La cárcel

Hace apenas unos días, el 16 de junio, Juan Miguel Petit, actualmente Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, concurrió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, para dar su visión sobre la coyuntura social de las cárceles en Uruguay. Petit es un abogado que estuvo al frente del Consejo del Niño entre 1985 y 1990, fue relator Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2001-2007), Asesor en Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007-2015); Consultor de la Organización Internacional para las Migraciones sobre trata de personas y explotación sexual comercial. En periodismo fue cronista del semanario Opinar (1980-83), Redactor Responsable del semanario Jaque (1983-85), editor del semanario Tres (1996-2001), periodista y conductor en radio El Espectador y el diario El País (2001-2007). Quien ha tenido la posibilidad de conocerlo sabe de su integridad profesional minuciosa y humana, fuertemente profesionalizada a partir de la construcción de equipos interdisciplinarios. Su filosofía ha sido la del ejercicio pleno de la libertad. Quizá por eso es que se transformó en un relator cuidadoso del texto y del contexto carcelario, para que la verdad -más de presiones circunstanciales- sea el soporte necesario para las decisiones que se deban adoptar por parte del sector político. En su comparecencia ante el Parlamento reveló que “un dato importante es que el número de presos sigue creciendo. Hay casi 13.700 presos. Tenemos una proyección que apunta a que, de seguir este ritmo, estaríamos llegando a 19.300 presos al final de este Período.” Su conclusión a partir de la experiencia, es que “Ya tenemos un hacinamiento muy grande. Parece razonable pensar que el país no puede construir; no debe hacerlo… ya tenemos un índice de prisionización, una cantidad de presos cada cien mil habitantes, muy por encima del promedio de América Latina y de los más altos del mundo; estamos entre los veinticinco países del mundo con más población privada de libertad. Algo ocurre en nuestras políticas sociales que la privación de libertad termina siendo una respuesta muy habitual.” En esta edición de OPINAR por la envergadura del tema y por la incidencia directa en la cotidianeidad de nuestra sociedad -de quien padece la vicisitud carcelaria en forma personal y de quien no- es que decidimos editar íntegra su intervención.

JUAN MIGUEL PETIT

Antes que nada quiero decirles que la oficina obviamente se ve muy afectada en su trabajo por la pandemia. Pese a eso, salvo los primeros veinte días, luego de declarada la pandemia el 13 de marzo pasado, y de tres semanas en abril, cuando suspendimos las visitas a las cárceles, siempre estuvimos presencialmente en las cárceles. Por momentos, no pudimos llevar adelante el método de trabajo que habíamos desarrollado; tenemos varias herramientas.

En la oficina tratamos de ir desarrollando la metodología de trabajo e hicimos un protocolo de indicadores con ensayo y error. El primer protocolo tenía trescientos veinte indicadores y era absolutamente imposible aplicarlo. Hemos ido aplicando un protocolo con indicadores cuantitativos y cualitativos,  con  distintas  dimensiones  que  permiten reportar  las  situaciones  al  Parlamento. Y cuando decimos «En esta cárcel hay un problema», no es solamente el comisionado o un integrante de la oficina del comisionado que dice «Esto está muy mal» o «Esto mejoró», sino que la elaboración se basa en una evidencia, fruto del trabajo del terreno.

Nosotros desarrollamos un método de trabajo que nos ha dado mucha información, también mucha emoción, y mucha cercanía con el sistema. A veces realizamos auditorías celda por celda, sobre todo en las cárceles grandes en las que hay mayores problemas de poco o nulo acceso al patio. Hicimos algunas auditorías recorriendo celda por celda durante varios días y los hallazgos son muy importantes.

Como saben, entre otras cosas gracias al voto de ustedes, fui reelegido en esta tarea y yo lo tomé como un compromiso de renovar lo que hacíamos, de tratar de pegar algunos saltos cualitativos, de seguir consolidando, institucionalizando la oficina.

Hice un planteo a la Comisión Administrativa y por ley de presupuesto se crearon cinco cargos para la oficina, porque no tiene cargos propios: el único cargo que tiene es el de comisionado, una enorme debilidad para la oficina. Es nuestra oficina y la queremos mucho, pero queremos que el Parlamento tenga un espacio para recibir a los sectores muchas veces más vulnerados, más aislados, más excluidos, a familias que por ejemplo no tienen posibilidad de acceder a un abogado particular, que no tienen acceso a información de una cantidad de cuestiones. Entonces, que ellos sepan que el Parlamento es una referencia, creo que es una señal muy notable que tiene Uruguay y que no es común. Obviamente, hay ombudsman, defensorías del pueblo, etcétera -no las conozco todas en el mundo; solamente algunas; yo tengo intercambio con muchos colegas-, y este sistema que Uruguay tiene  instalado  es  fruto  de  un  acuerdo  de  todos  los  sectores partidarios liderado  por  gente  como  el doctor  Daniel  Díaz  Maynard,  a quien siempre recuerdo. Es muy importante para el sentido profundo que tienen el Parlamento y la soberanía popular que aquí radica.

Este año, aunque habíamos hecho algunos esbozos, por primera la oficina elaboró un plan estratégico. No quiero atiborrarlos de información; no les traje copia; en todo caso el presidente me dirá.

La oficina está integrada por once funcionarios y el comisionado, y lo que hicimos fue elaborar un plan estratégico tratando de ordenar esa tarea, porque ¡claro!, es una oficina que trabaja muy en caliente, por lo que a veces pierde la ubicación, no sabe dónde está, si avanzó, si  no  avanzó,  o si  siempre  está  haciendo  lo  mismo.  Entonces, nos planteamos una serie de ejes estratégicos sobre los cuales trabajar; aplicamos la metodología a partir del apoyo de un planificador, el señor Guido Fernández Velazco -un español que vivió en Uruguay, que trabajó en Naciones Unidas y fue colega mío en esa organización-, quien gratuitamente desde Barcelona nos ayudó en varias conferencias a elaborar ese plan estratégico. Hace años habíamos hecho algunos esbozos, pero ahora hicimos un plan estratégico muy riguroso, del cual les voy a dar una copia.

