Como en 1980, los batllistas votamos NO
Fátima Barrutta
Esta es la última columna en que podré reflexionar con ustedes sobre el referéndum del domingo 27, dado que el viernes que viene ya estará en vigencia la veda informativa.
La última semana será de mucho bullicio y no faltará la agresividad habitual de las redes, un territorio virtual donde muchos juegan a ser violentos, escudados en el anonimato.
Los gritos deberán dar paso a la reflexión serena de cada ciudadano. Los políticos no podemos esperar que cada votante lea cada uno de los 135 artículos en discusión y menos que se interiorice de las razones que tiene el gobierno para apoyarlos y la oposición para criticarlos.
Parece evidente que el alma pronunciará un voto más emocional que racional, más de adhesión oficialista u opositora, que de análisis exhaustivo del tema en debate.
Hacer esto último sería imposible, porque es obvio que en más de un centenar de disposiciones, habrá algunas con las que estaremos más de acuerdo y otras con las que discreparemos.
Para eso existe el sistema democrático representativo: en cada elección parlamentaria, la ciudadanía elige a aquellos senadores y diputados en los que cree para que la representen, formulando y aprobando leyes que cuentan con ese grado de legitimidad.
De entre las críticas más disparatadas que ha hecho el Frente Amplio a la LUC, creo que la que bate todos los récords es la que dice que fue una ley hecha de espaldas al pueblo y entre cuatro paredes.
¿Es estar de espaldas al pueblo, representarlo fielmente por los votos obtenidos en la elección de 2019?
Las cámaras de senadores y diputados, ¿son acaso guaridas clandestinas, donde conspiradores secretos operan contra el interés de la gente? ¡Qué tontería!
Tan no es así, que la cámara de representantes recibió más de 160 delegaciones; y lo mismo sucedió en el Senado.
Tan no fue así, ¡que hasta los legisladores del FA votaron varias de las disposiciones que ahora dicen querer derogar!
A partir de esa falacia infantil, la oposición preparó un arsenal de cuestionamientos a disposiciones parciales de la LUC que, como no convencían a nadie, hubo que exagerar y distorsionar, para hacer decir a la ley cosas que no dicen.
Todo fuera con tal de engatusar a los uruguayos y predisponerlos en contra de un gobierno que, a pesar del tsunami que significó la pandemia a todos los niveles, supo mantener el timón con firmeza y superar adversidades, tanto las de ese flagelo mundial como las heredadas del ciclo de gobiernos del Frente Amplio.
A más de un año y medio de vigencia de la LUC, los datos matan el relato: en el país hay más seguridad; los casos de abuso policial son contados con los dedos y sobre ellos recae todo el peso de la ley, como corresponde.
La gobernanza de la educación es más eficiente y proactiva, liberada de esas direcciones múltiples con personas de ideologías opuestas, que trancaron todos los cambios a partir de la nefasta Ley de Educación del primer gobierno de Vázquez.
El índice de desempleo no solo bajó respecto a los niveles de la pandemia, sino que también lo hizo en relación a los últimos años de conducción del FA.
Hay menos gente en seguro de paro que en 2019. Hay más gente con trabajo. Y está firme el compromiso de una recuperación salarial a mediano plazo, a pesar del desastroso déficit fiscal heredado y la caída de la actividad durante la pandemia.
Otra de las tonterías que algunos frenteamplistas repiten sin base racional alguna, es la de que este es un gobierno que trabaja para enriquecer a los empresarios, en contra de la clase trabajadora.
Aquí la falsedad es mayúscula, porque el 90% de los empresarios en este país son micro y pequeños: el cuentapropista que ofrece servicios de cerrajería o electricista, el pequeño almacenero de barrio, la peluquera que alquila un localcito o atiende a domicilio.
No es gente que se enriquezca: es gente que apuesta a ganarse el sustento sin el amparo del Estado y que lo menos que merece, es que el gobierno no la atosigue a impuestos y la castigue por tratar de mejorar sus ingresos honestamente.
El FA sigue mirando la realidad en el espejo deformante de las relaciones laborales del siglo XIX, cuando las empresas eran gigantescas y los trabajadores no tenían protección legal.
Parecen no haber tenido en cuenta que por este país pasó un hermoso vendaval de justicia llamado Batllismo, que hizo del empresario no ya un explotador, sino una herramienta de desarrollo y creación de fuentes de trabajo.
Por eso, este 27 de marzo, la discusión no estará en si se privatiza la educación o se consagra el gatillo fácil.
Todas esas mentiras son destinadas a ocultar la verdadera intención opositora: hacerle una zancadilla a un gobierno que está haciendo las cosas bien, rompiendo con tres lustros de hegemonía cultural marxista y alumbrando un nuevo porvenir para los uruguayos, en el que se premie el trabajo, el estudio y el esfuerzo, y no el resentimiento ni la ignorancia.
A ese país felizmente superado, de quienes desprecian a la gente que quiere progresar, es al que debemos decir No.
Debemos decir un fuerte No al país que privilegia a los delincuentes por sobre los policías.
Un contundente No a los que apuestan por una niñez y juventud ignorantes y dóciles, fácilmente maleables.
Un gigantesco No a los que aplauden las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y ante la monstruosa invasión rusa a Ucrania, inventan conspiraciones occidentales para justificar la política de un genocida como Putin.
Como Enrique Tarigo y Jorge Batlle lo hicieron en 1980, el domingo 27, los batllistas sabremos qué votar.
