La cárcel
Hace apenas unos días, el 16 de junio, Juan Miguel Petit, actualmente Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, concurrió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, para dar su visión sobre la coyuntura social de las cárceles en Uruguay. Petit es un abogado que estuvo al frente del Consejo del Niño entre 1985 y 1990, fue relator Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2001-2007), Asesor en Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007-2015); Consultor de la Organización Internacional para las Migraciones sobre trata de personas y explotación sexual comercial. En periodismo fue cronista del semanario Opinar (1980-83), Redactor Responsable del semanario Jaque (1983-85), editor del semanario Tres (1996-2001), periodista y conductor en radio El Espectador y el diario El País (2001-2007). Quien ha tenido la posibilidad de conocerlo sabe de su integridad profesional minuciosa y humana, fuertemente profesionalizada a partir de la construcción de equipos interdisciplinarios. Su filosofía ha sido la del ejercicio pleno de la libertad. Quizá por eso es que se transformó en un relator cuidadoso del texto y del contexto carcelario, para que la verdad -más de presiones circunstanciales- sea el soporte necesario para las decisiones que se deban adoptar por parte del sector político. En su comparecencia ante el Parlamento reveló que “un dato importante es que el número de presos sigue creciendo. Hay casi 13.700 presos. Tenemos una proyección que apunta a que, de seguir este ritmo, estaríamos llegando a 19.300 presos al final de este Período.” Su conclusión a partir de la experiencia, es que “Ya tenemos un hacinamiento muy grande. Parece razonable pensar que el país no puede construir; no debe hacerlo… ya tenemos un índice de prisionización, una cantidad de presos cada cien mil habitantes, muy por encima del promedio de América Latina y de los más altos del mundo; estamos entre los veinticinco países del mundo con más población privada de libertad. Algo ocurre en nuestras políticas sociales que la privación de libertad termina siendo una respuesta muy habitual.” En esta edición de OPINAR por la envergadura del tema y por la incidencia directa en la cotidianeidad de nuestra sociedad -de quien padece la vicisitud carcelaria en forma personal y de quien no- es que decidimos editar íntegra su intervención.
JUAN MIGUEL PETIT
Antes que nada quiero decirles que la oficina obviamente se ve muy afectada en su trabajo por la pandemia. Pese a eso, salvo los primeros veinte días, luego de declarada la pandemia el 13 de marzo pasado, y de tres semanas en abril, cuando suspendimos las visitas a las cárceles, siempre estuvimos presencialmente en las cárceles. Por momentos, no pudimos llevar adelante el método de trabajo que habíamos desarrollado; tenemos varias herramientas.
En la oficina tratamos de ir desarrollando la metodología de trabajo e hicimos un protocolo de indicadores con ensayo y error. El primer protocolo tenía trescientos veinte indicadores y era absolutamente imposible aplicarlo. Hemos ido aplicando un protocolo con indicadores cuantitativos y cualitativos, con distintas dimensiones que permiten reportar las situaciones al Parlamento. Y cuando decimos «En esta cárcel hay un problema», no es solamente el comisionado o un integrante de la oficina del comisionado que dice «Esto está muy mal» o «Esto mejoró», sino que la elaboración se basa en una evidencia, fruto del trabajo del terreno.
Nosotros desarrollamos un método de trabajo que nos ha dado mucha información, también mucha emoción, y mucha cercanía con el sistema. A veces realizamos auditorías celda por celda, sobre todo en las cárceles grandes en las que hay mayores problemas de poco o nulo acceso al patio. Hicimos algunas auditorías recorriendo celda por celda durante varios días y los hallazgos son muy importantes.
Como saben, entre otras cosas gracias al voto de ustedes, fui reelegido en esta tarea y yo lo tomé como un compromiso de renovar lo que hacíamos, de tratar de pegar algunos saltos cualitativos, de seguir consolidando, institucionalizando la oficina.
Hice un planteo a la Comisión Administrativa y por ley de presupuesto se crearon cinco cargos para la oficina, porque no tiene cargos propios: el único cargo que tiene es el de comisionado, una enorme debilidad para la oficina. Es nuestra oficina y la queremos mucho, pero queremos que el Parlamento tenga un espacio para recibir a los sectores muchas veces más vulnerados, más aislados, más excluidos, a familias que por ejemplo no tienen posibilidad de acceder a un abogado particular, que no tienen acceso a información de una cantidad de cuestiones. Entonces, que ellos sepan que el Parlamento es una referencia, creo que es una señal muy notable que tiene Uruguay y que no es común. Obviamente, hay ombudsman, defensorías del pueblo, etcétera -no las conozco todas en el mundo; solamente algunas; yo tengo intercambio con muchos colegas-, y este sistema que Uruguay tiene instalado es fruto de un acuerdo de todos los sectores partidarios liderado por gente como el doctor Daniel Díaz Maynard, a quien siempre recuerdo. Es muy importante para el sentido profundo que tienen el Parlamento y la soberanía popular que aquí radica.
Este año, aunque habíamos hecho algunos esbozos, por primera la oficina elaboró un plan estratégico. No quiero atiborrarlos de información; no les traje copia; en todo caso el presidente me dirá.
La oficina está integrada por once funcionarios y el comisionado, y lo que hicimos fue elaborar un plan estratégico tratando de ordenar esa tarea, porque ¡claro!, es una oficina que trabaja muy en caliente, por lo que a veces pierde la ubicación, no sabe dónde está, si avanzó, si no avanzó, o si siempre está haciendo lo mismo. Entonces, nos planteamos una serie de ejes estratégicos sobre los cuales trabajar; aplicamos la metodología a partir del apoyo de un planificador, el señor Guido Fernández Velazco -un español que vivió en Uruguay, que trabajó en Naciones Unidas y fue colega mío en esa organización-, quien gratuitamente desde Barcelona nos ayudó en varias conferencias a elaborar ese plan estratégico. Hace años habíamos hecho algunos esbozos, pero ahora hicimos un plan estratégico muy riguroso, del cual les voy a dar una copia.
