El gobierno del relato

Pablo Caffarelli

Hay épocas en que los gobiernos se juzgan por las obras que realizan. Otras, por las reformas que impulsan. Algunas, incluso, por las crisis que logran evitar. Pero existen también administraciones que parecen empeñadas en ser evaluadas únicamente por los relatos que construyen sobre sí mismas.

Esta semana Uruguay asistió a dos episodios que, aunque distintos en apariencia, parecen formar parte de una misma lógica. Una lógica donde la imagen precede a los hechos, donde el anuncio vale más que la ejecución y donde la comunicación intenta ocupar el lugar que debería corresponder a la gestión.

Por un lado, el presidente de la República adquirió el vehículo que había sido utilizado durante la ceremonia de asunción presidencial. Hasta allí, nada extraordinario. Lo llamativo fue que la automotora involucrada le habría otorgado un descuento cercano a los 25.000 dólares, situación que hoy analiza la JUTEP.

Naturalmente, la cuestión jurídica deberá determinarse en los ámbitos correspondientes. Pero la discusión política es otra y mucho más relevante. Porque las democracias modernas no exigen solamente que los gobernantes actúen dentro de la ley; exigen también que se mantengan alejados de cualquier circunstancia que pueda generar dudas razonables sobre su independencia.

La ética pública no se construye únicamente evitando la corrupción. También se construye evitando la apariencia de los favores.

Y cuando una empresa que acaba de vincular su marca a un acontecimiento institucional de máxima visibilidad termina otorgando una ventaja económica significativa al propio Presidente de la República, la pregunta surge sola. Quizás no haya irregularidad alguna. Quizás todo sea perfectamente explicable. Pero precisamente allí reside el problema: los gobernantes no deberían colocarse voluntariamente en situaciones que obliguen a los ciudadanos a preguntarse si existe algo que explicar.

La confianza pública es un cristal delicado. No se rompe solamente por los actos incorrectos.

Sin embargo, si el episodio del automóvil genera interrogantes, el de la Biblioteca Nacional genera algo peor: desconcierto.

Durante años, la Biblioteca Nacional ha sido el símbolo físico de una decadencia cultural que Uruguay se niega a discutir. Un país que supo pensarse como una república de lectores terminó aceptando con resignación el deterioro de una de sus instituciones culturales más importantes.

En los últimos días, Presidencia anunció con entusiasmo una transformación histórica. Se habló de la «Biblioteca del Futuro». Se difundieron imágenes, conceptos, proyecciones y, sobre todo, una cifra: 20 millones de dólares de inversión.

La noticia recorrió medios y redes sociales. Parecía que finalmente existía un plan concreto para rescatar una institución que lleva demasiado tiempo esperando respuestas.

Pero bastaron pocas horas para que apareciera una versión distinta. El ministro José Carlos Mahía primero anunciaba inversión de “20 a 30 millones” y luego el director de la OPP, Rodrigo Arim, relativizó los montos anunciados. Ya no eran veinte millones. Ni siquiera seis. Había ideas, proyectos, aspiraciones. Pero no recursos claramente definidos en la magnitud comunicada.

Entonces surge una pregunta elemental: ¿quién gobierna la información del gobierno?

Porque una cosa es ajustar detalles. Otra muy distinta es anunciar una inversión multimillonaria para que, casi inmediatamente, las propias autoridades se encarguen de desmentirla.

La contradicción sería anecdótica si no reflejara una tendencia más profunda. Pero la refleja.

Parece existir una creciente inclinación a presentar deseos como decisiones, intenciones como políticas públicas y titulares como realizaciones concretas.

La política contemporánea vive obsesionada con la comunicación. Las redes sociales exigen inmediatez. Los ciclos informativos demandan novedades permanentes. La tentación de anunciar antes de construir se vuelve enorme.

Pero gobernar no consiste en generar expectativas. Consiste en producir resultados.

La historia está llena de líderes que comprendieron demasiado tarde que los relatos poseen una gran debilidad: necesitan ser alimentados constantemente porque la realidad los desgasta.

Las carreteras no se construyen con conferencias de prensa. Los hospitales no funcionan con campañas publicitarias. Las bibliotecas no se recuperan mediante renders digitales. Y la confianza pública tampoco se fortalece con lindas palabras.

Al final, los gobiernos terminan siendo lo que hacen y no lo que dicen.

Quizás por eso ambos episodios resultan tan reveladores. Uno muestra la ligereza con la que se administran situaciones que deberían tratarse con extremo cuidado institucional. El otro exhibe la distancia que puede existir entre el anuncio grandilocuente y la realidad presupuestal.

No son escándalos históricos. Tampoco constituyen, por sí mismos, grandes tragedias nacionales.

Son señales.

Señales de una administración que, ante la escasez de realizaciones tangibles, parece comenzar a refugiarse en la construcción de relatos.

Y la experiencia enseña que cuando los gobiernos dedican demasiado tiempo a narrarse a sí mismos, generalmente es porque, en los hechos, no tienen nada importante para mostrar.