“Amarilla con pecas”

Ronald Pais

Un ingenioso locutor de fútbol local acuñó esta expresión para señalar cuando un jugador comete una falta que pudiera haber merecido la expulsión, pero, finalmente, el árbitro le exhibe una tarjeta amarilla y el player puede seguir jugando, aunque fuertemente condicionado porque todo el mundo sabe que estuvo al límite. Si Uruguay como país fuera un jugador de fútbol sería bueno que se desayunara acerca de que está muy cerca de recibir una tarjeta “amarilla con pecas” que hasta pueda derivar en una roja de expulsión, más adelante.

Nos referimos a la insistencia del partido gobernante actual, de mantener relaciones carnales con cuanta dictadura comunista anda por el barrio latinoamericano, y cuando ese no es el caso, de abrazarse con figuras de gobiernos devaluados o cuestionados fuertemente en sus respectivos países y hasta en el contexto internacional.

La reciente participación del Presidente uruguayo en la 17ª. Cumbre de BRICS, el promocionado encuentro con presidentes ideológicamente afines y la visita del Presidente español, que tiene a sus más allegados presos o con prohibición de salir del país por actos de corrupción y a los que se agrega su propia esposa sobre la que pesan múltiples acusaciones, son perlas de un collar que van señalando la deriva en el posicionamiento internacional que parece afectar al Uruguay desde el advenimiento del FA al gobierno nacional.

Pero desearía referirme a algo más concreto. Ese foul que nos puede hacer merecedores de una sanción internacional. Y hablo en primera persona del plural porque los perjudicados seríamos todos los uruguayos.

Los mensajes y presiones de la izquierda radical que domina al Frente Amplio son constantes. Todos nos preguntamos cuánto podrá aguantar la permanente pulseada a la que están sometidos, tanto el ministro de Economía como el propio presidente de la República.

Entre esas presiones e iniciativas que se pretenden impulsar por los que sienten un amor incondicional con la dictadura cubana está la de ahondar relaciones con ese régimen, incluyendo un convenio de cooperación que reviva las brigadas de médicos cubanos actuando en nuestro país.

Ha quedado demostrado, por múltiples testimonios, que se trata de un vil tráfico humano, donde los que realmente son médicos (porque muchos no lo son y porque se ha utilizado esa fachada para encubrir la penetración de espías cubanos) reciben una miseria por su trabajo y el grueso de los emolumentos son embolsados por la dictadura.

Estados Unidos ha reaccionado con especial fuerza contra estas maniobras del régimen castrista, develando que Cuba continúa obteniendo beneficios del trabajo forzado de sus trabajadores en programas de “exportación” de su fuerza laboral, incluyendo las misiones médicas en el extranjero, mientras que se priva a su pueblo de la atención de esos profesionales que los cubanos necesitan desesperadamente.

Es por eso que el secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio, anunció, el pasado 25 de febrero de 2025, la ampliación de las restricciones para la concesión de visas para ingresar a los Estados Unidos no solamente a funcionarios del gobierno cubano sino también de gobiernos extranjeros que sean responsables o estén involucrados en los programas de exportación de trabajo de Cuba. Esta política no sólo abarca a los funcionarios de esos países sino también a sus familiares.

Esto no es un tema teórico, sino que ya se ha empezado a aplicar a diversos países de América Central. No sólo Rubio juega en este asunto, también el SubSecretario de Estado, Christopher Landau es un protagonista de pierna fuerte, como puede dar testimonio reciente la misma OEA.

Menciono ahora, el caso de la trama relacionada con el otorgamiento de pasaportes truchos, que nunca se terminó de aclarar. Nunca se supo cuándo comenzó, quienes eran todos los implicados y si todos ellos comparecieron ante la Justicia. Nunca nos enteramos como era la maniobra y qué participación le correspondía a quién. Y ello nunca se supo porque el Comité de Base en el que convirtieron a la Fiscalía no avanzó en la investigación y no se culminó la intervención del Poder Judicial para llegar al tuétano de esta oscura madeja.

Este asunto, las idas y venidas por el famoso pasaporte otorgado al narcotraficante Marset y ahora, la eliminación del lugar de nacimiento en los nuevos pasaportes, modificación que nadie sabe por qué se hizo y qué beneficios le da a Uruguay, han logrado una devaluación evidente en el prestigio internacional de un documento uruguayo que era sumamente respetado a nivel mundial.

A lo anterior se agrega el episodio del iraní que entró al Uruguay con pasaporte falso y luego intentó viajar a El Salvador, pero allí sí detectaron la falsificación y lo retornaron a Uruguay.

Uno se plantea entonces y creo que fundadamente. Si durante años se otorgaron pasaportes falsos y nadie lo detectó. Si un cuestionado otorgamiento de un pasaporte a un conocido narcotraficante permitió que saliera parcialmente a la luz aquella operativa que, no terminó de esclarecerse porque, deliberadamente, se abortó la investigación. Si está comprobado que Irán es una especie de padrino-mecenas del terrorismo internacional y un iraní entra al país con pasaporte falso como perico por su casa y nadie lo advierte. Tampoco nadie sabe a qué vino, ni si se hizo una investigación seria sobre esta persona. Entonces ¿qué garantías existen de que no se seguirán otorgando indebidamente pasaportes uruguayos a personas que no reúnen las condiciones legales para obtenerlos?

Con el último cambio en la emisión de los pasaportes que tanta resistencia internacional ha provocado y tanto perjuicio a muchos viajeros ha acarreado. ¿No sería mucho más sensato volver un paso atrás y volver al formato anterior? Parece que esto no pasa por la mente del nuevo Canciller, que sale en los medios con una postura soberbia que no condice con su estatura en este asunto y, tozudamente, insiste en mantener la modificación. ¿A quién le sirve o a quién se quiere beneficiar con esa medida?

El argumento de que es para “poner en igualdad de condiciones a los ciudadanos nacidos en el extranjero con los que nacieron dentro del territorio nacional” es un verso. Nada afecta la igualdad de las condiciones que figure la constancia de una realidad diferente: unos nacieron en Uruguay y otros no.

¿No sería lógico sospechar también, que algo tienen que ver Cuba y Venezuela con este tema? ¿No será una forma de facilitarle a algunas personas la asunción de una falsa nacionalidad para eludir las restricciones que les son impuestas por otros países?

Se dice que existen unos 20.000 inmigrantes a los cuales se les va a regularizar su ingreso a Uruguay. ¿Qué investigación se haya hecho acerca de estas personas para evitar la penetración de agentes profesionales u operadores al servicio del terrorismo internacional y del narcotráfico?

A todo esto, el Programa Visa Waiver que estaba muy avanzado y que permitiría a los uruguayos viajar a Estados Unicos sin Visa se ha visto enlentecido o directamente detenido por todo este mal manejo que se hace de un tema sensible como es, nada menos, que el otorgamiento de pasaportes.

A no quejarse luego si Estados Unidos nos aplica la legislación que ya tiene aprobada. ¿Alguien cree que podemos permitirnos el lujo de que no se le otorguen visados a los uruguayos para viajar a Estados Unidos? ¿Alguien cree que viendo las malas compañías que parece querer estar buscando este gobierno, tengamos algún revés en las condiciones comerciales que trabajosamente se alcanzaron con aquel país?

Si alguien lo cree, puede ir con la “plancha” levantada en la próxima jugada. Pero si nos sacan tarjeta, a llorar al vestuario.