No los quiero atiborrar, pero establecimos cuatro ejes estratégicos de intervención. No quiero entrar en detalle, pero uno tiene que ver con el fortalecimiento institucional de la oficina, de coordinación interinstitucional para mejorar la gobernanza del sistema penitenciario.  Otro  eje  apunta  a  nuestras  contrapartes;  otro  refiere  a  las  medidas alternativas y otro tiene que ver con empezar a recorrer el camino de las medidas alternativas.

La ejecución penal tiene dos partes; lo que ocurre es que una no se ve; es el lado oscuro de la luna. La ejecución penal es la aplicación de la ley penal, la aplicación de una pena por una transgresión cometida.  Lo que todos conocemos habitualmente son los delitos y  la cárcel;  en  este  momento  la  población  es  de  casi  trece  mil  setecientas personas y va en ascenso.

Además, hay un sistema de medidas alternativas; aproximadamente unas diez mil u once mil personas las están cumpliendo; también reciben una sanción penal por faltas o por delitos de poca gravedad o porque recibieron una pena mixta. Obviamente, la oficina todavía no monitorea adecuadamente ese sistema, pero hemos comenzado a hacerlo, a tener reuniones con la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida.  Hemos visto muy buena voluntad por parte de su equipo técnico, de veinte personas.

Empezamos a hacerle recomendaciones, inclusive, a intervenir en algunas audiencias, tratando de encaminar eso que se llama la justicia terapéutica, es decir, que aquellas personas que cometieron delitos leves, en vez de que cumplan la pena en una cárcel, lo hagan en una clínica de rehabilitación.  Eso, que puede parecer de ciencia ficción, ocurre en Uruguay, todavía, en casos muy acotados; podría aplicarse en muchos más casos. Faltan los instrumentos, los programas, el incentivo para que desde el sector público y también del privado se instalen lugares donde los jueces puedan derivar personas que de pronto cometieron un delito leve, fruto de su adicción, de un trastorno psiquiátrico por lo que requieren una atención especializada.

A partir de ese plan estratégico, establecimos una línea de trabajo, por ejemplo, con los jueces la ejecución. La autoridad sobre la cárcel es el juez; la cara visible  es la administración carcelaria, pero quien decide, quien juzga y manda ejecutar lo juzgado es el juez. Entonces, todos los meses nos reunimos con los jueces de ejecución. Cuando vamos al interior, también tratamos de reunirnos con los jueces de ejecución y de dialogar con ellos porque también recorren las cárceles y hacen observaciones; la diferencia con el comisionado parlamentario es  que lo que  podemos  hacer  es  una  recomendación, podemos  recurrir a un habeas corpus,  presentar una denuncia formal para lograr una sentencia, pero normalmente hacemos recomendaciones. Sin embargo, el juez dialoga, emitiendo sentencias, dictámenes obligatorios, por lo que la supervisión del juez de las cárceles es muy importante. Dialogamos mucho con ellos.

En el tiempo de la pandemia trabajamos de un modo particular, en modo covid, sobre todo después de marzo cuando esto estalló; canalizamos donaciones, muchas veces obviamente tratando de ser muy discretos. Una de las claves del trabajo de monitoreo en derechos humanos es, justamente, ser ubicados y discretos, tratar de ayudar para que pasen cosas, pero no necesariamente ser protagonistas cuando  las cosas pasan; a veces sí es bueno serlo, pero muchas veces es bueno que las cosas ocurran y ayudar a que otros sean las que las lleven adelante.

Contactamos al servicio nacional de emergencia, acudimos a la cooperación internacional, contactamos fundaciones, sindicatos,  empresas,  tratamos  de  hacer  lo posible  para  canalizar,  por  ejemplo,  la  construcción  de  lavamanos,  la  entrega  de materiales de higiene, máquinas de coser para hacer tapabocas, en el caso del Comcar, por ejemplo. En fin… Y pensando en la cultura y en los derechos a la cultura editamos una publicación  -también  se las traje;  tenemos  planteado  hacer  otras-,  porque  es un derecho muy importante. Sé que alguno de ustedes tienen particular interés de esa perspectiva. El derecho a la cultura es visto como un lujo; se considera un lujo acceder a recorrer  un  museo  y,  en  realidad,  es  un  derecho  que  también  se  conecta  con  los derechos más elementales, derechos civiles, políticos y sociales, porque es una manera de comunicar, de comprender el mundo, de tener un lugar en ese mundo.

Esta publicación que hicimos se repartió en todo el sistema carcelario; fueron quince mil  ejemplares.  El  semanario  Voces  colaboró  gratuitamente  en  el  armado  y  en  la elaboración de algunas notas; conseguimos material y todo fue hecho gratuitamente. Lo imprimió el Palacio con fondos de la comisión. Les dejo la publicación. Esto se hizo el año pasado y lo cito como un ejemplo.

Debido a las dificultades de acceso del público generamos una red aumentando la cantidad de celulares disponibles. Les voy a entregar estas tarjetitas porque puede pasar que  personas  los  llamen  por  algún  tema  vinculado  al  sistema  carcelario.  Acá  tienen nuestra red de celulares para que sea mucho más fácil. Los pueden pasar a la gente, los pueden wasapear. Es más: si tienen una red de familias o gente vinculada, está bueno que los hagan circular, porque tenemos ocho celulares operativos para recibir planteos, quejas, etcétera.

Una de nuestras líneas estratégicas es fortalecer la relación con las contrapartes. Recorrí,  como  lo hice  en el período  anterior,  los ministerios  de Desarrollo  Social,  de Trabajo  y  Seguridad  Social,  etcétera,  y  realmente  Uruguay  comenzó  a  transitar  una reforma  penitenciaria;  eso  consta  en  los  informes.  Uruguay  estuvo  muy  rezagado  y todavía lo está en su sistema penitenciario, pero a partir de 2010 básicamente comienza una reforma penitenciaria, dejando atrás aquel sistema mediante el cual cada jefatura de Policía  manejaba  la  cárcel;  eran  dieciocho  sistemas  departamentales  y  la  Dirección Nacional de Cárceles, que atendía el área metropolitana.