No los quiero atiborrar, pero establecimos cuatro ejes estratégicos de intervención. No quiero entrar en detalle, pero uno tiene que ver con el fortalecimiento institucional de la oficina, de coordinación interinstitucional para mejorar la gobernanza del sistema penitenciario. Otro eje apunta a nuestras contrapartes; otro refiere a las medidas alternativas y otro tiene que ver con empezar a recorrer el camino de las medidas alternativas.
La ejecución penal tiene dos partes; lo que ocurre es que una no se ve; es el lado oscuro de la luna. La ejecución penal es la aplicación de la ley penal, la aplicación de una pena por una transgresión cometida. Lo que todos conocemos habitualmente son los delitos y la cárcel; en este momento la población es de casi trece mil setecientas personas y va en ascenso.
Además, hay un sistema de medidas alternativas; aproximadamente unas diez mil u once mil personas las están cumpliendo; también reciben una sanción penal por faltas o por delitos de poca gravedad o porque recibieron una pena mixta. Obviamente, la oficina todavía no monitorea adecuadamente ese sistema, pero hemos comenzado a hacerlo, a tener reuniones con la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida. Hemos visto muy buena voluntad por parte de su equipo técnico, de veinte personas.
Empezamos a hacerle recomendaciones, inclusive, a intervenir en algunas audiencias, tratando de encaminar eso que se llama la justicia terapéutica, es decir, que aquellas personas que cometieron delitos leves, en vez de que cumplan la pena en una cárcel, lo hagan en una clínica de rehabilitación. Eso, que puede parecer de ciencia ficción, ocurre en Uruguay, todavía, en casos muy acotados; podría aplicarse en muchos más casos. Faltan los instrumentos, los programas, el incentivo para que desde el sector público y también del privado se instalen lugares donde los jueces puedan derivar personas que de pronto cometieron un delito leve, fruto de su adicción, de un trastorno psiquiátrico por lo que requieren una atención especializada.
A partir de ese plan estratégico, establecimos una línea de trabajo, por ejemplo, con los jueces la ejecución. La autoridad sobre la cárcel es el juez; la cara visible es la administración carcelaria, pero quien decide, quien juzga y manda ejecutar lo juzgado es el juez. Entonces, todos los meses nos reunimos con los jueces de ejecución. Cuando vamos al interior, también tratamos de reunirnos con los jueces de ejecución y de dialogar con ellos porque también recorren las cárceles y hacen observaciones; la diferencia con el comisionado parlamentario es que lo que podemos hacer es una recomendación, podemos recurrir a un habeas corpus, presentar una denuncia formal para lograr una sentencia, pero normalmente hacemos recomendaciones. Sin embargo, el juez dialoga, emitiendo sentencias, dictámenes obligatorios, por lo que la supervisión del juez de las cárceles es muy importante. Dialogamos mucho con ellos.
En el tiempo de la pandemia trabajamos de un modo particular, en modo covid, sobre todo después de marzo cuando esto estalló; canalizamos donaciones, muchas veces obviamente tratando de ser muy discretos. Una de las claves del trabajo de monitoreo en derechos humanos es, justamente, ser ubicados y discretos, tratar de ayudar para que pasen cosas, pero no necesariamente ser protagonistas cuando las cosas pasan; a veces sí es bueno serlo, pero muchas veces es bueno que las cosas ocurran y ayudar a que otros sean las que las lleven adelante.
Contactamos al servicio nacional de emergencia, acudimos a la cooperación internacional, contactamos fundaciones, sindicatos, empresas, tratamos de hacer lo posible para canalizar, por ejemplo, la construcción de lavamanos, la entrega de materiales de higiene, máquinas de coser para hacer tapabocas, en el caso del Comcar, por ejemplo. En fin… Y pensando en la cultura y en los derechos a la cultura editamos una publicación -también se las traje; tenemos planteado hacer otras-, porque es un derecho muy importante. Sé que alguno de ustedes tienen particular interés de esa perspectiva. El derecho a la cultura es visto como un lujo; se considera un lujo acceder a recorrer un museo y, en realidad, es un derecho que también se conecta con los derechos más elementales, derechos civiles, políticos y sociales, porque es una manera de comunicar, de comprender el mundo, de tener un lugar en ese mundo.
Esta publicación que hicimos se repartió en todo el sistema carcelario; fueron quince mil ejemplares. El semanario Voces colaboró gratuitamente en el armado y en la elaboración de algunas notas; conseguimos material y todo fue hecho gratuitamente. Lo imprimió el Palacio con fondos de la comisión. Les dejo la publicación. Esto se hizo el año pasado y lo cito como un ejemplo.
Debido a las dificultades de acceso del público generamos una red aumentando la cantidad de celulares disponibles. Les voy a entregar estas tarjetitas porque puede pasar que personas los llamen por algún tema vinculado al sistema carcelario. Acá tienen nuestra red de celulares para que sea mucho más fácil. Los pueden pasar a la gente, los pueden wasapear. Es más: si tienen una red de familias o gente vinculada, está bueno que los hagan circular, porque tenemos ocho celulares operativos para recibir planteos, quejas, etcétera.
Una de nuestras líneas estratégicas es fortalecer la relación con las contrapartes. Recorrí, como lo hice en el período anterior, los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y Seguridad Social, etcétera, y realmente Uruguay comenzó a transitar una reforma penitenciaria; eso consta en los informes. Uruguay estuvo muy rezagado y todavía lo está en su sistema penitenciario, pero a partir de 2010 básicamente comienza una reforma penitenciaria, dejando atrás aquel sistema mediante el cual cada jefatura de Policía manejaba la cárcel; eran dieciocho sistemas departamentales y la Dirección Nacional de Cárceles, que atendía el área metropolitana.
