Acusación Constitucional contrarreloj

Lorenzo Aguirre

La Cámara de Diputados de Chile aprobó por setenta y ocho votos, contra sesenta y siete – con tres abstenciones -, la “Acusación Constitucional”, recurso buscando la destitución del presidente Sebastián Piñera – segundo intento de la oposición desde las revueltas sociales de dos mil diecinueve -, debido a las “acciones desprolijas” en la venta del urticante megaproyecto minero “Dominga”. Durante las fatigosas jornadas en el Congreso, y hasta el resultado final, el mandatario continuará ejerciendo funciones, pero no podrá abandonar el país. La ley chilena permite que la denuncia se presente hasta seis meses después de finalizado el período constitucional, pero indudablemente el apuro por sacar de La Moneda, a Piñera, es una maniobra política contrarreloj por parte de la izquierda radical teniendo presente las elecciones del 21 de noviembre.

En las elecciones presidenciales chilenas del próximo domingo, más de quince millones de habilitados votarán para renovar parte del Congreso, y definir quién será el sucesor de Sebastián Piñera. En caso de ballotage, se llevará a cabo el 19 de diciembre.

En los comicios anteriores, sobre catorce millones trescientos cuarenta mil ciudadanos votantes, se presentaron a los circuitos seis millones setecientos mil, debido a que, desde el año dos mil doce, el voto no es obligatorio.

Estoy hablando de un cuarenta y seis por ciento de personas para un acto de dicha envergadura, el cual está diciendo al pueblo chileno: ¡señores, estamos en democracia, no en dictadura…vayamos a poner nuestro pensamiento, y apoyemos lo que consideremos mejor para Chile!

Dentro de una campaña calificada de “ sucia, y dura”, donde varios bucaneros han intentado incendiar todo, aparentemente los favoritos son, Gabriel Boric – “Convergencia Social”, partido de izquierda resultante de la unión del “Movimiento Autonomista”(MA),“Izquierda Libertaria”, “Partido Comunista”, “Nueva Democracia” (ND), “Socialismo y Libertad”, todos ellos conformando el “Frente Amplio”-, egresado de Ciencias Jurídicas y Sociales, actualmente diputado, y José Antonio Kast (PLR), presidente del “Partido Republicano” – definido como extrema derecha, ultraconservador, pinochetista -, exdiputado, y candidato en los comicios  de 2017.

Gabriel Boric, presentó su programa de gobierno a tan solo veinte días de las elecciones, dando cuenta de cuatro aspectos principales: descentralización, feminismo, crisis climática, y trabajo digno, además de reformas estructurales en cuanto a salud, pensiones, educación, y tributos, propuestas del Frente Amplio, y el Partido Comunista.

Con respecto a José Antonio Kast – referente de grupos antiinmigración -, dejó el partido de centroderecha y se postuló independiente, fundando una agrupación de derecha dura, transformándose en el Partido Republicano, el cual actualmente tiene dos parlamentarios.

Kast, ha tenido que declarar en varias oportunidades respecto a la llegada de su padre – un ex oficial nazi -, a Chile, como también sobre su amistad con Jaime Guzmán, intelectual conservador de la dictadura de Pinochet, y figura destacada en la elaboración de la Constitución de mil novecientos ochenta, la cual, ahora, se busca modificar.

Kast, quiere una franja en la frontera de Chile con Bolivia, para controlar la migración irregular, y entre su proyecto de gobierno resalta también la sostenida baja de impuestos.

Al parecer, según las encuestas, dichos favoritos se medirán en segunda vuelta, contienda cuyo ganador será el nuevo inquilino en la casa presidencial.

Es indudable que, si en estos días Sebastián Piñera fuera destituido, el hecho sería un golpe demoledor para su partido político, pero, según vienen las cosas, al parecer, en el Senado la oposición no lograría los votos para aprobar la mencionada acusación pues se necesitan veintinueve, lográndolo únicamente si, a los veinticuatro, se sumaran cinco pertenecientes al oficialismo.

El juicio político, que podría provocar la destitución del presidente, apunta a una administración que infringió la Constitución, según indica el documento elevado, el cual consta de doscientas ochenta y cinco páginas.

Es la primera vez que, un mandatario chileno está siendo investigado por la Fiscalía, como asimismo la posibilidad de no culminar su período presidencial, a excepción del gobierno de Salvador Allende, en mil novecientos setenta y tres.

El problema contra Piñera comenzó a raíz de “Pandora Papers”, investigación periodística que, en octubre pasado revelara los nombres de treinta y cinco líderes mundiales – catorce latinoamericanos – involucrados en casos de corrupción, en vinculaciones con paraísos fiscales.

En el caso del presidente Sebastián Piñera, su nombre está relacionado por supuestamente favorecer – entre dos mil diez, y dos mil catorce – la venta del megaproyecto minero “Dominga”, el cual, al parecer, fuera vendido a un empresario amigo del mandatario, por la friolera suma de ciento cincuenta y dos millones de dólares, pero en un acta firmado en las Islas Vírgenes figura ciento treinta y ocho millones.

El “Expediente Denuncia”, señala, tratarse de una negociación incompatible, en la cual, Piñera, se benefició de modo directo, basado en información que contaba en el ejercicio a su cargo.

El Palacio de la Moneda manifestó que, se había investigado al respecto, y luego de un intenso estudio en el año dos mil diecisiete, los Tribunales de Justicia descartaron las acusaciones.

Ahora, bien, si la Cámara de Senadores, actuando como Jurado, vota por la destitución, Sebastián Piñera quedaría por cinco años inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Es oportuno señalar que, una de las partes de dicha transacción, estaba relacionada con la decisión que, el gobierno de Piñera, debía tomar respecto a una cláusula, condicionando el último pago de diez millones de dólares a que no se modificaran medios ambientales en la zona que pudiera afectar el desarrollo minero.

Según el abogado del presidente chileno, dicho apartado tenía vigencia hasta el año dos mil once, por tanto, se estaría buscando juntar períodos, trayendo a tiempo presente, algo ya finalizado.

Por su parte, la “Unidad Anticorrupción” de la Fiscalía, manifiesta la necesidad de investigar a fondo, pues los antecedentes podrían revestir acciones de cohecho, y soborno, eventualmente delitos tributarios.

Asimismo, Piñera, podría también tener que enfrentar el juicio ante un Tribunal, el cual le aplicaría la pena según la infracción, estableciendo responsabilidad civil por daños al Estado.