Ese proceso tuvo un empuje muy fuerte a partir del período 2010- 2015, con una inversión muy grande. Se construyeron cárceles. Algunas se construyeron con muy buen diseño, por ejemplo, la cárcel de Juan Soler; la cárcel de Rivera, que tiene la mala fama de que a veces se usa como sanción, porque la gente va muy lejos, en sí misma tiene un muy buen diseño; debe ser la cárcel que más patios tiene; tiene una planta baja con aulas, con una especie de salón comunal para actividades  recreativas,  con biblioteca, talleres; tiene la peculiaridad de que es la única en todo el país en que cada sector de unas doce celdas tiene una especie de sala común, una sala en donde puede haber una televisión, mesas para compartir el almuerzo o un rato. Eso, de hecho, no se desarrolla mucho  por  la falta  de  densidad  técnica  en la intervención.  No  existe  la  cantidad  de funcionarios que permita a los internos romper esa cultura de «recibo la comida y como en mi celda solo». En algunos sectores se logra y se comparte el mate -no ahora-, se mira la televisión, se escucha la radio, se juega a las cartas.

Se construyeron  muchas  celdas,  muchas  plazas;  se incorporó  la salud pública  y hubo un gran esfuerzo por incorporar la educación.

En  el  informe  que  presenté  a  la  Comisión  de  Presupuestos  del  Senado  y  de Diputados, hay unas gráficas que hicimos el año pasado -lo estamos retomando ahora-, que son un monitoreo presupuestal del sistema, cuestión que tampoco se hacía. Es difícil de hacer y hay que perfeccionarlo, porque el sistema vuelca recursos en una cantidad de organismos: ASSE, sanidad policial, hasta al propio Ministerio de Defensa Nacional con la cobertura  perimetral,  al sistema  educativo,  Ministerio  de Educación  y Cultura,  ni qué hablar al Codicén, Inefop. Es decir, hay que presupuestar todo eso. Hicimos un cálculo con datos objetivos  y claramente  las gráficas muestran cómo hubo un aumento  en la inversión en el sistema a partir de 2010- 2015 y luego una caída, y un estancamiento, que continúa.

El año pasado, en la Comisión de Presupuestos y enmarcados en la pandemia, era muy  difícil  pensar  en  un  presupuesto  quinquenal  de  profundización  de  las  reformas. Planteé que me parecía que era uno de los grandes desafíos que tiene el país. A esa altura ya se veía que la población penitenciaria estaba creciendo de nuevo; empezó a crecer fundamentalmente a partir de 2019. Se había logrado bajar el hacinamiento, había ocupación plena, pero lentamente se veía que iba a comenzar a desbordarse y, lamentablemente, hoy tenemos un hacinamiento importante en todo el sistema: 133 % de densidad en todo el sistema en promedio. Es decir, hay más de 133 personas por cada100 plazas, y en algunos lugares hay más. Si quieren, luego hablamos del sistema.

En ese marco  de hacer actividades,  el mandato  que tiene nuestra  oficina es de promoción de los derechos humanos. Ahora, hay un gran problema que tiene el sistema que es la falta de empoderamiento y de acceso a información por parte de los usuarios del sistema, de los presos, de las presas y de sus familias. Es muy común que a toda hora nos llamen para preguntarnos «¿Cómo hago para ver a un familiar que está en el Pasteur?»; «A mi hijo lo cambiaron de cárcel y no sé dónde está», etcétera. Ahí hay una debilidad de muchos actores y creo que hay que pensar en una clave de política pública en el sentido de no responsabilizar a una persona o a quien nos está atendiendo en una ventanilla, sino pensar sistémicamente. Así como nos reunimos con los jueces todos los meses, iniciamos una relación de trabajo con la OSLA, con el sistema de medidas de seguimiento y medidas alternativas, que si bien depende del Instituto Nacional de Rehabilitación,  es una entidad en sí misma. También iniciamos una relación de trabajo más fuerte con la Dirección Nacional de Defensa Pública.

Nos  pasaba  muy  a  menudo  que  los  presos  nos  decían  que  no  accedían  a  su abogado;  entonces,  pedíamos  información  a la Defensa  y, naturalmente,  se generaba cierta fricción, porque nosotros les comunicábamos  a los defensores: «Nos dice Fulano que no está siendo atendido», y el defensor, obviamente, a veces sentía ese comentario como  una  crítica  y nos  decía:  «Bueno,  pero  yo  tengo  más  casos  de  los  que  puedo atender, estoy desbordado». Entonces, intentamos construir institucionalidad a partir del diálogo   y   decir:   «Nosotros   también   estamos   desbordados.   Acá   todos   estamos desbordados. Hay que ayudar a tratar de construir un sistema diferente». Entonces, establecimos un mecanismo por el que cuando esos casos no llegan, les escribimos, les pasamos los datos, hablamos con ellos. Está a la firma un convenio de colaboración de la Suprema Corte de Justicia con la Defensoría.

Y en el marco de ese nuevo diálogo confeccionamos este folleto informativo que les entrego,  hecho por el Parlamento.  Brinda  información  absolutamente  elemental:  datos telefónicos, por ejemplo, qué defensor, dónde recurrir, a dónde llamar cuando se egresa, etcétera.

Tenemos un par de productos más del estilo de guía de recursos para el liberado de la cárcel y guía de recursos para las personas que están presas, es decir, para que sepan cómo deben moverse  dentro  de la cárcel  y acceder  a respuestas  para preguntas  del estilo:  «¿Cómo  planteo  una  libertad  anticipada?»;  «¿Dónde  realizo  una  petición?»  o «¿Dónde reclamo si la nota que presenté en la cárcel no me la respondieron?», etcétera.

Esto lo muestro, porque es un boceto.