Ese proceso tuvo un empuje muy fuerte a partir del período 2010- 2015, con una inversión muy grande. Se construyeron cárceles. Algunas se construyeron con muy buen diseño, por ejemplo, la cárcel de Juan Soler; la cárcel de Rivera, que tiene la mala fama de que a veces se usa como sanción, porque la gente va muy lejos, en sí misma tiene un muy buen diseño; debe ser la cárcel que más patios tiene; tiene una planta baja con aulas, con una especie de salón comunal para actividades recreativas, con biblioteca, talleres; tiene la peculiaridad de que es la única en todo el país en que cada sector de unas doce celdas tiene una especie de sala común, una sala en donde puede haber una televisión, mesas para compartir el almuerzo o un rato. Eso, de hecho, no se desarrolla mucho por la falta de densidad técnica en la intervención. No existe la cantidad de funcionarios que permita a los internos romper esa cultura de «recibo la comida y como en mi celda solo». En algunos sectores se logra y se comparte el mate -no ahora-, se mira la televisión, se escucha la radio, se juega a las cartas.
Se construyeron muchas celdas, muchas plazas; se incorporó la salud pública y hubo un gran esfuerzo por incorporar la educación.
En el informe que presenté a la Comisión de Presupuestos del Senado y de Diputados, hay unas gráficas que hicimos el año pasado -lo estamos retomando ahora-, que son un monitoreo presupuestal del sistema, cuestión que tampoco se hacía. Es difícil de hacer y hay que perfeccionarlo, porque el sistema vuelca recursos en una cantidad de organismos: ASSE, sanidad policial, hasta al propio Ministerio de Defensa Nacional con la cobertura perimetral, al sistema educativo, Ministerio de Educación y Cultura, ni qué hablar al Codicén, Inefop. Es decir, hay que presupuestar todo eso. Hicimos un cálculo con datos objetivos y claramente las gráficas muestran cómo hubo un aumento en la inversión en el sistema a partir de 2010- 2015 y luego una caída, y un estancamiento, que continúa.
El año pasado, en la Comisión de Presupuestos y enmarcados en la pandemia, era muy difícil pensar en un presupuesto quinquenal de profundización de las reformas. Planteé que me parecía que era uno de los grandes desafíos que tiene el país. A esa altura ya se veía que la población penitenciaria estaba creciendo de nuevo; empezó a crecer fundamentalmente a partir de 2019. Se había logrado bajar el hacinamiento, había ocupación plena, pero lentamente se veía que iba a comenzar a desbordarse y, lamentablemente, hoy tenemos un hacinamiento importante en todo el sistema: 133 % de densidad en todo el sistema en promedio. Es decir, hay más de 133 personas por cada100 plazas, y en algunos lugares hay más. Si quieren, luego hablamos del sistema.
En ese marco de hacer actividades, el mandato que tiene nuestra oficina es de promoción de los derechos humanos. Ahora, hay un gran problema que tiene el sistema que es la falta de empoderamiento y de acceso a información por parte de los usuarios del sistema, de los presos, de las presas y de sus familias. Es muy común que a toda hora nos llamen para preguntarnos «¿Cómo hago para ver a un familiar que está en el Pasteur?»; «A mi hijo lo cambiaron de cárcel y no sé dónde está», etcétera. Ahí hay una debilidad de muchos actores y creo que hay que pensar en una clave de política pública en el sentido de no responsabilizar a una persona o a quien nos está atendiendo en una ventanilla, sino pensar sistémicamente. Así como nos reunimos con los jueces todos los meses, iniciamos una relación de trabajo con la OSLA, con el sistema de medidas de seguimiento y medidas alternativas, que si bien depende del Instituto Nacional de Rehabilitación, es una entidad en sí misma. También iniciamos una relación de trabajo más fuerte con la Dirección Nacional de Defensa Pública.
Nos pasaba muy a menudo que los presos nos decían que no accedían a su abogado; entonces, pedíamos información a la Defensa y, naturalmente, se generaba cierta fricción, porque nosotros les comunicábamos a los defensores: «Nos dice Fulano que no está siendo atendido», y el defensor, obviamente, a veces sentía ese comentario como una crítica y nos decía: «Bueno, pero yo tengo más casos de los que puedo atender, estoy desbordado». Entonces, intentamos construir institucionalidad a partir del diálogo y decir: «Nosotros también estamos desbordados. Acá todos estamos desbordados. Hay que ayudar a tratar de construir un sistema diferente». Entonces, establecimos un mecanismo por el que cuando esos casos no llegan, les escribimos, les pasamos los datos, hablamos con ellos. Está a la firma un convenio de colaboración de la Suprema Corte de Justicia con la Defensoría.
Y en el marco de ese nuevo diálogo confeccionamos este folleto informativo que les entrego, hecho por el Parlamento. Brinda información absolutamente elemental: datos telefónicos, por ejemplo, qué defensor, dónde recurrir, a dónde llamar cuando se egresa, etcétera.
Tenemos un par de productos más del estilo de guía de recursos para el liberado de la cárcel y guía de recursos para las personas que están presas, es decir, para que sepan cómo deben moverse dentro de la cárcel y acceder a respuestas para preguntas del estilo: «¿Cómo planteo una libertad anticipada?»; «¿Dónde realizo una petición?» o «¿Dónde reclamo si la nota que presenté en la cárcel no me la respondieron?», etcétera.
Esto lo muestro, porque es un boceto.
