Conflicto en Secundaria
Marcelo Gioscia
La intención de utilizar una entrada lateral del histórico edificio que ocupa el IAVA (Instituto Alfredo Vázquez Acevedo) dependiente de Enseñanza Secundaria y por ende del Consejo Directivo Central, dejó al descubierto una situación que era desconocida por las autoridades. Ninguna de las tres llaves de acceso a ese espacio estaba al resguardo de la dirección de ese centro de estudios, sino que el lugar, -que en puridad no es más que un corredor- estaba siendo utilizado como espacio gremial, siendo “gestionado” por los estudiantes. Su estado de conservación -que se hizo público luego del desalojo- resulta deplorable. Las autoridades legalmente constituidas exigieron al Director de ese instituto ejerciera su autoridad y que obtuviera la “recuperación” de ese espacio, a lo que el funcionario se negó y ello significó se le decretara un sumario administrativo y la separación del cargo hasta que finalice esa instancia, con retención del 50% de sus haberes, como es de estilo, en casos como el que nos ocupa. Lo cierto es que, esta situación de por sí –si se quiere menor, o interna- se ha constituido en un hecho político, con declaraciones de los gremios estudiantil y docente, ocupaciones y pancartas, así como solicitudes de renuncia a las autoridades, exigiendo el reintegro del Director objeto del sumario y el rechazo de los agremiados al llamado efectuado para cubrir el cargo, mientras dure su ausencia. Hubo al parecer hasta una denuncia penal por amenazas e “insultos homofóbicos”. Además de estas posturas de los diversos “actores” directamente involucrados en este escenario, han manifestado su apoyo a los estudiantes, el propio presidente del Frente Amplio quien también se hizo presente en el lugar, además de padres de alumnos y hasta de la propia Intendente de Montevideo. Lo inaceptable es que desconozcan el principio de autoridad, cuyo ejercicio le corresponde a las autoridades de la Enseñanza Pública, que deben velar no sólo por el derecho de los estudiantes a recibir sus clases (el gremio docente dispuso un paro de actividades que se extendió hasta el pasado viernes) ya que los liceos de la capital permanecieron abiertos, sino además velar por los bienes patrimoniales cuyo mantenimiento se les confía para el cumplimiento de sus fines y se manifiesten temerariamente a favor de un funcionario público que desconoce la orden recibida. Funcionario éste, sujeto a jerarquía que tendrá todas las garantías de un sumario administrativo, en el que podrá argumentar sus razones y producir prueba que llegue a mitigar su probada responsabilidad en el tema que motiva haber sido separado de su cargo. Seguramente habrá de disponerse también una investigación administrativa, para llegar hasta el fondo de la irregular situación que quedara al descubierto, y poder determinar con precisión quienes -además del director- son también sujetos responsables de lo ocurrido. No se trata aquí de ninguna persecución, sino de utilizar todos los espacios del histórico edificio -que debe ser cuidado y mantenido- en su carácter de bien público, el que debe estar al servicio de la función a la que está legalmente destinado. Nadie puede irrogarse el uso exclusivo de un espacio dentro de un inmueble que integra el patrimonio público. Como tampoco a nadie puede resultarle ajeno que protestar contra lo resuelto, sólo tiene una finalidad política, a todas luces inaceptable. Resulta evidente que cualquier excusa viene bien, cuando se trata de forzar movilizaciones que lleven agua para el molino de los que quieren a toda costa recuperar el poder que perdieron, incluso utilizando argumentos reñidos con la verdad. Todo vale, por aquello de “cuanto peor, mejor”…es una película que ya vimos, ojalá que la ciudadanía al momento de pronunciarse, advierta la maniobra y sepa separar la paja del grano.
