El Plan de Política Educativa: el camino de las transformaciones educativas

Claudio Rama

El Poder Ejecutivo presentó ante el Parlamento hace unos días su Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025 con el cual se conocen con mayor claridad sus compromisos, objetivos y metas en el área.

Es este un cambio en el marco del funcionamiento tradicional de la educación en el país, derivado de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada el año pasado y que dispuso que al inicio de cada período de gobierno, y antes de la Ley de Presupuesto, el Ministerio de Educación y Cultura debe enviar a la Asamblea General su Plan de Política Educativa Nacional para el quinquenio.

El objetivo es un Plan en el que se fijen los principios generales y las metas de articulación entre las políticas educativas y las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico y económico, que sea el marco de la elaboración de las políticas educativas específicas del quinquenio y que se presenten metas claras para alcanzar al terminar el período.

La modernidad y el progreso están en la base de la creación de planes como el mecanismo para salir de los problemas y construir planificadamente un mejor futuro. No es tarea sólo del MEC, sino que la norma dispuso que el Plan debería ser elaborado en coordinación y consulta con las autoridades de los organismos estatales autónomos de la enseñanza.

Es este uno de los puntos positivos de la LUC para la educación en Uruguay: el tener que presentar, someterse a discusión y comprometerse en un plan de la política educativa nacional del período de gobierno.

El solo hecho de formularlo y de someterlo a discusión pública constituye un avance para contribuir a superar el tradicional fraccionamiento de políticas, la poca cristalinidad de los objetivos, y la ausencia de compromiso reales con metas precisas como ha ocurrido muchas veces.

El objetivo de esta norma incluida en la LUC es avanzar hacia la conformación de una política de Estado en el área educativa. Es necesario que la educación deje de ser un espacio de disputa política permanente entre corporaciones e instituciones, y que se encuentren consensos a través de una mirada integral y de largo plazo con objetivos y metas consensuadas.

Lo merecen los estudiantes y el Uruguay del futuro. El objetivo es además reducir la casuística en las políticas y encauzar un debate profundo sobre objetivos y metas precisas. Que los actores políticos, en tanto representan a la ciudadanía, y las propias organizaciones, puedan emitir opinión en la fijación de las políticas.

Es este además un avance democrático, ya que el gobierno, al colocar compromisos y metas precisas en sus acciones, contribuye a una mejor capacidad de evaluación ciudadana, cuando en el 2025 se realicen las próximas elecciones. Un debate a partir de información, datos y resultados esperados es el eje de una dinámica política madura sin ideologismos que tergiversen la realidad y con planes que permitan construir un mejor futuro.

En planes sucesivos se requerirá incorporar la línea de base de datos desde la cual se parte en los diversos indicadores, así como la fuente de verificación o el cálculo de dichos indicadores con una mayor disposición a indicadores cuantitativos y sin duda una mayor amplitud de temas, y los recursos e insumos para el logro de los objetivos.

También tener un enfoque integral y no parcial de toda la educación, ya que es lamentable la ausencia en el plan de los temas universitarios, por la no participación de la Udelar en la formulación como resultado de esa permanente intencionalidad ideológica de mirarse en forma autárquica en relación a la política educativa. La ausencia de los temas de educación superior y una atención marginal a los posgrados quita integralidad y complementariedad a un Plan Educativo.

Este Plan se estructura en 5 principios de políticas y áreas de trabajo tales como: la gestión responsable y el control; la coordinación para un mejor aprovechamiento de los recursos; más oportunidades para todos; aprendizajes de calidad, con énfasis en los más vulnerables y, finalmente, docentes mejor formados para una mejor educación.

En cada uno de estos ejes se desglosan diversas metas e indicadores de logro: varios de ellos son cualitativos pero algunos muy importantes son cuantitativos. Se requeriría igualmente una gradualidad en el tiempo del porcentaje de avance anual hacia la meta, de tal forma de poder ir haciendo los correctivos a medida que se va produciendo la ejecución. Sería incluso pertinente la asignación de los ámbitos responsables de esas metas, y sin duda un ámbito de monitoreo y evaluación del Plan y de su ejecución.

Sin embargo, más allá de algunas carencias puntuales en la formulación conceptual de este primer Plan, y la necesidad de tener más en cuenta los temas digitales y regionales y que se requiere asociarlo a los planes presupuestales de largo plazo y las miradas prospectivas de la sociedad desde la OPP, nos encontramos por primera vez en la historia de la educación en el país frente a un mapa de ruta amplio y bastante integral de hacia dónde se quiere llegar y los caminos.

Indudablemente, más allá de las características del Plan, el documento plantea que habrá otras acciones complementarias o adicionales. El Plan se conforma como un marco de objetivos de política pública y un potencial instrumento para el seguimiento por parte del Parlamento y la ciudadanía y las organizaciones. En nuevos artículos analizaremos las metas que marcarán al país.

Hoy se abre un nuevo camino en la política educativa, tal como se había planteado en la campaña electoral pasada y que se expresó en la Ley de Urgente Consideración en relación a una gobernanza integrada y articulada de la educación con Planes de mediano y largo plazo.

Cuando se aprobó la LUC, escribimos que uno de los puntos positivos era el «establecimiento obligatorio de un Plan de Educación que deberá ser aprobado por el Parlamento y que debe guiar el accionar del sistema de educación superior público, permitiendo un mayor consenso de los objetivos de la política educativa y a la vez una evaluación más eficaz del cumplimiento de las metas».

Es el camino imprescindible: lo merecen y necesitan el país, el sistema educativo, las familias y los futuros profesionales. Es parte del debate necesario de cara al posible referéndum derogatorio de 135 artículos de la LUC: ¿queremos una educación sin Planes que se presenten ante el Parlamento y sin compromisos y metas ante la ciudadanía?