Un viejo tema que a nosotros nos preocupaba y nos preocupa mucho refiere a los mundos que no se ven por debajo del mundo de la cárcel que se ve, por ejemplo, el de los hijos de la persona privada de libertad. Y la visita a un familiar o referente preso es sin duda un hecho fuerte; inclusive, puede ser una adversidad afectiva muy grande para un niño o niña menor de cinco o seis años: ingresar a un lugar donde hay muros, policía, vigilancia; inclusive, a veces pueden darse expresiones de violencia, enfrentamientos. Entonces, estamos terminando de elaborar un folleto, un librito, con el área gráfica de fotoduplicación del Parlamento, para que todos los niños que vayan a visitar a un familiar a la cárcel puedan llevarse algo grato y que a la vez los lleve a ubicar lo que están viviendo, porque muchas veces cuando los hijos de los privados de libertad son chicos no les dicen que sus padres están presos: les dicen que están en una fábrica, que están trabajando, que ese lugar es una industria, que van a estar durante un tiempo, etcétera. Sin meternos en eso, que es resorte de cada uno, elaboramos un material, y como no hay mucha información sobre estas situaciones, rastreamos material y nos inspiramos en uno del sistema de prisiones británico. Lo adaptamos a nuestra realidad con dibujos y textos nuestros, y allí ustedes pueden encontrar varios mensajes, no digo subliminales, pero implícitos; por ejemplo, hay un dibujito que muestra una cantidad de espacios urbanos que se presenta como un laberinto; están el Estadio, la Intendencia, un hospital. Y refiriéndose a la cárcel, la define así: «Este es un edificio muy grande y forma parte de una ciudad como hospitales, escuelas, intendencias, edificios de viviendas y estadios.
¿Cuáles son los edificios más grandes que conocés? ¿Podés encontrar el camino hacia las entradas de estos edificios?». Es un jueguito que lo que de alguna manera está diciendo es: «Ese lugar a donde fuiste en ómnibus con tu familia y que está en medio del campo forma parte de la sociedad»; debe formar parte de la sociedad. «No estás excluido, no estás fuera del mapa por estar allí. Esa es una etapa que luego se puede superar». Es para hacer en conjunto; hay espacios para dibujar, inclusive, para que dibujen con la persona que van a visitar. Les hablamos de la cárcel. Por ejemplo, hay un cuadro en el que explicamos: «En la visita se ven algunas de estas cosas. ¿Viste algo más? ¿Podés dibujar o escribir lo que te llamó la atención?», e ilustramos una torre, una persona, un funcionario, un tobogán, un portón. Y hablamos del salón de visita, etcétera.
En otro dibujo explicamos: «Acá trabaja mucha gente: administradores, operadores, policías, técnicos, profesores, entre otros. «Algunos usan uniforme. ¿Los viste?». Y hay un dibujito que muestra la gente que allí trabaja. Esto, de alguna manera, ayuda a que esa experiencia no sea algo secreto, vergonzante y que forma parte de algo muy oscuro de sus vidas. Muchos recordarán, no sé si siguen existiendo, aquellos libros: «Teo va a la escuela», «Teo va al club». Bueno, está inspirado en esa lógica. La contratapa tiene esta imagen. Yo solicité que hubiera un sol muy grande, una carretera y un sol muy grande, pensando justamente en una mirada hacia adelante.
Y hay otro documento, que también les aporté. La oficina tiene una serie de acuerdos con instituciones tratando de aprender de los que más saben, de estar a tono con lo que ocurre en el mundo, ya sea en cuanto a buenas prácticas como también a desarrollos conceptuales, que es lo que por ejemplo nos permitió presentarnos en anteriores años con los habeas corpus, con los recursos de amparo en su momento, con peticiones judiciales; también con respecto a las denuncias penales tradicionales que hacemos; este año hicimos varias por posibles abusos de funcionarios. Y para que no queden en el aire, este año hicimos unas cinco denuncias; es un promedio; más o menos está en eso.
A su vez, en estos días la oficina está empezando a poner operativo un trabajo de larga data: creamos un registro de violencia institucional en el que se asientan aquellas denuncias de abusos internos que nos presentan los reclusos, pero que no quieren denunciar, porque por ejemplo les faltan pocos meses para ser liberados. Bueno, si sufrieron algún tipo de abuso, algún golpe o maltrato, maltrato verbal, etcétera, y tienen miedo de que eso se vuelva en su contra, entonces, los entrevistamos, elaboramos un formulario que lo aprendimos y lo trabajamos con la Procuración Penitenciaria de la Nación, de Argentina, con la que tenemos un convenio. La Procuración Penitenciaria de la Nación tiene esto muy desarrollado; también depende del Congreso argentino y trabaja muy bien estas cosas.
Entonces, en un formulario se registra una denuncia con identidad reservada; los hechos quedan registrados y firmados, pero como quien la presenta plantea que no quiere que se formalice la denuncia, queda en nuestro poder, en un archivo nuestro, para nuestro peculio. Eso nos permite poder decir mañana: «Este año hemos registrado tantos casos de violencia institucional» o, por ejemplo, como estamos haciendo con una unidad, de la que nos han llegado varios casos, hacer una nota y decir: «Tenemos denuncias de que en este lugar pasan estas cosas». No se identifica a la persona que lo denuncia, ni siquiera al sector donde ocurre, porque la persona no quiere que eso se haga, pero se actúa en base a esta herramienta y se advierte a los funcionarios que están trabajando allí o a quienes pudieron haber incumplido sus deberes: «Miren que hay una institución que está observando», y a la vez se pueden hacer recomendaciones prácticas como, por ejemplo, las que vamos a encarar con esta unidad, que tienen que ver con capacitar al personal, con hablar sobre el concepto de tortura, sobre el concepto de accesibilidad de los derechos de los internos, etcétera. Son modalidades preventivas.
