El sociolismo del siglo XXI
Por Hugo Machín Fajardo
Venezuela ocupa el último puesto en Latinoamérica en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, con 10 puntos sobre 100. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder las reiteradas denuncias sobre hechos de corrupción han abonado el derrotero del socialismo del siglo XXI. En realidad, sociolismo debería escribirse.
Son por lo menos 3 mil millones de dólares de renta petrolera desparecidos de PDVSA, única empresa que produce ingresos al fisco venezolano en un año electoral en que los ocupantes de Miraflores necesitan imperiosamente el dinero. Otras versiones, no confirmadas, sostienen que la cifra robada trepa hasta los 20.000 millones de dólares.
Venezuela ocupa el último puesto en Latinoamérica en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, con 10 puntos sobre 100. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder las reiteradas denuncias sobre hechos de corrupción han abonado el derrotero del socialismo del siglo XXI. En realidad, sociolismo debería escribirse. La imagen en redes sociales de la hija de Chávez, María Gabriela (43), residente en Nueva York, haciendo ostentación de riqueza, poseedora de 4.197 millones de dólares repartidos en cuentas en EEUU y Andorra en 2015, era premonitoria. En noviembre de 2018, María Gabriela fue acusada por la fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, de haberse beneficiado del entramado de corrupción liderado por Alejandro Andrade, extesorero Nacional de Venezuela, encarcelado en 2021, tras declararse culpable de haber recibido más de USD 1.000 millones en sobornos mientras fue funcionario público.
En 2019, parlamentarios opositores calculaban en 450.000 millones de dólares el daño patrimonial, cuando ya PDVSA examinaba 48.000 contratos y había descubierto decenas de licitaciones amañadas.
El fiscal general venezolano a cargo de la investigación que se ha difundido por medios oficialistas, Tarek William Saab, dijo el 25 de marzo que era el caso «numero treinta y uno desde el 2017 en que se investiga en la industria petrolera»”, y que ya hay 200 procesados, cien de los cuales «con sentencia firme».
El primero de abril Saab tuiteó que por este nuevo caso «hay 42 sujetos detenidos sujetos #vinculados a las diversas tramas de #Corrupción q buscaron #desfalcar (en su inmoralidad delictiva) a la #economía nacional dañando a la comunidad en general».
En la lista de detenidos figuran 10 funcionarios públicos, entre los que destacan Antonio José Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, quien sería el presunto jefe de la red de corrupción; Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Sunacrip, y Hugbel Rafael Roa Caruci, exdiputado de la Asamblea Nacional.
Entre los funcionarios también se encuentran José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Odoardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, exempleados de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa, con cargos de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior; así como Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
Los funcionarios habrían actuado en complicidad con 11 privados que ahora están detenidos: Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura; Rogers Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre funcionarios y empresarios; Rafael y Roger Perdomo, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores para legitimar capitales; Daniel Prieto, operador financiero nacional e internacional; además de Kristhonfer Barrios, Johanna Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres.
¿Por qué cinco años después se descubren los ilícitos hoy denunciados?
En opinión de varios opositores venezolanos la razón sería las disputas de poder de la corporación criminal que opera en Venezuela. Las cabezas visibles de los clanes mafiosos son Nicolás Maduro —denunciado ante la CPI—; Diosdado Cabello, investigado por narcotráfico desde 2015 y ambos con captura recomendada por EEUU; el ministro de Defensa, general Vladimiro Padrino Pérez, sancionado desde 2019 por la Casa Blanca, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro; y el hoy defenestrado ex ministro de Minas y presidente de PDVSA, Tareck El Aaissami (48), ex vicepresidente de Venezuela, acusado por EEUU de terrorismo y narcotráfico, país que ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. El Aissami también estuvo a cargo de la Misión Identidad y está acusado de facilitar documentos a ciudadanos vinculados con organizaciones irregulares del mundo árabe, informó el matutino El Tiempo, de Bogotá, el 26 de marzo.
Al ex comisario Iván Simonovis, expreso político del chavismo y hoy en el exilio, no le sorprende lo que está ocurriendo en su país. En su opinión, consignada por El Tiempo, sobreviene la denuncia para «justificar la desaparición del dinero». Lo mismo ocurrió antes con los ministros Miguel Rodríguez Torres, Rafael Ramírez, Eulogio del Pino, Hebert García Plaza, Nervis Vaillalobos o Nelson Martínez. Simonovis agrega que «el vínculo [de El Aissami] con Hezbolá es familiar. Su tío y su padre estaban vinculados y eso no va a desparecer», sostiene en la entrevista Simonovis.
El 75% de la población venezolana vive con un salario inferior al nivel de pobreza crítica, USD 8, con una inflación del 500% y un 13% pobreza extrema en 29,797 millones de habitantes.
Sobre la perspectiva política: hasta el presente se entabló una docena de negociaciones entre la oposición y Maduro que no han conducido a resultados. La oposición sigue dividida, pero a Maduro no le interesa una elección general en la que deba dejar el mando y enfrentar a la CPI
En el sector castrense no existe unanimidad de acción. Se estima en 200 el número de oficiales detenidos por participar de diferentes intentos rebeldes.
Hay 330 presos políticos, el 95% sin sentencia con «los jueces más corruptos del mundo» según Miguel Henrique Otero, director en el exilio de El Nacional, de Caracas.
Al cierre de esta columna, El Aissami —de quien nada se supo durante varios días luego de ser difundía la estafa— estaría, de acuerdo al medio El Pitazo, en Fuerte Tiuna «en un despacho desde donde “resuelve” las acusaciones hechas por el Gobierno nacional contra los exfuncionarios bajo su mando». En tanto Maduro sigue declarándose estar «arrecho» [enfurecido] con «todos estos bandidos».
En opinión de Transparencia Venezuela, la investigación deja varios interrogantes en el aire:
¿En qué período de tiempo se cometieron las distintas tramas de corrupción?
En vista de la magnitud de la trama que involucra a la industria petrolera, ¿Están siendo investigados el presidente de Petróleos de Venezuela y los demás integrantes de la junta directiva de la estatal?
¿Se está investigando al exministro de Petróleo, Tareck El Aissami?
¿Se van a revisar los contratos públicos suscritos por los funcionarios involucrados?
¿Cuáles son los nombres de las empresas involucradas en los casos?
¿Cuál es el tamaño del patrimonio público comprometido en estos casos?
¿Cuál es el sitio de reclusión de los detenidos?
¿Cuál es el estatus de los bienes identificados en las investigaciones?
¿Se va a solicitar información a la Contraloría General de la República sobre las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios involucrados?
¿El Ministerio Público va a ofrecer más información sobre las otras 30 tramas de corrupción que involucran a Pdvsa y que el fiscal dice que investigó?
¿Quiénes son las 194 personas judicializadas y las 75 que han sido condenadas por las tramas de corrupción que el Ministerio Público dice que investigó?
¿Cuál es el estatus de la investigación por la llamada Operación Atlantic que involucró entre otros a Víctor Aular?
