Brasil defiende su Democracia
Adrián Báez
Histórica condena a Jair Bolsonaro por intento de Golpe de Estado. En un fallo que marca un antes y un después en la historia política y judicial de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF) condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por liderar una conspiración golpista destinada a perpetuarse en el poder tras su derrota electoral en 2022. La sentencia, emitida por la Primera Sala del STF, representa no solo una sanción ejemplar contra el exmandatario, sino también una firme defensa del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas brasileñas.
El proceso judicial contra Bolsonaro se desarrolló con una intensidad pocas veces vista. Cuatro de los cinco jueces del panel votaron a favor de la condena, entre ellos Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin. El único magistrado que se abstuvo fue Luiz Fux, dejando al exmandatario sin respaldo suficiente dentro del tribunal.
La sentencia incluye cinco delitos graves: organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de Derecho, ensayo de Golpe de Estado, daños calificados por violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio histórico. De los 27 años impuestos, 24 años y nueve meses deberán cumplirse en régimen cerrado, lo que obliga a Bolsonaro a iniciar su pena en prisión.
Más allá de la condena individual, el fallo del STF envía un mensaje contundente: ningún intento de subvertir el orden constitucional quedará impune. La jueza Cármen Lúcia lo expresó con claridad al afirmar que “hay pruebas concluyentes de que Bolsonaro lideró un grupo que intentó abolir el Estado democrático de derecho y deponer al gobierno legítimamente constituido”.
El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, fue aún más enfático: calificó a Bolsonaro como el líder de una organización criminal que atentó contra las instituciones democráticas. Su postura, respaldada por la mayoría del Tribunal, refleja el compromiso del STF con la preservación de la legalidad y la alternancia legítima en el poder.
La condena ha generado reacciones en todo el mundo. Mientras líderes latinoamericanos celebraron el fallo como una victoria de la Democracia, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo calificó como una “cacería de brujas” y anunció represalias diplomáticas contra Brasil.
La Embajada estadounidense en Brasil criticó públicamente al juez Moraes, acusándolo de “violador de derechos humanos” y de liderar una persecución política. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil respondió con firmeza, asegurando que “la democracia brasileña no se dejará intimidar por amenazas externas”.
La condena a Bolsonaro no solo lo inhabilita políticamente hasta 2030, sino que también afecta a otros siete acusados, entre ellos exasesores y militares de alto rango. Las penas individuales oscilan entre los 2 y los 26 años de prisión, y se aplicarán en distintos regímenes según la gravedad de los delitos.
Este fallo representa la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado. En palabras del juez Zanin, “la justicia ha hablado con claridad: la democracia no es negociable”.
La condena a Jair Bolsonaro no solo representa una sanción penal, sino también una reafirmación del principio más esencial de toda república democrática: el Estado de Derecho. En Brasil, como en cualquier democracia madura, las leyes no están al servicio de los poderosos, sino que rigen por igual para todos, sin distinción de cargo, influencia o ideología. Este principio fue el que guió al Supremo Tribunal Federal en su histórica decisión.
El Estado de Derecho garantiza que el poder no se ejerza arbitrariamente, que los derechos fundamentales sean protegidos, y que las instituciones funcionen con transparencia y responsabilidad. Cuando un líder intenta subvertir ese orden —como lo hizo Bolsonaro al desconocer los resultados electorales y alentar una insurrección— se pone en riesgo no solo la legalidad, sino la propia esencia de la democracia.
En este contexto, el rol del Poder Judicial adquiere una relevancia crítica. La independencia de los jueces no es un privilegio corporativo, sino una garantía para la ciudadanía. Solo un Poder Judicial libre de presiones políticas puede actuar como contrapeso frente a los abusos del Ejecutivo o del Legislativo, y proteger los derechos de los ciudadanos frente a cualquier intento autoritario.
El Supremo Tribunal Federal, al actuar con firmeza y sin ceder ante presiones internas ni externas, demostró que la justicia brasileña está dispuesta a defender la Constitución incluso cuando eso implica juzgar a quienes alguna vez ocuparon la más alta magistratura del país. Como expresó la jueza Cármen Lúcia: “La democracia no se defiende con discursos, sino con decisiones valientes que preserven el orden constitucional”.
Este fallo no solo juzga el pasado, sino que proyecta un mensaje hacia el futuro: en Brasil, la democracia tiene defensores institucionales capaces de resistir embates autoritarios. El Estado de Derecho no es una abstracción jurídica, sino una práctica viva que se sostiene gracias a jueces independientes, ciudadanos informados y una sociedad civil activa.
La condena a Bolsonaro será recordada no solo por su impacto político, sino por haber reafirmado que en Brasil —y en cualquier democracia que aspire a ser auténtica— nadie está por encima de la ley.
La sentencia del Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro es mucho más que una condena penal. Es una reafirmación del compromiso de Brasil con el Estado de Derecho, una advertencia contra el autoritarismo y una lección para quienes pretendan socavar las bases de la democracia.
En tiempos de polarización y desinformación, el STF ha demostrado que las instituciones pueden resistir y prevalecer. La historia juzgará este momento como uno en que la justicia se alzó para proteger lo más sagrado de una república: el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes.
