Falta de ideología en el Partido Colorado
César GARCÍA ACOSTA
Ximena Grignoli es la convencional colorada que apuntó contra los expresidentes Sanguinetti y Mujica por «evadir hablar de la Ley de Caducidad». Sólo Luis Lacalle Herrera mereció su complacencia. Comentando estos hechos la “compañera” explicó que «no se respetaron dos plebiscitos y tenemos militares y policías presos y nadie puede probar que hayan cometido algún delito». «Salieron de los juzgados sin culpa y van y los meten presos. Eso está pasando en Uruguay, tenemos presos políticos desde hace años», añadió. Además, cuestionó que se haya invitado a la casa del Partido Colorado al expresidente Mujica que «bombardeó el país» y criticó su pasado como integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T). «No se puede meter gente presa sin pruebas. Estamos en Uruguay, no en Uruzuela», amplió sus puntos de vista en una entrevista con EL PAÍS. Ximena habló de todo esto, pero omitió referirse a tres conceptos ineludibles: la verdad, la justicia y el aggiornamiento de la justicia penal a que la violación a los derechos humanos es imprescriptible.
Sin embargo, nada es nuevo ni para Uruguay ni para el mundo. Y esto va mucho más allá de la visión colorada que por cierto actualmente carece tanto de estrategia comunicacional, como una visión clara de nuestras reivindicaciones históricas. Ser reformista -como reclamaba Batlle y Ordóñez- supone siempre ajustarse cuestionarse, adecuarse y transformarse. Quedarse quieto es morirse, y no cambiar las posturas futuras -y el derecho no es ajeno a esto- debe moverse conforme lo exigen las necesidades del mundo que estamos viviendo.
Por ejemplo, para Julio María Sanguinetti “los delitos de lesa humanidad nacen en 1989; es decir, que todos los delitos que se cometieron antes no son de lesa humanidad: son homicidios, lesiones, secuestros o como quiera llamárseles, pero no son delitos de lesa humanidad. En nuestra legislación esta tipificación existe recién después de 2006” (portda.com.uy).
Para el abogado del Centro Militar Emilio Mikolic, esta mirada de la realidad implica que “… esto es un hecho nuevo porque casi todos los procesamientos y condenas fueron realizados sobre la base de la declaración de testigos” (la diaria).
Para el fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, los mismos hechos, determinan que cuando «una víctima declara testigo, y si declara como testigo y miente, es pasible de falso testimonio”, agregando, por ejemplo, sobre los dichos de Lucía Topolansky sobre la mentira de muchos declarantes, que «es la opinión de una persona y nada más… No sé en qué se basó para decir eso; si tiene los elementos, que haga la denuncia».
Es así como los tres connotados ciudadanos que además son abogados, cada uno en su rol, no controvierten ni la desaparición forzada ni la tortura; es más, la confirman. Por eso la sombra de la duda queda echada -como desde el principio de las cosas, allá por 1985-, en que los desaparecidos siguen esperando por una Justicia que no llegará bajo la sospecha de la amenaza de ser encarcelado, aunque la condena recaiga sobre un hombre viejo que por su enfermedad de alzheimer se olvidó de mucho más que de los sitios de la verdad.
Si algo dejó en claro Topolansky es que la Justicia no alcanzó hasta ahora su sano juicio.
Y como todo tiene un antes y un después, nada más que para que conste, si bien respecto a la convencional más como persona libre que como colorada, la crisis derivada de la violación de los derechos humanos durante la dictadura ha tenido –y seguirá teniendo- más capítulos que traspasarán la barrera del “sano juicio”, para instalarse definitivamente en la locura de la persecución y del discurso sistemático que, desde siempre, ha implicado la consigna de “juicio y castigo para los culpables”.
El crimen, sea cual sea su magnitud, debe ser perseguido con las garantías del debido proceso, y en el marco de las legítimas defensas que implican a los involucrados, aunque, claro está, todo dentro de un sistema de garantías que por única excepción tendrán invariablemente al quebrantamiento del Estado de Derecho.
Si esto ocurre, como ciertamente aconteció en Uruguay desde antes de febrero de 1973, los hechos, coyunturas, acciones y hasta omisiones, no pueden sufrir idéntico juzgamiento como si hubiesen ocurrido en democracia.
Los hacedores del Gobierno de Facto fueron usurpadores del Estado, por lo que el Estado Republicano y Democrático como lo concebimos, por sí y ante sí no debería pagar las consecuencias de un desaguisado conceptual que nada tuvo que ver ni en esencia ni en forma, con la democracia que legítimamente consagra nuestra Constitución.
Partiendo de esta base es inviable legalmente el planteamiento tanto de la larga lengua de Lucía Topolansky, como la compasiva aceptación a sus dichos de José Mujica como fiel compañero de ruta.
Y resulta grave y cargado de un simbolismo contradictorio, que ahora se hable de que el Ejército Nacional no es una “patota”, o que sus acciones serán juzgadas por los hechos de un pasado de contradicciones con reglas que ni siquiera han sido escritas, como lo revela el propio fiscal Perciaballe.
Los presos de la cárcel de “Domingo Arena” se enfrentan unos contra otros; y aunque griten fuerte, o busquen interlocutores que lo hagan por ellos, ya pasados 50 años desde el comienzo de la sombra de la dictadura, ni ellos ni sus asesinados arreglarán este entuerto. Lo primero debería ser que aparezcan los restos buscados, sean cuales hayan sido sus posiciones en los tiempos de la subversión, o de la lucha conspirativa en contra de los gobiernos democráticos de la época.
Con o sin el “cambio en paz” de 1985, el enfrentamiento conceptual y su juzgamiento flechado sigue en pie, y eso implica en definitiva asumir y entender hasta qué nivel de parcialidad puede suceder para lograr el objetivo de lesionar cualquier buena intención.
Fiscales que corren por cuenta propia; jueces que fallan con criterios adversos más allá de la independencia técnica de la que son poseedores, muy lejos de aclarar las cosas, las oscurecen.