En ese marco, el año pasado elaboramos un trabajo, en este caso de mi autoría, a partir de un concepto que es muy importante compartir con ustedes que están en la Comisión de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 marcó un hito fundamental, luego de una larga evolución histórica, en cuanto a la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Eso es lo que se llama «la fórmula», que lleva dos elementos conectados: tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En la historia de la Declaración Universal obviamente se incorporó el segundo elemento de la fórmula para que no quedaran afuera situaciones que podían configurar tortura, pero que eran más maliciosas o sutiles, o no eran la tortura brutal de por ejemplo castigar a una persona, aplicarle corriente eléctrica, hundirle la cabeza en el agua; se trata de formas sutiles, como comida podrida, tener a la persona en una celda con muchísimo frío y argumentar «Ah, bueno. No nos dimos cuenta de que la celda estaba muy fría», no darle colchón a propósito, etcétera.
El desarrollo posterior en el sistema internacional hizo que se definiera muy bien el concepto de tortura. Después surgió, creo que en 1985, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; después el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En base a esas dos normas, todas las legislaciones del mundo han incorporado, incluyendo Uruguay, la definición de tortura como todo dolor grave, físico, mental, aplicado a una persona por un funcionario público o asimilado, con la finalidad de sacar información, amedrentar, discriminar, castigar, etcétera.
Posteriormente, se elaboraron otras normas que no son convenciones, pero que tienen mucho peso moral, como las Reglas Mandela, que regularon, que regularon ese otro fenómeno que existe en otros lugares, el aislamiento en solitario, que es cuando a la persona, por motivos de seguridad o para castigarla, se la somete a un régimen especial, estando sola en su celda. Las Reglas Mandela establecieron que el aislamiento en solitario, por más de diez días, sin al menos con dos horas de contacto humano relevante, también es tortura.
Esto con respecto a la tortura.
¿Qué es «trato o pena cruel, inhumano o degradante»? Ahí se abre un gran tema porque no hay una definición absolutamente estricta y la lectura puede variar según los contextos culturales de cada país. Hay fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establecen que tener que compartir la intimidad en un servicio sanitario en una celda, con más de dos o tres personas, se considera trato cruel, inhumano y degradante. Hace años tenemos celdas con tres, cuatro, cinco, seis, ocho personas compartiendo una pequeña letrina, un pequeño duchero, y nos alegramos cuando funciona el servicio de agua, y decimos: «Por suerte, en este lugar los sanitarios funcionan». Y a veces, cuando no funcionan, lo vemos como algo muy grave. Pero también es muy grave que aunque funcionen no exista derecho a la intimidad. La persona tiene derecho a bañarse sin que lo miren y a utilizar el sanitario sin que lo estén observando. ¡Claro! Cuando la gente reacciona con la pasión que despierta el delito, la pasión punitiva y sancionatoria que despierta el delito, dice: «Pero este señor, el comisionado, estos señores de la Comisión, ¿qué quieren? ¿Un baño con azulejos de los que hacen publicidad en la radio? ¿Qué quieren?». Bueno, sí, queremos. Queremos un baño digno.
Como decía allí hay variables culturales que hay que ajustar y no hay una definición legal clara. Entonces, lo que hicimos en este trabajo fue ahondar en los dictámenes, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los Comités Contra la Tortura de las Naciones Unidas, del Comité de Derechos Civiles y Políticos, en las Reglas Mandela, etcétera y elaborar un paquete de unas diez o doce recomendaciones para identificar cuándo hay trato cruel, inhumano o degradante en la cárcel. En los primeros informes de 2015 comenzamos a denominar esas condiciones muy malas que encontrábamos. En realidad, este trabajo es fruto de esa experiencia. Y yo no quise llamar a esas situaciones como anómalas, irregulares o no suficientes, porque son adjetivos que pueden aplicar a cualquier cosa. Yo puedo decir: «Esta buena sala en la que estamos reunidos podría estar mucho mejor, tiene insuficiencias, porque podría tener más pantallas, unas mesas más cómodas, sillas más cómodas». Entonces, frente a esas condiciones que vemos, de no acceso al patio, de hacinamiento, de mala dotación de colchones, de falta de acceso a educación, etcétera, nos dijimos: «Cuando hay una condensación de estas cosas, hay algo más que condiciones insatisfactorias o condiciones irregulares. Acá hay otra cosa. Bueno, el nombre que tiene esa otra cosa es trato cruel, inhumano y degradante». Algunos hasta pueden sostener que es tortura. También discutimos eso, y tuve la oportunidad de discutirlo personalmente con Manfred Nowak, uno de los referentes de estos temas y para mí un referente personal, porque tuve el orgullo de conocerlo cuando él presentaba informes contra la cárcel de Guantánamo, en aquella época del setiembre 11, cuando explotó el terrorismo extremo islámico y también la respuesta a eso, cuando se generaron aquellas cárceles clandestinas y la cárcel de Guantánamo. Bueno, en la Asamblea de Naciones Unidas fue una voz en el desierto. Allí lo conocí porque iba como relator y trabajamos juntos. Tuve el honor de acompañar las peticiones que él hacía. Luego, vino a Uruguay y fue muy fuerte el informe que hizo. Y con él discutimos mucho el concepto: «¿Por qué tortura?». Porque, como recién decía, la tortura tiene una intencionalidad. Es algo que pasa porque alguien hace que eso pase, hay una voluntad, una volición: «A usted no le doy un colchón, no le doy otro baño porque no quiero, porque lo quiero castigar. Así que va a esta celda y yo lo castigo». Ahora, cuando los déficits son estructurales, es un poco más complicado. Muchas veces nos pasa que estamos ante muy buenos funcionarios, apegados a las normas, comprometidos, sensibles, empáticos, que están administrando una cárcel con enormes carencias estructurales. Y cuando digo «funcionarios», obviamente, me refiero a los que prestan primera atención, pero de un ministro, de un jerarca, de un director que recibe una institución con carencias estructurales de muy larga data sería un despropósito decir que bajo su gestión se configura tortura. Por supuesto que en esas penumbras esas situaciones pueden a veces ser usadas por algún mal funcionario para dirigir determinados lugares con la intención de castigar, lo cual a veces cuesta detectar.
