

A mi entender lo del comisionado carece de la relevancia que, habitualmente se le asigna.

Como en tantos otros ítems su tarea la puede cumplir y con mayor imparcialidad una comisión legislativa plural.  

Antes de existir ese cargo, y a poco del retorno a la democracia el Diputado del FA Dr. Daniel Díaz Maynard era habitual visitante a las cárceles, en especial COMCAR aún en proceso de organización.

Se implementaba un sistema de reclusión progresivo con cambios en el criterio de evaluación y diagnostico; sustituyendo lo de peligrosidad por vulnerabilidad.

La cárcel de Libertad tenía con un régimen de vida más rígido. Albergaba a criminales peligrosos y ya comenzaba a notarse superpoblada.

Mucho tuvieron que ver con aquella reforma penitenciaria la catedrática en Derecho Penal Fiscal Ofelia Grezzi y la entonces ministra de Cultura Dra. Adela Reta.  

Volvemos. La tarea y función del Comisionado parlamentario para las cárceles está llena de buenas intenciones.

Un ambiente difícil de controlar y evaluar.

Los grandes responsables del buen o mal funcionamiento de cada establecimiento son los jerarcas a cargo.

Los mandos del INR son más que nada mandos administrativos y políticos. La gestión y el conocimiento están en el territorio.

Esos son los verdaderos pilares del sistema. 

No son oídos con la debida atención. Para parte del sistema político solo cumplen una tarea residual cuando en realidad son la única llave para mejorar o empeorar la realidad carcelaria.

Ese nexo entre políticos y guardia cárceles, ha sido lo más importante de la función del Comisionado Parlamentario.

Pero ha faltado fluidez en las comunicaciones, por lo general limitadas a momentos de conflictos, sin capacidad de aportar insumos para mejoras estructurales y cambios significativos lo que hace que todo siga como está. 

Se alardean y sobredimensionan pequeños cambios en búsqueda del eco periodístico pero que no mueven la aguja y empujan a una mimetización de conductas de guardianes y presos.

Convivencia in extremis con el único móvil de sobrevivir.

El ingreso a estos establecimientos carcelarios es muy controlado, hay códigos no escritos.

La realidad se disfraza con facilidad y casi todo se maneja en base al relato

En ese mundo opaco, gris; las administraciones anteriores del FA introdujeron la figura del operador penitenciario.

Otra muestra de buenas intenciones, de que querer hacer. Pero no estaban, ni están dadas las condiciones para el desempeño de estos operadores en nuestras mega cárceles.

La autoridad que reciben y asumen debe conciliar cercanía y distancia. Cercanía con el conocimiento del problema y distancia afectiva, capacidad de poner límites, trato profesional.

Imposible. ¿Cómo puede hacerlo un funcionario o funcionaria navegando entre demandas de presos/as, entre el silencio obligado y las presiones de los “capos y matones”?

Y por otro lado cómo hacer para no apartarse de las directivas de la autoridad carcelaria.

El único poder un lápiz para escribir un informe.

El miedo está ahí latente, como no buscar la protección del poder paralelo, como no hacer la vista gorda. Claro que hay actos de corrupción.

Sin límites, sin seguridad todo lo demás es Perogrullo.

Ciertamente es una tarea insalubre, pero hacen su turno y se van y los policías penitenciarios que quedan de guardia.

Difícil determinar cuál situación es peor. Pero a la hora de priorizar está claro. La mayor urgencia. “policías penitenciarios”

Una causa de la creación de cargos de operadores penitenciarios fue la falta de profesionales.

Muchos de estos ingresan con las expectativas de todo profesional universitario, pero la realidad pronto los baja a tierra, ni status, ni el ascenso social buscado. Solo una solución laboral momentánea, en la primera de cambio se va, a otra oficina estatal o consigue otro trabajo y renuncia. 

Considero que se debe insistir con la contratación de profesionales (abogados, médicos, educadores, asistentes sociales, etc,) pero con atención de presos en locutorios fuera del celdario. Espacios seguros, protegidos. Sin la contaminación y la presión de ese mundo sórdido que se pretende modificar.

Habrá que incentivar con mejores salarios y oportunidades de progreso en especialidades y una carrera administrativa

 Sobre los conflictos actuales este 15 de octubre los funcionarios civiles penitenciarios realizaron paro con concentración en plaza 1ro de mayo frente al Palacio Legislativo.

Hubo una importante adhesión a la convocatoria sindical que reclama por mejoras en las condiciones laborales, que su trabajo sea declarado insalubre y esto genere una jubilación bonificada y un seguro de vida.

Anteriormente, hace pocos días este sindicato presento una denuncia ante el INDDHH reclamando que se declare “Estado de emergencia nacional carcelaria”.    

En la ley de presupuesto se plantea la creación gradual y fraccionada de 500 cargos de policías penitenciarios y 500 de operadores penitenciarios.

En el estado caótico en que se encuentran COMCAR, Libertad y Canelones lo imperioso es fortalecer la seguridad con un mayor número de policías penitenciarios.

La función de los operadores penitenciarios se ha desvirtuado totalmente al estar condicionada a las buenas relaciones con el colectivo de presos, es decir con los que ponen reglas de convivencia, el poder paralelo.

Solo pueden ejercer libremente su actividad en establecimientos de menor población que cumplen con el mandato de la autoridad administrativa.

Hay que buscarles una solución, Se les podría ofrecer la posibilidad de ingreso como policías penitenciarios o simplemente asignarles otras tareas y brindarles posibilidad de alguna especialización. Su actividad en estas condiciones es demasiado riesgosa y poco productiva. Demasiada exposición en ambiente de riesgo.