El embajador y la LUC
Hugo Fernández Faingold
Hace unos años me contó un amigo que, al consultar dónde pensaba jubilarse un Embajador Inglés que regresaba a su país, este respondió “aquí, en Uruguay”. Entre sorprendido y orgulloso mi amigo le preguntó cuál era la razón, y el Embajador contestó algo así como “…el país me gusta mucho, pero lo más importante es que todo sucede aquí 30 años después que en el resto del mundo…” Suponemos que se refería jocosamente a su propia muerte, Haciendo gala del humor irónico que caracteriza a su pueblo, describía, sin embargo, una veta conservadora, reaccionaria, que atraviesa el arco completo de nuestro espectro político, desde la izquierda supuestamente progresista hasta la derecha considerada más recalcitrante.
Efectivamente los uruguayos somos bastante reacios a los cambios. Muchos tienen miedo de lo nuevo. Algunos no quieren arriesgar nada. Otros temen perder privilegios y prebendas de los que carece el resto de la ciudadanía. A otros les cuesta desprenderse de atavismos ideológicos que los impulsan a defender pautas de organización social, económica y empresarial que fracasaron en el mundo, como la industria azucarera de Cuba y la petrolera de Venezuela, las áreas Propiedad del Pueblo de comienzos de la revolución Sandinista, las empresas autogestionadas de la desaparecida Yugoslavia, o, en el otro extremo, la apatía y prescindencia del estado en muchos países.
Es cierto que en un país pequeño en territorio, con poca población, recursos naturales escasos, pocos recursos humanos calificados al nivel que exigen las nuevas tecnologías, un sistema educativo en declinación para la mayoría de los niños y jóvenes, atraer inversiones grandes es tarea de titanes. Emprenderla se fundamenta en una economía razonablemente sólida, el estado de derecho, una buena tradición de respeto a la propiedad privada y a la inversión extranjera y la demostración clara de una propensión a producir y aceptar cambios.
La Ley de Urgente Consideración (la LUC), con todo el revuelo que ha despertado, representa un esfuerzo tímido para emprender el camino de corregir algunas taras que el inmovilismo de décadas ha propiciado en el país. En la educación y la seguridad, las primeras. Pero también el ordenamiento jurídico que atañe tanto al derecho de huelga como al derecho a trabajar, al saneamiento jurídico de las organizaciones sindicales, etc. También en algunos ajustes que pretenden modificar la operación de las empresas públicas en beneficio de los ciudadanos, como el sinceramiento en el precio de los combustibles a partir de la paridad con los precios de importación en el caso de ANCAP, o la portabilidad numérica en el caso de ANTEL (mi número es MÍO, no de ANTEL, MOVISTAR o CLARO, y lo uso en la que quiera, y no en la que me obligue).
Y si bien es todavía temprano para encararlo, vamos a necesitar normas que nos permitan evitar las inversiones desaprensivas, caprichosas y torpes, como los millones de dólares invertidos en un horno de cemento comprado por ANCAP, que no funciona, todavía en el embalaje original, el millón de dólares para bombas de riego en los galpones de ALUR, que nunca regaron, y a las que le robaron piezas; en los millones de la regasificadora de UTE y ANCAP, el fiasco de ARATIRÍ, la ridícula aventura de PLUNA y las decenas de millones invertidos en empresas que ni probaron sustentabilidad ni devolvieron un peso, con la única justificación de la “velita prendida al socialismo.” Hablamos, en total, de cerca de mil millones de dólares, además de las recapitalizaciones.
Lo que hoy resulta indiscutible es que lejos de representar cambios en la dirección de modernizar el país, todas estas aventuras representaron la cristalización y el inmovilismo de pretensiones autonómicas de los organismos de dirección de esas empresas, a las que el Gobierno FA omitió plantear la discusión de las verdaderas prioridades nacionales. En suma, decisiones equivocadas, “gatopardescas”, de cambiar algunas cosas para que todo siga igual.
Hoy se plantea al Gobierno no sacrificar recursos de Colonización para financiar un programa de erradicación de asentamientos. Si los millones de dólares mal invertidos durante los 15 años de gobierno de la actual coalición opositora, el FA, se hubiesen concentrado en la antigua prioridad de los asentamientos, no tendríamos el problema de los más de 600 relevados. Lamentablemente esta es otra de las áreas en las que los Gobiernos del FA decidieron no cambiar. Y no es la única.