Un viejo tema que a nosotros nos preocupaba y nos preocupa mucho refiere a los mundos que no se ven por debajo del mundo de la cárcel que se ve, por ejemplo, el de los hijos de la persona privada de libertad. Y la visita a un familiar o referente preso es sin duda un hecho fuerte; inclusive, puede ser una adversidad afectiva muy grande para un niño o niña menor de cinco o seis años: ingresar a un lugar donde hay muros, policía, vigilancia;  inclusive,  a veces  pueden  darse  expresiones  de violencia,  enfrentamientos. Entonces, estamos terminando de elaborar un folleto, un librito, con el área gráfica de fotoduplicación del Parlamento, para que todos los niños que vayan a visitar a un familiar a la cárcel puedan llevarse algo grato y que a la vez los lleve a ubicar lo que están viviendo, porque muchas veces cuando los hijos de los privados de libertad son chicos no les dicen que sus padres están presos: les dicen que están en una fábrica, que están trabajando, que ese lugar es una industria, que van a estar durante un tiempo, etcétera. Sin meternos en eso, que es resorte de cada uno, elaboramos un material, y como no hay mucha información sobre estas situaciones, rastreamos material y nos inspiramos en uno del sistema de prisiones británico. Lo adaptamos a nuestra realidad con dibujos y textos nuestros,  y allí ustedes pueden encontrar  varios mensajes,  no digo subliminales,  pero implícitos; por ejemplo, hay un dibujito que muestra una cantidad de espacios urbanos que se presenta como un laberinto; están el Estadio, la Intendencia, un hospital. Y refiriéndose a la cárcel, la define así: «Este es un edificio muy grande y forma parte de una ciudad como hospitales,  escuelas,  intendencias,  edificios de viviendas  y estadios.

¿Cuáles son los edificios más grandes que conocés? ¿Podés encontrar el camino hacia las entradas  de estos  edificios?».  Es  un jueguito  que  lo que  de  alguna  manera  está diciendo es: «Ese lugar a donde fuiste en ómnibus con tu familia y que está en medio del campo forma parte de la sociedad»; debe formar parte de la sociedad. «No estás excluido, no estás fuera del mapa por estar allí. Esa es una etapa que luego se puede superar». Es para hacer en conjunto;  hay espacios  para dibujar,  inclusive,  para que dibujen con la persona que van a visitar. Les hablamos de la cárcel. Por ejemplo, hay un cuadro en el que explicamos: «En la visita se ven algunas de estas cosas. ¿Viste algo más? ¿Podés dibujar o escribir lo que te llamó la atención?», e ilustramos una torre, una persona, un funcionario, un tobogán, un portón. Y hablamos del salón de visita, etcétera.

En otro dibujo explicamos: «Acá trabaja mucha gente: administradores, operadores, policías, técnicos, profesores, entre otros. «Algunos usan uniforme. ¿Los viste?». Y hay un dibujito que muestra la gente que allí trabaja. Esto, de alguna manera, ayuda a que esa experiencia no sea algo secreto, vergonzante y que forma parte de algo muy oscuro de sus vidas. Muchos recordarán, no sé si siguen existiendo, aquellos libros: «Teo va a la escuela», «Teo va al club». Bueno, está inspirado en esa lógica. La contratapa tiene esta imagen. Yo solicité que hubiera un sol muy grande, una carretera y un sol muy grande, pensando justamente en una mirada hacia adelante.

Y  hay  otro  documento,  que  también  les  aporté.  La  oficina  tiene  una  serie  de acuerdos con instituciones tratando de aprender de los que más saben, de estar a tono con lo que ocurre en el mundo, ya sea en cuanto a buenas prácticas como también a desarrollos  conceptuales,  que  es  lo  que  por  ejemplo  nos  permitió  presentarnos  en anteriores años con los habeas corpus, con los recursos de amparo en su momento, con peticiones  judiciales;  también  con respecto  a las denuncias  penales  tradicionales  que hacemos; este año hicimos varias por posibles abusos de funcionarios. Y para que no queden en el aire, este año hicimos unas cinco denuncias; es un promedio; más o menos está en eso.

A su vez, en estos días la oficina está empezando a poner operativo un trabajo de larga data: creamos un registro de violencia institucional en el que se asientan aquellas denuncias de abusos internos que nos presentan los reclusos, pero que no quieren denunciar,  porque  por  ejemplo  les  faltan  pocos  meses  para  ser  liberados.  Bueno,  si sufrieron algún tipo de abuso, algún golpe o maltrato, maltrato verbal, etcétera, y tienen miedo de que eso se vuelva en su contra, entonces, los entrevistamos,  elaboramos un formulario  que  lo aprendimos  y lo trabajamos  con  la Procuración  Penitenciaria  de  la Nación, de Argentina, con la que tenemos un convenio. La Procuración Penitenciaria de la Nación tiene esto muy desarrollado; también depende del Congreso argentino y trabaja muy bien estas cosas.

Entonces, en un formulario se registra una denuncia con identidad reservada; los hechos  quedan  registrados  y firmados,  pero  como  quien  la presenta  plantea  que  no quiere que se formalice la denuncia, queda en nuestro poder, en un archivo nuestro, para nuestro peculio. Eso nos permite poder decir mañana: «Este año hemos registrado tantos casos de violencia institucional» o, por ejemplo, como estamos haciendo con una unidad, de la que nos han llegado varios casos, hacer una nota y decir: «Tenemos denuncias de que en este lugar pasan estas cosas». No se identifica a la persona que lo denuncia, ni siquiera al sector donde ocurre, porque la persona no quiere que eso se haga, pero se actúa en base a esta herramienta y se advierte a los funcionarios que están trabajando allí o a quienes pudieron haber incumplido sus deberes: «Miren que hay una institución que está observando», y a la vez se pueden hacer recomendaciones prácticas como, por ejemplo, las que vamos a encarar con esta unidad, que tienen que ver con capacitar al personal, con hablar sobre el concepto de tortura, sobre el concepto de accesibilidad de los derechos de los internos, etcétera. Son modalidades preventivas.

