A confesión de parte …
Los alegatos de Casaravilla
El ex presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla fue entrevistado “En Perspectiva”, AM1170, donde se manifestó sobre varias denuncias que ahora se concretan a nivel judicial sobre el proyecto de la planta regasificadora. La auditoría de gestión realizada por la consultora PwC que reveló que la regasificadora derivó en 213 millones de dólares de pérdida para el Estado, más otras constataciones de gestión, merecieron para el ex jerarca de la empresa eléctrica la definición de que el país no está preparado para que sus empresas asuman riesgos en el marco de una competencia empresarial.
Casaravilla hizo sus cuentas y sostuvo que «si se hace la cuenta país el número es otro», señalaba que la cuenta rondaba entre 30, 40 o como máximo 50 millones de dólares.
En la entrevista, Casaravilla aseguró que los jerarcas de las administraciones frenteamplistas asumieron, con aquel proyecto, “riesgos” típicos del mercado energético, donde es imposible tener certezas a futuro, como por ejemplo, el precio del petróleo. Y por eso, señaló «no tendría lógica que sean conducidos a la justicia». El ingeniero criticó la decisión del gobierno de remitir el trabajo de PwC a la Fiscalía.
“¿El que tiene que tomar la decisión tiene que estar pensando que, porque quizá alguna de las hipótesis que tomó fue equivocada, puede terminar en un juzgado? Yo creo que estamos destruyendo la gestión pública”, opinó, y enfatizó: “Si el que tenga que tomar decisiones tiene que estar elucubrando y pensando no en tomar la mejor decisión, sino la que lo pone a cubierto de eventualmente terminar en un juzgado, estamos en un problema”.
Casaravilla, ponía el acento de aquí en adelante, él decía «si me llaman voy a ir a la justicia». Pero su preocupación es que, en primer lugar, en las políticas energéticas se necesitan acuerdos y consensos de todos los partidos; y segundo, no deberían existir estos fantasmas, esta posibilidad de que los jerarcas en el futuro tengan que responder por decisiones que tengan «riesgos».
El ingeniero sostuvo que “la ansiedad está tomando el estado de ánimo de los planificadores entonces cuando las cosas no son cómo uno las planifica, lo ejecutan”. Casaravilla agregó que en gobiernos blancos y colorados se construyeron gasoductos con Argentina que también dejaron pérdidas y que a su juicio son mayores que las que dejó el fallido proyecto de la regasificadora.
La denuncia penal finalmente se presentó el viernes 9 de junio y señala que existió un perjuicio económico al Estado por US$ 213 millones, y que existieron de parte de las autoridades de UTE de las anteriores administraciones “actos arbitrarios y abuso de poder”, por lo que se puede haber configurado el delito de abuso de funciones.
El escrito da cuenta que hubo un “perjuicio económico, grave para el Estado, con fondos públicos” que “se podrían haber interrumpido”. La denuncia basada en un informe de la consultora Price waterhouse Coopers de 600 páginas, señala que las pérdidas en la construcción de la planta regasificadora durante el gobierno de José Mujica incluyen los litigios que aún están pendientes de resolución por gastos excesivos.
