Ante los agravios de irresponsables

Daniel Chucarro Ruiz

Recuerdo allá por los años 80 cuando debía ir caminando desde Millan y Vilardebó a la ciudad vieja con mi portafolio. Más cómodo seria tomarme un bus y bajarme en la puerta de los juzgados a controlar mis trámites o a representar a alguien en una audiencia ante un Juez. Épocas de riguroso protocolo, el saco y corbata se imponía y algunos jueces observaron a colegas desalineados. Asi que había que caminar con esas vestimentas o hacerse el nudo de la corbata ante el espejo de una farmacia antes de llegar. ¿Porque ir caminando? Pues por la sencilla razón de que si me tomaba un bus, no restaba dinero para la leche de mi hija. ¿Cuántos profesionales pasaron por parecidas vicisitudes? ¿Qué hay detrás de un médico, un odontólogo, una nurse, arquitecto, bibliotecólogo, comunicador, etc.? Cuántos además debieron trabajar para costearse una carrera, cuántos provenientes de la lejana Artigas, Rivera, Tacuarembó, Salto, Paysandú, Rocha, Chuy, etc., debieron haber trabajado. Personalmente, fui cajero de una casa de maquinitas electrónicas, asistente en un estudio jurídico, cuando no en vacaciones ayudante de un tío camionero transportando sandias desde Rivera al mercado en Montevideo y obvio, preparando exámenes. Pues bien, esa es la cara oculta de muchos profesionales cuyo éxito variado les fue premiando en su esfuerzo. Apenas recibidos, obligatoriamente deberíamos acudir a la CJPPU y enterarnos que a partir del mes siguiente comenzaba un reloj imparable de pagar mes a mes una cuota a cuenta de la jubilación; eso sí, con o sin trabajo y por ende cobro de honorarios. Esa es la realidad de algo más del 60 % de los profesionales universitarios. Como también es la realidad de 90.000 que hoy en día por diferentes circunstancias no pueden pagarse su futura jubilación y se encuentran en declaración de no ejercicio, peligrosa bomba de tiempo que les estallará a la vejez. Hoy en día ante la temeraria apuesta del Poder ejecutivo y el directorio de la CJPPU de aumentar el aporte de los activos de un 16.5 a un 19 %, así como hacer que la tasa de remplazo sea más gravosa al momento de jubilarse, e imponer a los jubilados hasta un 10 % de un nuevo impuesto a sus asignaciones nominales de retiro, alguien comete el agravio, la estupidez, la osadía de decir al barrer que los profesionales somos privilegiados. Saben los señores periodistas (por ubicarlos en la fauna) Emiliano Cotelo y Martín Bueno, respecto de nuestras realidades. Saben que existen miles y miles de personas de otras actividades que perciben mejores ingresos, tanto por actividades como por jubilaciones promedio. ¡Que saben, no saben nada!

Y es que así, muy sueltos de cuerpo, el Dr. Bueno en su infancia profesional, expresa públicamente que la sociedad nos paga nuestras jubilaciones. Un atrevido, que vomita un comentario tan audaz como ofensivo, que no se puede dejar pasar; con el descaro – ver video- de todavía hacer pose de intelectual queriendo crear el desprecio de la sociedad a sus profesionales que bien necesarios son en la sociedad. Semejante afrenta, o bien es gratuita por un «aprendiz de brujo», o bien mandado que deberes hace cuan mercenario al servicio de quienes quieren no solo destruir nuestra Caja profesional, sino entregarla a las fauces de las AFAPS cuyo sirviente bien rentado es el Dr, Saldain. Y es que rompe los ojos el maquiavélico plan al servicio de utilizar los aportes de los profesionales activos a una máquina de especulación financiera que nada deja a la sociedad y mucho se lleva al exterior. Y todavía con la riesgosa apuesta de que futuros jubilados reciban, si así reciben, menguadas jubilaciones o tal vez ninguna por parte de empresas foráneas que bien se sabe han quebrado y quiebran en todas partes.

Decir que la sociedad nos paga es navegar en la mentira y la ignorancia cuando no, como se dijo, hacer mandados a quienes nos ven como presa o botín.

La sociedad no nos debe nada ni cuando deba compensar las peores administraciones de la CJPPU tampoco nos deberá nada.

Y es así porque, aportamos, mes a mes, a cuenta de nuestra jubilación.

Porque además a los jubilados hace más de 15 años nos vienen desangrando con el mal llamado impuesto, que es un robo, que lleva el pomposo nombre de IASS, cuyo producido se vierte enteramente al BPS y no a nuestra Caja. Algo así como que se desviste un santo para vestir a otro, pues el BPS, desfalcado por innumerables administraciones, » nos chupa la sangre» motivo por el cual estamos en una situación financiera dificultosa. Solo la ignorancia de esos libelistas opinólogos, desconocedores de los temas que tratan o lo peor, como se dijo, «mandaderos» puede desvirtuar una realidad. Y lo peor, «escupen para arriba» pues en la vida profesional no todo es buen momento, y ya verán cuando, «en las malas» que las hay, y no escaparan, aprecien el daño que han hecho y el arrepentimiento de no haber estado a la altura de sus colegas. Verdaderos traidores cuyo precio pronto vendrá, sin dudas. Y lo digo porque he visto a muchos periodistas, profesionales, políticos en la gloria, un buen y sorpresivo día, volver a un programita de baja calidad y audiencia, o arrastrándose, cuando no pidiendo ayuda, o después de viejos,» volver a caminar por las calles de Montevideo o los dispersos juzgados de Canelones.

Por lo tanto, que se sepa, que el aporte estatal anunciado por el ministro de trabajo Dr. Mieres, el reconocimiento de la responsabilidad del estado por parte de la cara visible de las AFAPS, el Dr. Saldain, no es otra cosa que lo previsto en la Constitución y la ley.

En la Constitución que ampara a todos los jubilados a percibir una jubilación digna, máxime cuando ese derecho nace de quienes mes a mes durante años aportaron de sus ingresos provenientes de su actividad.

De la ley porque los profesionales no se les ocurrió un buen día hacerse una caja de auxilios o un seguro donde sí se corren los avatares de las finanzas.

Fue al poder público, al Estado y sus gobiernos que impusieron a los profesionales ese sistema encapsulado y obligatorio, administrado por 5 y a veces 7 incompetentes, cuya integración tenía y tiene dos personajes designados a dedo por el Poder Ejecutivo de turno cuyo voto se impone obligatoriamente en ciertos casos y hace mayoría en otros, pero siempre bien pagados por nosotros y bien mandados por los gobiernos.

Entonces, no es la sociedad que nos debe auxiliar, es el estado que nos debe reembolsar lo que nos fue quitando sangría mediante durante años.

Todo ello para aclarar lo que esos audaces de turno han expresado aviesamente para crear un ambiente hostil de la sociedad a sus profesionales, sin cuyo concurso, no existe sociedad que funcione correctamente.