En ese marco, el año pasado elaboramos un trabajo, en este caso de mi autoría, a partir de un concepto  que es muy importante  compartir  con ustedes  que están en la Comisión de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 marcó un hito fundamental, luego de una larga evolución histórica, en cuanto a la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Eso es lo que se llama «la fórmula», que lleva dos elementos conectados: tortura  y  tratos  o  penas  crueles,  inhumanas  o  degradantes.   En  la  historia  de  la Declaración Universal obviamente se incorporó el segundo elemento de la fórmula para que no quedaran afuera situaciones que podían configurar tortura, pero que eran más maliciosas o sutiles, o no eran la tortura brutal de por ejemplo castigar a una persona, aplicarle corriente  eléctrica,  hundirle la cabeza  en el agua; se trata de formas sutiles, como comida podrida, tener a la persona en una celda con muchísimo frío y argumentar «Ah, bueno. No nos dimos cuenta de que la celda estaba muy fría», no darle colchón a propósito, etcétera.

El desarrollo posterior en el sistema internacional hizo que se definiera muy bien el concepto de tortura. Después surgió, creo que en 1985, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; después el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En base a esas dos normas, todas las legislaciones del mundo han incorporado,  incluyendo  Uruguay,  la definición  de tortura como todo dolor grave, físico, mental, aplicado a una persona por un funcionario público o asimilado, con la finalidad de sacar información, amedrentar, discriminar, castigar, etcétera.

Posteriormente,  se elaboraron  otras normas que no son convenciones,  pero que tienen mucho peso moral, como las Reglas Mandela, que regularon, que regularon ese otro fenómeno que existe en otros lugares, el aislamiento en solitario, que es cuando a la persona, por motivos de seguridad o para castigarla, se la somete a un régimen especial, estando  sola  en  su  celda.  Las  Reglas  Mandela  establecieron  que  el  aislamiento  en solitario,  por  más  de  diez  días,  sin  al  menos  con  dos  horas  de  contacto  humano relevante, también es tortura.

Esto con respecto a la tortura.

¿Qué es «trato o pena cruel, inhumano o degradante»? Ahí se abre un gran tema porque no hay una definición absolutamente estricta y la lectura puede variar según los contextos culturales de cada país. Hay fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establecen que tener que compartir la intimidad en un servicio sanitario en una celda, con más de dos o tres personas, se considera trato cruel, inhumano y degradante. Hace años  tenemos  celdas  con  tres,  cuatro,  cinco,  seis,  ocho  personas  compartiendo  una pequeña letrina, un pequeño duchero, y nos alegramos cuando funciona el servicio de agua, y decimos: «Por suerte, en este lugar los sanitarios funcionan». Y a veces, cuando no funcionan, lo vemos como algo muy grave. Pero también es muy grave que aunque funcionen no exista derecho a la intimidad. La persona tiene derecho a bañarse sin que lo miren  y  a  utilizar  el  sanitario  sin  que  lo  estén  observando.  ¡Claro!  Cuando  la  gente reacciona con la pasión que despierta el delito, la pasión punitiva y sancionatoria  que despierta el delito, dice: «Pero este señor, el comisionado, estos señores de la Comisión, ¿qué quieren? ¿Un baño con azulejos de los que hacen publicidad en la radio? ¿Qué quieren?». Bueno, sí, queremos. Queremos un baño digno.

Como decía allí hay variables culturales que hay que ajustar y no hay una definición legal clara. Entonces, lo que hicimos en este trabajo fue ahondar en los dictámenes, por ejemplo,   de   la   Corte   Interamericana   de   Derechos   Humanos,   de   la   Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los Comités Contra la Tortura de las Naciones Unidas, del Comité de Derechos Civiles y Políticos, en las Reglas Mandela, etcétera y elaborar un paquete de unas diez o doce recomendaciones  para identificar cuándo hay trato cruel, inhumano o degradante en la cárcel. En los primeros informes de 2015 comenzamos a denominar esas condiciones muy malas que encontrábamos. En realidad, este trabajo es fruto de esa experiencia. Y yo no quise llamar a esas situaciones como anómalas,  irregulares  o  no  suficientes,  porque  son  adjetivos  que  pueden  aplicar  a cualquier cosa. Yo puedo decir: «Esta buena sala en la que estamos reunidos podría estar mucho mejor, tiene insuficiencias, porque podría tener más pantallas, unas mesas más cómodas, sillas más cómodas». Entonces, frente a esas condiciones que vemos, de no acceso al patio, de hacinamiento, de mala dotación de colchones, de falta de acceso a educación,  etcétera, nos dijimos: «Cuando hay una condensación  de estas cosas, hay algo más que condiciones insatisfactorias o condiciones irregulares. Acá hay otra cosa. Bueno,  el  nombre  que  tiene  esa  otra  cosa  es  trato  cruel,  inhumano  y  degradante». Algunos hasta pueden sostener que es tortura. También discutimos eso, y tuve la oportunidad de discutirlo personalmente  con Manfred Nowak, uno de los referentes de estos temas y para mí un referente personal, porque tuve el orgullo de conocerlo cuando él presentaba informes contra la cárcel de Guantánamo, en aquella época del setiembre 11, cuando explotó el terrorismo extremo islámico y también la respuesta a eso, cuando se generaron aquellas cárceles clandestinas  y la cárcel de Guantánamo.  Bueno, en la Asamblea de Naciones Unidas fue una voz en el desierto. Allí lo conocí porque iba como relator  y trabajamos  juntos. Tuve el honor de acompañar  las peticiones  que él hacía. Luego, vino a Uruguay y fue muy fuerte el informe que hizo. Y con él discutimos mucho el concepto: «¿Por qué tortura?». Porque, como recién decía, la tortura tiene una intencionalidad. Es algo que pasa porque alguien hace que eso pase, hay una voluntad, una volición: «A usted no le doy un colchón, no le doy otro baño porque no quiero, porque lo quiero castigar. Así que va a esta celda y yo lo castigo». Ahora, cuando los déficits son estructurales,  es un poco más complicado. Muchas veces nos pasa que estamos ante muy buenos funcionarios, apegados a las normas, comprometidos, sensibles, empáticos, que están administrando una cárcel con enormes carencias estructurales. Y cuando digo «funcionarios»,  obviamente,  me refiero a los que prestan primera atención,  pero de un ministro,  de  un  jerarca,  de  un  director  que  recibe  una  institución  con  carencias estructurales  de  muy  larga  data  sería  un  despropósito  decir  que  bajo  su  gestión  se configura tortura. Por supuesto que en esas penumbras esas situaciones pueden a veces ser usadas por algún mal funcionario para dirigir determinados lugares con la intención de castigar, lo cual a veces cuesta detectar.