En fin; este documento, «Cárcel, dignidad y derechos humanos», aporta una doctrina sobre el trato cruel, inhumano o degradante. Hay muy poca doctrina sobre eso. Vamos a seguir trabajando sobre esto; espero a fin de año presentar el segundo libro como este del que por ahora solo tengo el título, «El Derecho al Tratamiento». Básicamente, la conclusión a la que llegamos con este trabajo es que cuando no hay tratamiento en una cárcel, hay trato cruel, inhumano y degradante, porque la persona va hacia atrás; el ser humano no es un producto alimenticio que se coloca en un congelador y cuando lo descongelamos está igual que antes de ser congelado. Si no se trabaja en la persona que no tiene libertad, empeora.
El tratamiento son dos cosas: tratamiento en un sentido general, de acceso a los derechos, de acceso a la educación, a la cultura, al deporte, a la comunicación, a la familia, etcétera, y tratamiento en sentido específico, tratamiento médico, a la adicción, de salud mental. Ese conjunto está reflejado en las Reglas Mandela, la normativa internacional y, sobre todo, en las sentencias, resoluciones y guías de una cantidad de organismos como Amnistía Internacional, la Organización Mundial de Derecho contra la Tortura, los comités de Naciones Unidas, etcétera.
Esto con respecto a las cuestiones generales que vamos a estar trabajando en la oficina. Como decía, la oficina está organizada en brigadas, el trabajo se concentra mucho en el área metropolitana.
Hemos empezado a desarrollar -en parte surgió a raíz de la pandemia- una modalidad de trabajo que nos tiene muy contentos y que constituye una buena noticia. Se empezaron a conformar grupos de internos -lo comenzamos a hacer en la pandemia-, que tenían reuniones con nosotros y, por ejemplo, les dábamos planillas para que nos ayudaran a hacer el seguimiento del stock de alcohol en gel, de tapabocas, para que vieran si había llegado el hipoclorito, si había colchones, si se había tenido contacto con los médicos, etcétera. Tuvimos experiencias similares; una de ellas muy interesante, en la Unidad 1, en el año 2019. Fue un ciclo de ocho talleres, muy interesante. Esa unidad tuvo varios problemas. Hubo dos muertes, de muchachos jóvenes, a causa de peleas por temas totalmente superfluos. Los internos nos llamaron y nos plantearon qué se podía hacer. En ese momento yo les dije: «Bueno, podemos hacer dos cosas. La primera, hablar de lo que pasó y, la segunda, conversar y ver cómo proteger la vida» Eso en el sector donde se produjeron las dos muertes. Fue resultado del impulso de dos internos. Hicimos una reunión. Bueno, la cárcel es igual que afuera, pero más presionado y más duro.
Eso fue en la Unidad 1 de Punta Rieles. Es como el fútbol, como jugar en Bolivia o jugar acá, en el llano: es el mismo deporte, son las mismas reglas, pero en la altura es diferente. Es lo mismo, pero diferente. Todo es más difícil y complejo. En la cárcel no se habla de las cuestiones afectivas. Incluso, había un interno, que era muy sensible, que hizo un grafiti en su celda que decía: «Acá se puede llorar». Ese interno, al tiempo, fue el que nos llamó por esas situaciones e hicimos una serie de talleres. Se habían dado una serie de problemas con la Guardia Republicana; se habían dado represiones totalmente desproporcionadas de su parte. Inclusive, por dos de ellas presentamos denuncias en la Fiscalía. Una de ellas fue un disparo, totalmente sin sentido, a un muchacho que estaba asomado a la ventana, quien perdió el sentido de la vista en un ojo. Presentamos la denuncia penal. No se pudo identificar al autor, porque había dos o tres funcionarios. Se acaba de archivar ese caso. Nosotros estamos viendo si existe posibilidad jurídica de apelar esa clausura, porque nos parece que correspondía otro tipo de procedimiento.
En ese clima complejo, de tensiones con la Republicana, de peleas internas entre ellos, hicimos una reunión con todo el módulo; eran unos ochenta muchachos. Ellos hablaron y se hizo un pequeño homenaje a los que habían fallecido. Fue muy, muy emotivo; tremendamente emotivo.
Nosotros somos una oficina externa, no somos los responsables del lugar. A partir de ese momento se hicieron unos talleres por el malestar con la Republicana. Tan bueno fue el resultado obtenido que luego se hizo una reunión con el jefe de la Republicana y veinticinco internos, delegados de todos los módulos, para hablar de la represión, de los excesos, de las malas interpretaciones, del rol de cada figura, etcétera.
Eso fue en 2019.
Había muchas quejas por el funcionamiento de la unidad. Hubo reuniones con el director, con la directora del INR, con el área de salud. Fue una experiencia muy positiva. Habíamos hecho otras, más puntuales, pero quedamos muy embalados con esa.
