Cumbre CELAC: traspié a la mexicana
Hugo Machín Fajardo (Cadal)
Quien repase el sistema interamericano de justicia originado a partir de 1969 con la firma del Pacto de San José de Costa Rica —que dejaría de tener sentido con la eventual desaparición de la OEA—, podrá constatar el despropósito del presidente anfitrión del descolorido encuentro de la CELAC. Respecto, a la Unión Europea, la misma se creó con mutua cesión de soberanías precisamente para que el principio de «no intervención” no sea una tapadera para violar los derechos humanos dentro de fronteras. Alguien debería explicárselo a López Obrador.
A una década de su fundación, la sexta reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) —nacida en Caracas impulsada por Hugo Chávez— realizada el pasado 18 de septiembre, no pudo tener peor desempeño.
El desacierto en materia de derechos humanos, libertades y geopolítica para la región aportado por el deslucido encuentro de jefes de Estado, tuvo como principal responsable al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En los 44 puntos de una declaración, cuya concreción está por verse, no se mencionó la «sustitución» de la OEA propuesta por AMLO y las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, con apoyo del gobierno boliviano.
Quien repase el sistema interamericano de justicia originado a partir de 1969 con la firma del Pacto de San José de Costa Rica —que dejaría de tener sentido con la eventual desaparición de la OEA—, podrá constatar el despropósito del presidente anfitrión del descolorido encuentro de la CELAC.
Pero es más serio el asunto: otorgarles a dictadores que tienen sus manos manchadas con sangre de sus gobernados, que han generado —caso venezolano— la migración más numerosa que se tenga memoria en Latinoamérica, deja en claro que AMLO no es un presidente con convicciones democráticas. Por el contario, se apoya en regímenes represores de sus pueblos.
Amlo no sabe. Y sobre el tema divisorio entre democracia y dictadura en el presente regional —respeto o irrespeto por los derechos humanos— la propuesta mexicana de que se «se diriman a petición de las partes en instancias verdaderamente neutrales creadas por los países de América y la última palabra la tengan las agencias especializadas de la Organización de la Naciones Unidas», dejó en claro que AMLO no sabe de qué habla. Máxime, si lo unimos con la otra fantasía made AMLO de crear en Latinoamérica una especie de Unión Europea.
En primer lugar, ese contralor de los derechos humanos por la ONU, que —según él— debería ser con irrestricto respeto de «la no intervención (y) la autodeterminación de los pueblos», no ha sido la praxis europea. En Europa existe un avance iniciado con el juicio de Núremberg en 1946, lento pero permanente, hacia un respeto cada vez mayor por los derechos humanos de las personas independientemente de los Estados en que se registren las violaciones. En la ex Yugoslavia (1993); en Ruanda (1994); Sierra Leona (2002); Camboya (2003); demostrado en esos tribunales de la ONU para los crímenes de guerra, en la Corte Penal Internacional creada en 1998 en Roma; en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Internacional de Justicia, el Consejo de jueces de la Cámara de los Lores y otros tribunales europeos encargados de interpretar las leyes sobre derechos humanos.
Europa lleva décadas recorriendo un sentido opuesto al que piensa AMLO. Ese derrotero le permitió en julio de 1996 al abogado Joan E. Garcés iniciar en Valencia, España, el procesamiento del dictador chileno Augusto Pinochet. Esa tendencia generó la presión internacional sobre Serbia en abril de 1999 para que entregara a Milosevic y que compareciera por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal de La Haya. Contra ambos procedimientos se alzaron voces de la izquierda latinoamericana y también europea, que abogaban por la soberanía del Estado-nación, contraponiéndose a la reivindicación de verdad y justicia de las víctimas.
Europa, no es. Hoy en la Unión Europea (UE) cuestionan la permanencia de los regímenes autoritarios de Viktor Orbán, Hungría, y del partido gobernante Ley y Justicia (PiS), Polonia, en el proyecto europeo. Ambos países que acumulan una lista de leyes y normas poco democráticas y han socavado sistemáticamente el Estado de derecho, ahora se niegan a participar en una nueva Fiscalía Europea cuya finalidad es perseguir delitos relacionados con fondos europeos. Es que la UE se creó con mutua cesión de soberanías precisamente para que el principio de «no intervención” no sea una tapadera para violar los derechos humanos dentro de fronteras. Alguien debería explicárselo a López Obrador.
En segundo término, es cierto que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU increíblemente es integrado por representantes de regímenes violadores de las libertades fundamentales, porque la ONU se maneja en todos sus ámbitos con un criterio de representatividad de los Estados. Y si se estima que los países que cuentan con una democracia aceptable apenas superan la veintena en el mundo, contra más de medio centenar de Estados sin libertades es previsible que allí se sienten representantes de países autocráticos.
Pero no menos cierto es que el régimen internacional de derechos humanos (RIDH) de la ONU cuenta con otros órganos y tratados. Y hace un año precisamente la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe elaborado por la misión independiente de las Naciones Unidas para Venezuela, en el que se estableció que el «Estado venezolano debe de exigir cuentas a las personas responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas (…) patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado (…) parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad».
Nada, salvo… La CELAC reúne a 33 países que fueron convocados para intentar revertir la infame situación en materia de vacunas que viven los países de la región azotados por la pandemia— Haití llega hoy a 0,2% de vacunados totales, y países como Colombia, apenas están en un 32,9 %, o Argentina, con un 47,7%—; para proponer una solución al acceso inequitativo a las vacunas; para empoderarse de la tragedia de los miles y miles de migrantes centroamericanos, ahora rechazados a latigazos en el Río Bravo, y ni siquiera el tema fue incluido en la agenda a debatir; para coordinar acciones ante el crimen organizado. Pero los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Panamá que representan al 60 por ciento de la población de los miembros de la CELAC, no asistieron. Los presidentes asistentes no llegaron a la mitad de los invitados.
¿Qué queda de este intento mexicano? El crédito que pueda haber obtenido el flamante presidente del Perú, Pedro Castillo, al afirmar que «hay que luchar por la protección de los derechos humanos, las libertades de todas las personas, la igualdad de género, el respeto a los pueblos originarios y afrodescendientes, entre otros».
La actitud firme asumida por los presidentes de Paraguay y Uruguay, Mario Abdo Benítez y Luis Lacalle Pou, quienes le dejaron claro a Nicolás Maduro y Miguel Díaz- Canel, que dictadores nada tenían que hacer en un foro de países democráticos.