En fin; este documento, «Cárcel, dignidad y derechos humanos», aporta una doctrina sobre el trato cruel, inhumano o degradante. Hay muy poca doctrina sobre eso. Vamos a seguir trabajando sobre esto; espero a fin de año presentar el segundo libro como este del  que  por  ahora  solo  tengo  el título,  «El  Derecho  al Tratamiento».  Básicamente,  la conclusión a la que llegamos con este trabajo es que cuando no hay tratamiento en una cárcel, hay trato cruel, inhumano y degradante, porque la persona va hacia atrás; el ser humano  no es un producto  alimenticio  que  se coloca  en un congelador  y cuando  lo  descongelamos está igual que antes de ser congelado. Si no se trabaja en la persona que no tiene libertad, empeora.

El tratamiento son dos cosas: tratamiento en un sentido general, de acceso a los derechos,  de acceso a la educación,  a la cultura,  al deporte,  a la comunicación,  a la familia, etcétera, y tratamiento en sentido específico, tratamiento médico, a la adicción, de salud  mental.   Ese  conjunto   está  reflejado   en  las  Reglas   Mandela,   la  normativa internacional y, sobre todo, en las sentencias, resoluciones y guías de una cantidad de organismos como Amnistía Internacional, la Organización Mundial de Derecho contra la Tortura, los comités de Naciones Unidas, etcétera.

Esto con respecto a las cuestiones generales que vamos a estar trabajando en la oficina.  Como  decía,  la  oficina  está  organizada  en  brigadas,  el  trabajo  se  concentra mucho en el área metropolitana.

Hemos  empezado  a  desarrollar  -en  parte  surgió  a  raíz  de  la  pandemia-  una modalidad de trabajo que nos tiene muy contentos y que constituye una buena noticia. Se empezaron a conformar grupos de internos -lo comenzamos  a hacer en la pandemia-, que tenían reuniones con nosotros y, por ejemplo, les dábamos planillas para que nos ayudaran a hacer el seguimiento  del stock de alcohol en gel, de tapabocas,  para que vieran si había llegado el hipoclorito, si había colchones, si se había tenido contacto con los médicos, etcétera. Tuvimos experiencias similares; una de ellas muy interesante, en la Unidad 1, en el año 2019. Fue un ciclo de ocho talleres, muy interesante. Esa unidad tuvo varios  problemas.  Hubo dos muertes,  de muchachos  jóvenes,  a causa de peleas  por temas totalmente superfluos. Los internos nos llamaron y nos plantearon qué se podía hacer.  En ese momento  yo les dije:  «Bueno,  podemos  hacer  dos  cosas.  La primera, hablar de lo que pasó y, la segunda, conversar y ver cómo proteger la vida» Eso en el sector donde se produjeron las dos muertes. Fue resultado del impulso de dos internos. Hicimos una reunión. Bueno, la cárcel es igual que afuera, pero más presionado y más duro.

Eso fue en la Unidad 1 de Punta Rieles. Es como  el fútbol,  como  jugar  en Bolivia  o jugar  acá,  en el llano:  es el mismo deporte,  son  las  mismas  reglas,  pero  en  la  altura  es  diferente.  Es  lo  mismo,  pero diferente.  Todo es más difícil y complejo.  En la cárcel no se habla de las cuestiones afectivas. Incluso, había un interno, que era muy sensible, que hizo un grafiti en su celda que decía: «Acá se puede llorar». Ese interno, al tiempo, fue el que nos llamó por esas situaciones e hicimos una serie de talleres. Se habían dado una serie de problemas con la Guardia Republicana; se habían dado represiones totalmente desproporcionadas de su parte. Inclusive, por dos de ellas presentamos denuncias en la Fiscalía. Una de ellas fue un disparo, totalmente sin sentido, a un muchacho que estaba asomado a la ventana, quien perdió el sentido de la vista en un ojo. Presentamos la denuncia penal. No se pudo identificar al autor, porque había dos o tres funcionarios. Se acaba de archivar ese caso. Nosotros estamos viendo si existe posibilidad jurídica de apelar esa clausura, porque nos parece que correspondía otro tipo de procedimiento.

En ese clima complejo, de tensiones con la Republicana, de peleas internas entre ellos,  hicimos  una  reunión  con  todo  el módulo;  eran  unos  ochenta  muchachos.  Ellos hablaron  y se hizo un pequeño  homenaje  a los que  habían  fallecido.  Fue muy,  muy emotivo; tremendamente emotivo.

Nosotros somos una oficina externa, no somos los responsables del lugar. A partir de ese momento se hicieron unos talleres por el malestar con la Republicana. Tan bueno fue el resultado obtenido que luego se hizo una reunión con el jefe de la Republicana y veinticinco internos, delegados de todos los módulos, para hablar de la represión, de los excesos, de las malas interpretaciones, del rol de cada figura, etcétera.

Eso fue en 2019.

Había muchas quejas por el funcionamiento  de la unidad. Hubo reuniones con el director, con la directora del INR, con el área de salud. Fue una experiencia muy positiva. Habíamos hecho otras, más puntuales, pero quedamos muy embalados con esa.

Después  vino  lo del  covid;  básicamente,  las  reuniones  eran  con  los  delegados. Ahora, las vamos a hacer, no con los delegados, aunque con ellos nos vamos a seguir reuniendo, sino que vamos a convocar a un ámbito más educativo que reivindicativo con los  promotores,  por  más  que  también  habrá  reivindicaciones  y  planteos.  Para  eso también estamos buscando dar una señal institucional de acuerdos y de centrarse en que es el trabajo por derechos humanos. Aunque no lo hemos formalizado tenemos acuerdos con  instituciones  externas,  con  las  cuales  ya  nos  reunimos  varias  veces.  Hemos elaborado un documento de trabajo. Calculo que en un par de semanas estaremos instalando  los  primeros  grupos,  que  van  a  ser  los  módulos  10  y  11  del  Comcar, Canelones, Unidad 1, y tenemos mujeres y Maldonado. Veremos cómo es el cronograma.

