Desafío a la unidad de la coalición en rendición de cuentas

Marcelo Gioscia

Cada Rendición de Cuentas supone un nuevo desafío a la necesaria unidad con que deben proceder los representantes de la coalición republicana, en la que se han dado muestras de falta de coordinación con los legisladores. Cuando los recursos de que se dispone son escasos, es preciso actuar con la mayor coherencia posible al momento de asignarlos, más aún en un período de gobierno en que se han hecho muy importantes esfuerzos presupuestales por atender los efectos sociales de todo tipo que causó la superada pandemia. La feliz apuesta presidencial a la “libertad responsable” de los uruguayos, permitió capear el temporal de la mejor manera, no obstante ello, la extensión de los beneficios por seguros de desempleo y el fortalecimiento de los programas de asistencia a los más vulnerables insumieron ingentes esfuerzos financieros que, en los hechos pudieron postergar algunos planes. Se han priorizado programas que suponen la apuesta al desarrollo productivo, trátese de la matriz energética, las comunicaciones o de las inversiones en infraestructura en obras públicas en todo el territorio nacional, para mencionar solo algunas de las más visibles. Entre el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, firmado por todos los Ministros de Estado que integran la coalición debiera existir la mayor coherencia con el proceder de los Legisladores, quienes claro está, buscan reasignar recursos de acuerdo a promesas de su sector partidario. Resulta entendible que cada legislador busque dejar constancia de su intento por contemplar el área a la que aspira se le puedan reasignar recursos, pero a la vez, debieran encontrarse las fuentes para financiar los mismos. Nadie puede poner en duda -atento a los datos hechos públicos sobre suicidios y el incremento de los problemas de adicciones en los jóvenes- la importancia que tiene el “Plan de Salud Mental y Adicciones” dentro de las prioridades a tener en cuenta en este proyecto presupuestal. Urge contar con los recursos que inicialmente le fueran asignados para su correcto funcionamiento, el que redundará en mejores tratamientos, disminuir las muertes por autoeliminación (el 50% de estas personas son menores de treinta años) y mejorar la calidad de vida de los adictos y su entorno familiar. Cuando la frazada resulta corta, algo queda a la intemperie y por ello, debiera actuarse con la mayor ponderación para no desestructurar sistemas armados, que son resultado de evaluaciones técnicas, horas de dedicación profesional y compromisos asumidos en áreas tan sensibles como ésta, muchas veces soslayada a la hora de asignarle recursos. Pues este plan -ciertamente integral- para encarar la Salud Mental y las Adicciones, que se proyecta entre en vigencia a partir de Enero de 2024, supone la implementación de acciones que en su conjunto, implicarán un cambio significativo en la materia, que atenderá a casi cuarenta mil jóvenes en siete nuevos centros (tres en el área metropolitana y cuatro en el interior) de inclusión y salud mental, redundará en beneficios para toda la sociedad en su conjunto y no sólo para los jóvenes que requieran concurrir a ellos y a sus familias. En suma, se pretende nada menos que lograr la prevención, la atención, el tratamiento, y la reinserción social. La libertad de los legisladores no debiera atentar contra tan ambicioso proyecto, sino priorizarlo.