El peligro del señalero a la izquierda para doblar a la derecha

TAN MILITAR COMO EN EL FRENTE AMPLIO

En diciembre de 2020, hace un año, en Diputados, igual que ahora en el Senado, Cabildo Abierto y el FA se juntaron para votar la modificación de la Ley Forestal. La idea que fue inicialmente cabildante, logró la adhesión de los frenteamplistas cuyo objetivo siempre fue horadar a la Coalición Republicana, porque siempre supo –y así sucedió- que habría veto presidencial. De este modo el debate sobre los usos de la tierra paso de un momento a otro, de ser parte de un compartimento estanco, al epicentro que podría provocar la ruptura, en el gobierno, con la derecha radical. La realidad deja atrás el tiempo del programa concertado previo a las elecciones, para pasar a ser un todo o nada. Manini, en este contexto, deberá ponderar de modo diferente el peligro que supone prender un señalero a la izquierda, para doblar a la derecha. El intentar ser tan militar como en el Frente Amplio será un desafío estratégico que el general del senado deberá resolver con más astucia y menos pasión.

En el estamento político más alto, en el Senado, se concretó una unión de difícil conceptualización: los liderados por el senador Guido Manini Ríos, otrora el general disidente durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, recogió el guante de la izquierda y se lanzó al ruedo del debate político como `cuña de un mismo palo´, con `aires´ de renovación tras un velo de seudoprogresismo difícil de digerir.

Como si se tratara de una compleja mezcla de Methol Ferré formateada en su estilo por José Mujica, y pulido por el militarismo nacionalista del propio Manini Ríos, este asunto concluyó en un emergente conglomerado sin reglas de juego confiables, anárquico y al `grito de las tribunas´, dejando en el olvido la razón y la estrategia de alguien con el rango militar que ostenta el general.

Si así no fuera, los cargos y las funciones a la que accedió su partido resultarían incompatibles para cohabitar con sus asociados (blancos, colorados e independientes). Al menos su forma de hacer política haría inconsistente la cohabitación política ante el más mínimo roce en la gestión.

Pero más allá de la anécdota, y de lo políticamente correcto, lo que pone en jaque es la certeza de una actividad como la forestal que tantos dividendos ha dejado al país. Recuérdese que este proyecto de ley no registró ningún el respaldo académico ni opiniones a su favor del MGAP.

Este proyecto impulsado por Cabildo Abierto terminó como se sab´ñia de antemano: con el veto presidencial, el primero de la gestión de esta administración.

La esencia de lo propuesto por Cabildo Abierto, según el senador Guillermo Domenech, ahonda en las cifras de la producción forestal, que «ocupa una amplia superficie …  que se ha extendido» a otras zonas no forestales, generando una `competencia por la tierra´ con actividades agropecuarias que pone en «riesgo» al campo porque la actividad forestal podría «desplazar importantes zonas del territorio y actividades como la lechería y la agricultura en la cuenca lechera y suroeste del país».

Por su parte, el senador frenteamplista Enrique Rubio dijo que el sector forestal necesita de «estímulos», así como de «regulaciones», igual que «también la tienen» otros subsectores agropecuarios de Uruguay. Aseguró que el proyecto de ley da «margen» para una eventual cuarta planta de celulosa en el país, y «establece determinadas limitaciones» necesarias para la tierra.

La nueva ley lo que perseguía era un cambio de rumbo en una política de Estado. “Un área forestada es un área que se saca a la producción de alimentos”, así lo entiende el diputado cabildante Rafael Menéndez, autor del proyecto de ley que limita la actividad forestal.

La contracara de esta moneda es la Asociación de Empresas Contratistas Forestales del Uruguay (Asecfur). Su secretario, Rafael Sosa,  expresó que el cambio de rumbo es “el mayor daño” que la iniciativa le hace al sector forestal. “Pone a una parte importante del espectro político, que se había mostrado monolítico en cuanto al apoyo a la forestación, en una vereda en la que antes no había estado. Eso es lo peor.”

Los ambientales, por su parte, ven a estos giros de buena manera. Para María Selva Ortiz, de las Redes – Amigos de la Tierra Uruguay: “es algo muy bueno, porque se pone un freno y un orden a la plantación de árboles”, aunque advirtió sobre “la necesidad de restringir mucho más”. En tanto, Raúl Viñas, del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), dio su consentimiento a la controversial ley porque “pone reglas” para “cambiar un poco lo que ha sido la tónica” de la política forestal uruguaya.

En este esquema de debate conceptual, esencialmente político, Cabildo Abierto apostó en contra de sus socios de coalición y puso la mirada en la vereda de enfrente, desprotegiendo lo que ha sido una marca país de incuestionable valor económico.

El mundo hoy mira al sur de América Latina con cierta incertidumbre por más que la ley haya sido vetada, porque en los hechos, lo que queda subyacente, no es más que un concepto que vuelve a poner al país en un brete institucional donde un voto pesa mucho.

Por todo esto la advertencia para Cabildo Abierto e incluso para sus socios blancos, colorados e independientes, deja de ser el paquete de lo concertado previo a las elecciones, para pasar a ser una cuestión de cohabitación política: de aquí en más será, o todo o nada.