Después vino lo del covid; básicamente, las reuniones eran con los delegados. Ahora, las vamos a hacer, no con los delegados, aunque con ellos nos vamos a seguir reuniendo, sino que vamos a convocar a un ámbito más educativo que reivindicativo con los promotores, por más que también habrá reivindicaciones y planteos. Para eso también estamos buscando dar una señal institucional de acuerdos y de centrarse en que es el trabajo por derechos humanos. Aunque no lo hemos formalizado tenemos acuerdos con instituciones externas, con las cuales ya nos reunimos varias veces. Hemos elaborado un documento de trabajo. Calculo que en un par de semanas estaremos instalando los primeros grupos, que van a ser los módulos 10 y 11 del Comcar, Canelones, Unidad 1, y tenemos mujeres y Maldonado. Veremos cómo es el cronograma.
Hemos dialogado con la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, por un lado y, por otro, con la Fundación Zelmar Michelini, una institución de la sociedad civil que, para todos los que trabajamos en el Parlamento, tiene una reminiscencia y un simbolismo muy importantes, gestionada por la familia del exsenador Zelmar Michelini, asesinado por la dictadura en Argentina. Son dos contrapartes distintas: la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia y la fundación Zelmar Michelini. A ambas partes les pareció interesantísima esa mezcla de un actor público y de otro, de la sociedad civil. Esperamos seguir sumando otros actores, de a poco, porque hay que ir conformando y avanzando de a poco en estos talleres. Probablemente, también se incorporen la Facultad de Derecho -con la que ya tenemos una vieja asociación-, la Clínica de Litigio Estratégico y el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, con estudiantes, además de los grupos de voluntarios que tenemos acá. Es algo que nos tiene muy ilusionados. Ha sido muy positivo. Va a ser un ciclo de talleres, entre seis y ocho sesiones. Se va a dar un certificado.
Hemos solicitado al INR -todavía no tuvimos respuesta- que las personas que acrediten un curso de promoción de derechos humanos puedan trabajar en la cárcel, como promotores de derechos humanos, y que se sumen aquellos que tienen comisión de todo tipo, de limpieza, etcétera. Son cosas que no se saben, pero las cárceles se mantienen en pie, en buena medida, porque los presos -este es otro gran tema y no da para hoy, por la agenda; perdónenme; ya termino- pintan, limpias cloacas, arreglan celdas, ponen rejas, cocinan, trasladan a los heridos, cultivan, arreglan la eléctrica. Hace unos meses, se rompió la bomba de agua del Comcar, un viernes de tarde, y no había quién la arreglara. Estuvieron hasta las cuatro de la mañana un funcionario y tres internos, con el agua a la cintura, tratando de arreglarla. Muchísimas veces, sin implementos, sin peculio, sin salario, sin una certificación laboral, etcétera. Bueno, queremos que los promotores de derechos humanos puedan ser incorporados. Estas son las líneas más generales.
Nosotros seguimos haciendo las recorridas -como les decía- con menor frecuencia. No estamos en nuestro promedio habitual, que era de sesenta a ochentas visitas al mes. Estamos haciendo entre veinte y veinticinco visitas por mes. Esperamos ir incrementándolas de a poco, en la medida en que haya más vacunación en la cárcel. Ojalá -quiera Dios, la ciencia, la medicina, la naturaleza- que el virus tienda a la baja.
El Covid, la vacunación, la situación actual, es otro gran capítulo.
La vacunación ha sido ejemplo de una muy buena práctica. Ha sido muy notable.
El Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad de ASSE, es decir, el área de ASSE que se encarga de la salud en las cárceles, maneja solamente el 65%. Un viejo reclamo nuestro es que ASSE cubra todas las cárceles. Estamos dialogando con ASSE y le hemos mandado varias notas sobre el punto. Es de esperar que la prioridad del covid debe pasar un poco, pero nos parece muy importante que ASSE cubra todo el sistema.
Antes de que estallara la pandemia, en febrero de 2019, estábamos dialogando con ASSE, por ese virus que había aparecido en China y nos preocupaba. Obviamente, no éramos visionarios, pero nos parecía que iba a ser como un sarampión más complejo. Como un poco antes hubo un pequeño brote de sarampión y vimos que en las cárceles no había lugar donde aislar a la gente que lo tenía -inclusive, es muy complejo aislar a quienes tienen tuberculosis-, nos dijimos: «Acá se va a venir un problema grande». Cuando estalló la pandemia, SAI- PPL de ASSE ya tenía el protocolo pronto. En las primeras reuniones que hubo en Salud Pública, SAI- PPL ya tenía el protocolo pronto. Se enfrentó muy bien la pandemia, con mucha flexibilidad por parte del Ministerio del Interior y del INR, que es quien administra. Se dialogó mucho con las familias, con los internos, con los delegados. Hubo una actitud de los privados de libertad y de sus familias que, realmente, hay que destacar. Todos conocemos muchísimos amigos, cercanos, o vemos personas de buena condición económica y educativa que incumplen las normas, que se las saltean, que no creen que sean necesarias o no creen en ellas. Reitero que esto es un día a día, pero en el sistema carcelario los internos asumieron y aceptaron cuando se cortaron o restringieron las visitas o se establecieron medidas de control, etcétera, porque había virus,
Enseguida que llegaron las vacunas, yo hice una averiguación y tuve una muy grata sorpresa. Hablé con el subsecretario de Salud Pública y me dijo: «Quédese tranquilo que lo tenemos presente; van a ser una de las prioridades». Igual, yo envié una nota; me la contestaron y reafirmaron, formalmente, que iba a ser una prioridad. La vacunación ha sido excelente. Creo que un 92 % ya tiene la segunda dosis.
Hay un seguimiento muy importante. Todos los lunes hay reunión con representantes de varias reparticiones de Salud Pública. Se hace seguimiento, por ejemplo, a los que les falta vacuna o a los liberados. Asimismo, se descubren nuevas áreas a atender: por ejemplo, personas que salen liberadas, con una sola dosis, o personas que ingresan sin vacunar a una cárcel en la que está todo el mundo vacunado, o el área de las medidas alternativas, que no estaba en el mapa del sistema carcelario. En esas reuniones también participamos nosotros.