Hemos dialogado  con la Secretaría  de Derechos  Humanos  de Presidencia  de la República, por un lado y, por otro, con la Fundación Zelmar Michelini, una institución de la sociedad   civil  que,  para  todos  los  que  trabajamos   en  el  Parlamento,   tiene  una reminiscencia y un simbolismo muy importantes, gestionada por la familia del exsenador Zelmar Michelini, asesinado por la dictadura en Argentina. Son dos contrapartes distintas: la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia y la fundación Zelmar Michelini. A ambas partes les pareció interesantísima esa mezcla de un actor público y de otro, de la sociedad civil. Esperamos seguir sumando otros actores, de a poco, porque hay que ir conformando y avanzando de a poco en estos talleres. Probablemente, también se incorporen  la Facultad  de Derecho  -con  la que  ya tenemos  una vieja  asociación-,  la Clínica de Litigio Estratégico  y el Consultorio  Jurídico de la Facultad de Derecho, con estudiantes,  además de los grupos de voluntarios  que tenemos  acá. Es algo que nos tiene muy ilusionados. Ha sido muy positivo. Va a ser un ciclo de talleres, entre seis y ocho sesiones. Se va a dar un certificado.

Hemos  solicitado  al  INR  -todavía  no  tuvimos  respuesta-  que  las  personas  que acrediten  un curso de promoción  de derechos  humanos  puedan  trabajar  en la cárcel, como promotores de derechos humanos, y que se sumen aquellos que tienen comisión de todo tipo, de limpieza,  etcétera. Son cosas que no se saben, pero las cárceles se mantienen en pie, en buena medida, porque los presos -este es otro gran tema y no da para  hoy,  por  la  agenda;  perdónenme;  ya  termino-  pintan,  limpias  cloacas,  arreglan celdas, ponen rejas, cocinan, trasladan a los heridos, cultivan, arreglan la eléctrica. Hace unos meses, se rompió la bomba de agua del Comcar, un viernes de tarde, y no había quién  la  arreglara.  Estuvieron  hasta  las  cuatro  de  la  mañana  un  funcionario  y  tres internos,  con  el  agua  a  la  cintura,  tratando  de  arreglarla.  Muchísimas  veces,  sin implementos,  sin  peculio,  sin  salario,  sin  una  certificación  laboral,  etcétera.  Bueno, queremos que los promotores de derechos humanos puedan ser incorporados. Estas son las líneas más generales.

Nosotros seguimos haciendo las recorridas -como les decía- con menor frecuencia. No estamos en nuestro promedio habitual, que era de sesenta a ochentas visitas al mes. Estamos   haciendo    entre   veinte   y   veinticinco    visitas   por   mes.   Esperamos    ir  incrementándolas  de a poco, en la medida en que haya más vacunación  en la cárcel. Ojalá -quiera Dios, la ciencia, la medicina, la naturaleza- que el virus tienda a la baja.

El Covid, la vacunación, la situación actual, es otro gran capítulo.

La vacunación ha sido ejemplo de una muy buena práctica. Ha sido muy notable.

El Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad de ASSE, es decir, el área de ASSE que se encarga de la salud en las cárceles, maneja solamente el 65%.  Un  viejo  reclamo  nuestro  es  que  ASSE  cubra  todas  las  cárceles.  Estamos dialogando con ASSE y le hemos mandado varias notas sobre el punto. Es de esperar que la prioridad  del covid debe pasar un poco, pero nos parece  muy importante  que ASSE cubra todo el sistema.

Antes de que estallara la pandemia, en febrero de 2019, estábamos dialogando con ASSE, por ese virus que había aparecido en China y nos preocupaba. Obviamente, no éramos visionarios, pero nos parecía que iba a ser como un sarampión más complejo. Como un poco antes hubo un pequeño brote de sarampión y vimos que en las cárceles no había lugar donde aislar a la gente que lo tenía -inclusive, es muy complejo aislar a quienes  tienen  tuberculosis-,  nos  dijimos:  «Acá  se  va  a  venir  un  problema  grande». Cuando  estalló la pandemia,  SAI- PPL de ASSE  ya tenía el protocolo  pronto.  En las primeras reuniones que hubo en Salud Pública, SAI- PPL ya tenía el protocolo pronto. Se enfrentó muy bien la pandemia, con mucha flexibilidad por parte del Ministerio del Interior y del INR, que es quien administra. Se dialogó mucho con las familias, con los internos, con los delegados. Hubo una actitud de los privados de libertad y de sus familias que, realmente, hay que destacar. Todos conocemos muchísimos amigos, cercanos, o vemos personas de buena condición económica y educativa que incumplen las normas, que se las saltean, que no creen que sean necesarias o no creen en ellas. Reitero que esto es un día a día, pero en el sistema carcelario los internos asumieron y aceptaron cuando se cortaron o restringieron las visitas o se establecieron medidas de control, etcétera, porque había virus,

Enseguida que llegaron las vacunas, yo hice una averiguación y tuve una muy grata sorpresa. Hablé con el subsecretario de Salud Pública y me dijo: «Quédese tranquilo que lo tenemos presente; van a ser una de las prioridades». Igual, yo envié una nota; me la contestaron y reafirmaron, formalmente, que iba a ser una prioridad. La vacunación ha sido excelente. Creo que un 92 % ya tiene la segunda dosis.

Hay   un   seguimiento   muy   importante.   Todos   los   lunes   hay   reunión   con representantes  de  varias  reparticiones  de  Salud  Pública.  Se  hace  seguimiento,  por ejemplo, a los que les falta vacuna o a los liberados. Asimismo, se descubren nuevas áreas  a  atender:  por  ejemplo,  personas  que  salen  liberadas,  con  una  sola  dosis,  o personas que ingresan sin vacunar a una cárcel en la que está todo el mundo vacunado, o el área de las medidas alternativas, que no estaba en el mapa del sistema carcelario. En esas reuniones también participamos nosotros.

