Ausencia de controles habilitan desbordes
Marcelo Gioscia
Ha tomado estado público la existencia de una Organización No Gubernamental, que tenía por fin la recuperación de personas privadas de libertad, atender las adicciones y mejorar el ambiente de violencia dentro de los establecimientos penitenciarios, alejando del delito a los internos que habría percibido importantes sumas de dinero del Erario Público, por contratos que no llegaron a cumplirse. En este caso, la suspicacia aumenta al haberse contratado a fines de Diciembre de 2019 a instancias de la Junta Nacional de Drogas, un Convenio con el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación, bajo el nombre “Nada Crece a la Sombra”, poco antes de producirse el cambio de gobierno nacional el pasado 1ero. de Marzo de 2020, habiéndose previsto la creación de un Comité Técnico, que jamás se instaló. Y lo que es peor, comenzó a “ejecutarse inmediatamente” con un depósito de un millón y medio de pesos y a fines de 2020, la actual Administración basada en un informe del INR, abonó lo que se “adeudaba”, sin que el informe que se remitiera contuviera la realidad de la situación. Realmente grave. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son instituciones privadas, cuyo desarrollo tiene su impulso luego de la Segunda Guerra Mundial y son reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas que se firmó en Junio de 1945. Sin embargo, la ONU no las define hasta 1950, en una Resolución del Consejo Económico y Social. Aunque técnicamente, cualquier asociación civil privada podría ser definida como una “organización no gubernamental”, en la práctica sólo se consideran ONG a las organizaciones que cumplen al menos estos requisitos: ser independientes de las instituciones, de los poderes públicos y de los partidos políticos; trabajar por un bien social; hacerlo sin ánimo de lucro. Lamentablemente en nuestro país, el sistema normativo que las debiera regular se presenta como incompleto y falto de la necesaria organicidad, principalmente al momento de constatarse irregularidades o desviaciones en el cumplimiento de sus fines. Y esta especie de “ausencia normativa” específica, puede habilitar discrecionalidades por parte de la Administración y posibilita decisiones arbitrarias que a la postre, pueden mostrarse abiertamente como contrarias a derecho y con desviación de poder. Según lo que ha trascendido en el caso que motiva nuestra opinión, la percepción de varios millones de pesos uruguayos, que estarían en cuentas de la ONG en cuestión, no ha tenido siquiera la contrapartida del cumplimiento de lo acordado y habría sido éste, uno de tantos contratos por el estilo, que no contó con un organismo estatal que controlara el avance o el cumplimiento de lo acordado. Situación que no es nueva en nuestro país y que se viera incrementada en los quince años de gobiernos del Frente Amplio, donde sumas de dinero verdaderamente importantes, se destinaban a este tipo de asociaciones civiles “sin fines de lucro”, pero generalmente vinculadas política o ideológicamente a los jerarcas que decidían –incluso con un pie en el estribo- estos contratos. Fueron las que financiaron desde “hogares para gente sin hogar” hasta antenas de radios que debían -recién luego de su adquisición- ponerse en marcha. Nada más alejado de la aparente noble motivación que impulsa su creación y puesta en funcionamiento. Mientras tanto, el contribuyente sigue viendo el incierto destino de sus dineros, que van a las arcas de un Estado que no controla lo que debiera, a la hora de asignar estos recursos por siempre, escasos. En esta materia, la ciudadanía espera que sigan prosperando las prometidas auditorías, las que habrán de asignar las responsabilidades que correspondan a cada quien y eventualmente intentar de ellas algún tipo de resarcimiento.