Sin dudas, la vacunación en el sistema carcelario ha sido muy buena. Argentina, por ejemplo, no ha vacunado en el sistema carcelario. No sé en Brasil; tengo serias dudas de que lo hayan hecho. En algunos Estados de Estados Unidos llegaron a hacer juicios para que algunos internos pudieran ser vacunados. Es verdad que en otros países hubo medidas judiciales de deshacinamiento cuando el virus comenzó a entrar a las cárceles; Uruguay no las tuvo el año pasado, porque el virus no llegó con la fuerza que tiene ahora.
La respuesta es que hubo una muy buena práctica.
Con respecto a la situación del sistema, un dato importante es que el número de presos sigue creciendo. Hay casi 13.700 presos. Tenemos una proyección que apunta a que, de seguir este ritmo, estaríamos llegando a 19.300 presos al final de este Período. Ya tenemos un hacinamiento muy grande. Parece razonable pensar que el país no puede construir; no debe hacerlo. Yo creo que no debería hacerlo, porque ya tenemos un índice de prisionización, una cantidad de presos cada cien mil habitantes, muy por encima del promedio de América Latina y de los más altos del mundo; estamos entre los veinticinco países del mundo con más población privada de libertad. Algo ocurre en nuestras políticas sociales que la privación de libertad termina siendo una respuesta muy habitual.
Ese crecimiento de la población carcelaria merece una reflexión de fondo. Habría que ver qué medidas de otro tipo se podrían tomar para evitar esa congestión. Hay muchas personas que por delitos leves terminan en la cárcel. Hay muchos que por estupefacientes terminan en la cárcel. Estoy hablando de delitos leves, como suministro de pequeñas dosis. Puedo poner como ejemplo una muchacha que ingresa un poco de sustancia al novio que está en la cárcel. O también algunas modalidades de hurto. Hay un estudio del Instituto Nacional de Rehabilitación que establece que 25 % de los internos son de muy bajo riesgo, por lo cual podrían funcionar en régimen de medidas alternativas. Quizás haya que pensar en algunos mecanismos. Así como quien incumple una medida alternativa va a la cárcel, se podría buscar algún sistema para que aquellos que progresan y tienen buen comportamiento en la cárcel pudieran ganar puntos -para lo que se requiere un sistema programático fuerte- y puedan postularse para un sistema de medidas alternativas.
Por lo tanto, pensamos que hay que desarrollar el sistema de medidas alternativas, fortalecer la intervención de los programas de salud mental y de adicciones, y fortalecer la intervención técnica en el sistema. Lo que podemos hacer frente a la alta reincidencia que tenemos es tratar de bajarla con trabajo técnico. No es fácil bajar la reincidencia. No solo es un tema de que haya aulas y técnicos. El delito es un fenómeno muy duro, en muchos casos. Es muy duro comprobar, a veces, cómo ocurre la reincidencia.
Los países nórdicos tienen 20 % de reincidencia; no es menor. De todos modos, es un dato muy frío. Una persona comete un delito grave y va a la cárcel; cuatro meses después de que sale comete un pequeño hurto; bueno, se computa como reincidencia. A veces, el mecanismo de filtraje lo que hace es bajar la violencia. Si logramos que una persona que cometió una rapiña agravada, un copamiento, infligió lesiones personales, luego cometa un pequeño hurto, no es que esté bien, pero no es lo mismo que reincida con delitos más graves. La intervención técnica permite mejorar la capacidad de rehabilitación del sistema y la conexión con el afuera del sistema.
Nosotros seguimos monitoreando las cárceles. Tenemos un intercambio constante, obviamente, con el Ministerio del Interior, con el Instituto Nacional de Rehabilitación y las unidades carcelarias. También trabajamos con el Mides y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hay una serie de iniciativas que están en la vuelta. La gran mayoría de ellas no son nuestras. Están ocurriendo algunas cosas positivas. En esa emergencia que hubo se tomaron varias medidas interesantes. Creo que hay una continuidad de cosas que se hicieron antes en la Reforma Penitenciaria. El gobierno anterior la llamó Reforma Penitenciaria, el actual, Plan de Dignidad Carcelaria; creo que son líneas que se continúan. Por ejemplo, podemos mencionar la creación del preegreso en el Comcar, la colocación de camas en muchos módulos, el aumento de actividades productivas. En el Comcar se inauguró un polo educativo que se había empezado en la anterior administración y se terminó en esta. Son pequeñas acciones puntuales, muy, muy importantes, y algunas muy trascendentes. Escuché que hay un proyecto de ley para que los internos puedan vender lo que producen.
Decimos que está faltando un ámbito en el cual se pueda crear un plan estratégico para el sistema penitenciario. En la ley de urgencia hay un artículo -votado por todos los sectores, si no me equivoco- que establece un Consejo de política criminal. Es un ámbito donde representantes de los tres Poderes del Estado puedan dialogar y diseñar sobre líneas de trabajo en política pública para el área penitenciaria y la política criminal. Cuando se discutió en comisión ese artículo incluido en la Ley de Urgente Consideración, yo llevé un informe, planteé algunas observaciones en la conformación. Me parecía que debía haber una presencia más amplia de actores. Aun con la redacción final que tuvo, si eso funcionara, la obligación que tiene el INR es hacer una estrategia nacional penitenciaria; pueden ser ámbitos interesantes de discusión y de planteamiento.
No los quiero agotar con tanta información. Con mucho gusto puedo venir a otra convocatoria y, por supuesto, estoy a disposición para responder a las preguntas de ustedes.