Sin dudas, la vacunación en el sistema carcelario ha sido muy buena. Argentina, por ejemplo, no ha vacunado en el sistema carcelario. No sé en Brasil; tengo serias dudas de que lo hayan hecho. En algunos Estados de Estados Unidos llegaron a hacer juicios para que  algunos  internos  pudieran  ser  vacunados.  Es  verdad  que  en  otros  países  hubo medidas judiciales de deshacinamiento cuando el virus comenzó a entrar a las cárceles; Uruguay no las tuvo el año pasado, porque el virus no llegó con la fuerza que tiene ahora.

La respuesta es que hubo una muy buena práctica.

Con respecto a la situación del sistema, un dato importante es que el número de presos sigue creciendo. Hay casi 13.700 presos. Tenemos una proyección que apunta a que, de seguir este ritmo, estaríamos llegando a 19.300 presos al final de este Período. Ya tenemos un hacinamiento muy grande. Parece razonable pensar que el país no puede construir; no debe hacerlo. Yo creo que no debería hacerlo, porque ya tenemos un índice de prisionización, una cantidad de presos cada cien mil habitantes, muy por encima del promedio de América Latina y de los más altos del mundo; estamos entre los veinticinco países  del  mundo  con  más  población  privada  de  libertad.  Algo  ocurre  en  nuestras políticas sociales que la privación de libertad termina siendo una respuesta muy habitual.

Ese crecimiento de la población carcelaria merece una reflexión de fondo. Habría que ver qué  medidas  de otro  tipo se podrían  tomar  para  evitar  esa  congestión.  Hay muchas personas que por delitos leves terminan en la cárcel. Hay muchos que por estupefacientes terminan en la cárcel. Estoy hablando de delitos leves, como suministro de pequeñas dosis. Puedo poner como ejemplo una muchacha que ingresa un poco de sustancia al novio que está en la cárcel. O también algunas modalidades de hurto. Hay un estudio del Instituto Nacional de Rehabilitación que establece que 25 % de los internos son de muy bajo riesgo, por lo cual podrían funcionar en régimen de medidas alternativas. Quizás haya que pensar en algunos mecanismos. Así como quien incumple una medida alternativa  va  a  la  cárcel,  se  podría  buscar  algún  sistema  para  que  aquellos  que progresan y tienen buen comportamiento en la cárcel pudieran ganar puntos -para lo que se requiere  un sistema  programático  fuerte-  y puedan  postularse  para un sistema  de medidas alternativas.

Por lo tanto, pensamos que hay que desarrollar el sistema de medidas alternativas, fortalecer la intervención de los programas de salud mental y de adicciones, y fortalecer la intervención técnica en el sistema. Lo que podemos hacer frente a la alta reincidencia que tenemos es tratar de bajarla con trabajo técnico. No es fácil bajar la reincidencia. No solo es un tema de que haya aulas y técnicos. El delito es un fenómeno muy duro, en muchos casos. Es muy duro comprobar, a veces, cómo ocurre la reincidencia.

Los países nórdicos tienen 20 % de reincidencia; no es menor. De todos modos, es un dato muy frío. Una persona comete un delito grave y va a la cárcel; cuatro meses después de que sale comete un pequeño hurto; bueno, se computa como reincidencia. A veces, el mecanismo de filtraje lo que hace es bajar la violencia. Si logramos que una persona que cometió una rapiña agravada, un copamiento, infligió lesiones personales, luego cometa un pequeño hurto, no es que esté bien, pero no es lo mismo que reincida con delitos más graves. La intervención técnica permite mejorar la capacidad de rehabilitación del sistema y la conexión con el afuera del sistema.

Nosotros seguimos monitoreando las cárceles. Tenemos un intercambio constante, obviamente, con el Ministerio del Interior, con el Instituto Nacional de Rehabilitación y las unidades carcelarias. También trabajamos con el Mides y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hay una serie de iniciativas que están en la vuelta. La gran mayoría de ellas no son nuestras. Están ocurriendo algunas cosas positivas. En esa emergencia que hubo se tomaron varias medidas interesantes. Creo que hay una continuidad de cosas que se hicieron antes en la Reforma Penitenciaria. El gobierno anterior la llamó Reforma Penitenciaria,  el  actual,  Plan  de  Dignidad  Carcelaria;  creo  que  son  líneas  que  se continúan. Por ejemplo, podemos mencionar la creación del preegreso en el Comcar, la colocación de camas en muchos módulos, el aumento de actividades productivas. En el Comcar   se  inauguró   un  polo  educativo   que  se  había   empezado   en  la  anterior administración y se terminó en esta. Son pequeñas acciones puntuales, muy, muy importantes, y algunas muy trascendentes. Escuché que hay un proyecto de ley para que los internos puedan vender lo que producen.

Decimos que está faltando un ámbito en el cual se pueda crear un plan estratégico para el sistema penitenciario. En la ley de urgencia hay un artículo -votado por todos los sectores, si no me equivoco- que establece un Consejo de política criminal. Es un ámbito donde representantes  de los tres Poderes del Estado puedan dialogar y diseñar sobre líneas  de  trabajo  en  política  pública  para  el  área  penitenciaria  y  la  política  criminal. Cuando se discutió en comisión ese artículo incluido en la Ley de Urgente Consideración, yo llevé un informe, planteé algunas observaciones en la conformación. Me parecía que debía haber una presencia más amplia de actores. Aun con la redacción final que tuvo, si eso  funcionara,  la  obligación  que  tiene  el  INR  es  hacer  una  estrategia  nacional penitenciaria; pueden ser ámbitos interesantes de discusión y de planteamiento.

No los quiero agotar con tanta información.  Con mucho gusto puedo venir a otra convocatoria  y, por supuesto,  estoy  a disposición  para responder  a las preguntas  de ustedes.