Decisiones apresuradas suelen resultar caras

Marcelo Gioscia

Desde hace muchos años, nuestro mar territorial y la zona de explotación económica exclusiva de ese espacio oceánico, requiere de una vigilancia que preserve los derechos y la soberanía del Estado uruguayo sobre la misma. La Armada Nacional no cuenta con el equipamiento necesario para ejercer esa vigilancia y control de manera eficaz y a la vez eficiente, lo que ha dado lugar a importantes pérdidas de recursos que bien podrían ingresar a las arcas estatales. Sin embargo, por esa carencia, existe en los hechos y muy a nuestro pesar, una suerte de pérdida de soberanía.

Después de un largo proceso de búsqueda de la mejor opción para adquirir ese equipamiento técnico, se suscribió un contrato con una empresa armadora con sus astilleros en Vigo, España desde hace más de cien años.

Se estudiaron las propuestas, se exigieron garantías de cumplimiento y se aceptó el precio a pagarse por la adquisición de dos patrullas oceánicas, si bien ese contrato se firma en la Administración anterior, la actual ha efectivizado dos entregas más de dinero.

Estamos frente a una entrega a cuenta, de 30 millones de dólares. La actual Administración recibió al principal de la empresa armadora española “Cardama” y han mantenido allá representantes que, con conocimientos técnicos, han controlado y supervisado el avance de los trabajos.

En ningún momento se le manifestó a la armadora, malestar alguno por el desarrollo de los trabajos, pero al parecer, una “irregularidad” advertida en Londres en una de las garantías subsidiarias, habría sido la chispa que encendió la conferencia de prensa, en la que se comunicó la existencia de un probable “fraude” y la voluntad de rescindir el contrato que está en ejecución, así como la correspondiente denuncia penal.

El Sr. presidente de la República acompañado del secretario y del Pro secretario de la Presidencia de la República, hicieron público ese planteo, sin haberse intimado siquiera previamente al co-contratante, a que subsanare la “irregularidad” constatada, enterándose por esa vía, que ésa era la voluntad del Estado uruguayo: dejar sin efecto un contrato que se encuentra en ejecución, en plazo y cuyos términos son Ley entre las partes.

Desde hace mucho más de dos mil años, los griegos enseñaban que: “la prisa es la madre del arrepentimiento”, y las consecuencias de esta decisión apresurada, a nuestro modesto entender, resultará, en definitiva, muy costosa para los intereses nacionales. Obsérvese que, los daños y perjuicios que puede argumentar la empresa armadora española, solo por la insinuación de la que ha sido objeto, podrían sumirnos en un pleito que debiera evitarse, ya que sus consecuencias son impredecibles.

No sólo se postergaría la entrega de las dos embarcaciones objeto del contrato, sino que podríamos perder hasta el dinero entregado hasta el momento.

Al día siguiente ya se habló de llegar a un acuerdo, pero la imagen de nuestro país ha sido afectada. Se impone interpelar a la Sra. ministra de Defensa Nacional, sin más dilaciones y por sobre todo, evitar descalificaciones de tipo personal, que nada bien le hacen a la institucionalidad republicana.